Fernando Castillo, el magistrado tranquilo de la Sala IV, también ve una “estrategia” en ataques del Gobierno

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Álvaro Murillo

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Ha pasado una semana desde la sentencia de la Sala Constitucional para restituir la disponibilidad de magistrados suplentes que el chavismo no ha querido nombrar y seis días desde la airada reacción de Laura Fernández que llegó a calificar ese fallo como un “golpe de Estado”, como si los magistrados ahora ejercieran el control del país. El lunes incluso el oficialismo presentó acusaciones contra los cuatro magistrados “golpistas”, entre quienes no está Fernando Castillo porque su posición fue otra y fue parte de la minoría.

Sin embargo, Castillo como presidente de la Sala Constitucional sale en defensa de este órgano y de la necesidad de acatamiento de sus sentencias. A su manera, evitando señalamientos fuertes contra el Ejecutivo y declarándose reacio a “los excesos”, no deja de apuntar contra la ofensiva del Poder Ejecutivo y el momento complicado al que somete al Poder Judicial.

¿Cuál es la lectura que hace usted de este nuevo episodio entre los poderes Judicial y Ejecutivo?

—Creo que las aguas están volviendo a su nivel. Lógicamente hubo una reacción ante la sentencia de la Sala y se dio toda una discusión a favor y en contra. Este es un típico caso de las sentencias que dividen a la opinión pública, pero creo que las aguas están volviendo a su nivel y habrá que esperar la redacción de la sentencia completa.

Don Fernando, usted lo pone como que hubo división en el ambiente, pero en la realidad es que una de las partes se niega a acatar una sentencia constitucional. ¿Qué opina de esa reacción tan fuerte que tuvo el Poder Ejecutivo hasta llegar a calificar a magistrados como “golpistas”?

—A mí me parece que quedó como una especie de confusión de los términos. Lógicamente, si uno hace un registro histórico de los 6 mil años de civilización, pues no encontrará ningún caso donde un Poder Judicial haya provocado un golpe de Estado. La Sala más bien está llamada a restablecer el orden constitucional cuando hay una violación al orden. Aquí han equivocado los términos.

Y hubo el mensaje de no acatar las sentencias…

—Bueno, uno puede discrepar de una sentencia o criticarla, puede decir muchas cosas, es lo normal en un sistema democrático, pero no es normal que no se acate porque es la base de la convivencia de una sociedad.

Usted dice que se equivocaron los términos, pero eso podría decirse de alguien que se equivoca queriendo acertar. ¿No es esto algo más grave?

—Los términos están fuera de toda lógica. Eso está claro. Lógicamente aquí no hay un rompimiento del orden constitucional, los poderes legítimamente electos siguen estando y ejerciendo sus respectivas funciones.

Dice usted también que las aguas están volviendo a su nivel. ¿Es posible volver al punto en donde estábamos hace una semana, que ya era de por sí tenso, como si nadie hubiera acusado de “golpe de Estado” a la Sala Constitucional? Parece que ya cambió el terreno.

—No, no, ya lo que se dijo se dijo y lo que pasó pasó, pero lo que yo creo es que el país no puede seguir de manera infinita con el tema. Lo que siento es que ya el lenguaje se ha moderado un poco, lo cual no significa que la gente esté conforme con lo que se hizo.

Usted dijo a diputados que es a los diputados a quienes corresponde nombrar magistrados suplentes ¿Se refería a los nombramientos en condiciones normales o a la situación actual en la que se dio prórroga a los magistrados cuyo nombramiento venció en diciembre?

—Nosotros los siete magistrados y magistradas estamos clarísimos de que quien tiene la competencia exclusiva y excluyente del nombramiento de los magistrados suplentes y propietarios es el Parlamento. En eso estamos coincidiendo y coincidimos los siete. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que la mayoría dicta una medida extraordinaria y excepcional, una medida extraordinaria que consiste en prorrogarle a los magistrados suplentes que venían fungiendo como tales.

¿Se considera un magistrado conservador?

—Bueno, hay magistrados que tienden a convertir el tribunal constitucional en un factor de cambio social, sin esperar que el Ejecutivo y el Legislativo hagan los grandes cambios, pero para mí las grandes decisiones políticas que vienen a provocar cambios sociales, económicos, culturales o antropológicos tienen que tomarse en órganos plurales como Cuesta de Moras y no el barrio donde estamos nosotros (González Lahmann).

Es una tesis que yo he mantenido desde que llegué: en un órgano plural se pueden escuchar a todos y todo mundo puede expresar sus grandes posiciones. Un órgano tan pequeño como la Sala Constitucional, con una legitimidad democrática de segundo grado indirecta, me parece que eso debe tener una especie de autocontención, de decir “no”, eso corresponde a las otras ramas del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo. Para algunas personas, esta posición mía es una posición conservadora

¿Usted ve en el oficialismo disposición a escuchar las explicaciones que puedan dar ustedes en esa sentencia cuando se emita completa considerando que hay personas que conocen bien la Sala como don José Miguel Villalobos y doña Marta Esquivel?

—Habría que esperar y dejarlos que conozcan el fallo, no solamente a ellos, sino a toda la opinión pública. Supongo que está esperando con muchas ansias la redacción, tanto de la mayoría como de los votos salvados. Obviamente se emitió primero el “por tanto” porque emitimos casi 40.000 sentencias y no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero aquí lo que dice la lógica es, bueno, hay que esperar que la sentencia esté redactada para leerla, analizarla y discutirla porque tenemos aquí una sentencia muy polémica. Puede haber términos muy duros, pero ojalá no haya excesos. Por mi forma de ser no me gustan los excesos. Ahora, aquí lo importante es el acatamiento de la sentencia, eso es lo más importante.

Más allá de la sentencia, por el momento y el entorno, ¿cómo describe la situación actual del Poder Ejecutivo frente al Judicial?

—Bueno, para nada es un secreto que los ataques hacia el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo se han intensificado en los últimos días. Esos son los hechos constatables y no es inocente, es parte de una estrategia. Me parece que a veces los medios de comunicación son injustos porque dicen “conflicto entre poderes”, pero el Poder Judicial no está atacando al Poder Ejecutivo, es a la inversa. Somos víctimas de constantes ataques, es una realidad y lógicamente esta sentencia hace que los ataques sean fuertes contra la Sala Constitucional como parte de la institucionalidad de un Estado de derecho.

¿Siente apoyo de la población al trabajo que hace la Sala?

—Bueno, para no ser tan subjetivo me gustaría más bien esperar la encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR), me parece que es una medición más objetiva, más científica, porque a veces uno puede tener una percepción muy personal. Yo esperaría que la Sala salga bien evaluada, una calificación que tenga una buena aceptación en la ciudadanía, que tenga una legitimidad social importante.

En este momento, mientras usted y yo hablamos, cientos de personas, van a una manifestación contra las presiones a la independencia judicial o contra el sistema democrático. ¿Cómo lo explica?

—Quisiera que fueran los 5 millones de costarricenses los que estuvieran ahí apoyando al Poder Judicial, porque no hay democracia sin Parlamento, no hay Parlamento sin oposición y tampoco puede existir una democracia sin un Poder Judicial independiente e imparcial. Si la ciudadanía reclama que es necesario que exista un Poder Judicial independiente e imparcial, a mí me parece que eso es sumamente positivo para la salud democrática de la nación.

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