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Álvaro Murillo
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En seguimiento a sus críticas y molestia del manejo judicial tras la captura de alias ‘Diablo’, la presidenta Laura Fernández y su guía, el ministro de la Presidencia Rodrigo Chaves, dijeron este miércoles que pedirán a diputados oficialistas convocar a comparecer a la cúpula del Poder Judicial para que aclare supuestas dudas sobre ese operativo realizado el viernes en Sarapiquí.
“Don Rodrigo, yo creo que ya va siendo hora que usted, como ministro de la Presidencia, le pida a la fracción oficialista de 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, que llamen a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a la cúpula del Poder”, dijo Fernández sin saber q que más bien el martes fue desconvocado el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, la magistrada Patricia Solano y el fiscal, Carlo Díaz.
Las tres autoridades debían asistir a cumplir con el llamado hecho por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dominada por diputados oficialistas, pero el martes a las 2:44 p.m. esa misma comisión les pidió que no fuera, sin darle motivos. “Le escribo para comunicarle que la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico programada para mañana, miércoles 29 de julio, ha sido cancelada”, dice un correo enviado por Gabriela Ríos, funcionaria del Área de Comisiones Legislativas, a Aguirre.
Después, sin que pasaran 20 horas, Fernández dijo lo de pedir cuentas a la cúpula judicial durante la transmisión de informaciones gubernamentales de cada miércoles al mediodía.
Según ella, se requieren explicaciones por el operativo que permitió detener Alejandro Arias Monge, alias «Diablo», y Jonathan Pérez Méndez, alias «Tan». A ella la ha secundado Rodrigo Chaves, aunque no ha pronunciado palabra el ministro de Seguridad, Gerald Campos, quien incluso tiene conocimiento de la policía judicial porque trabajó casi 30 años en el OIJ.
Desde el lunes Fernández y Chaves criticaron el operativo, insinuaron que fue obra de casualidad y sembraron dudas sobre la hora temprana en que se trasladó de Arias Monge desde su celda provisional y la sede judicial donde escuchó la orden de prisión preventiva. El martes el fiscal general Carlo Díaz dijo que la razón de ese traslado temprano fue llevarlo a ser cuestionada por representantes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Este miércoles no hubo más alusión a ese punto, pero sí mencionaron otras informaciones que han circulado en redes sociales.
“Yo tengo dudas de ese operativo. Es que, que lo agarraron, que le dieron un balazo, que se murió, que fue una chiripa el operativo, luego que fue un operativo coordinado con la DEA, luego que el muerto no estaba muerto, que andaba de parranda; luego que el balazo, luego que no hubo vela, que no sale muerto en el Registro Civil… Creo que aquí hay más preguntas que respuestas”, dijo Fernández en su usual tono exaltado cuando habla del Poder Judicial.
Esas preguntas pudieron haberse hecho este miércoles temprano si no hubiera sido cancelada la sesión de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, como consta en la página de la Asamblea Legislativa. Ese foro había aprobado una moción para llamar a cuentas a Aguirre, Solano y Díaz “con el propósito de conocer la posición institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público sobre la problemática que enfrenta el sistema de justicia penal en la atención del narcotráfico, la criminalidad organizada, la reincidencia delictiva, la aplicación de medidas cautelares, la ejecución de la pena y la coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana”.
Fernández también basó sus críticas en que el abogado defensor de ‘Diablo’ sea un exfiscal que trabajó 23 años en el Poder Judicial hasta el 2020 y dijo que ordenaba al Poder Judicial una vigilancia fuerte que evite que ‘Diablo’ se fugue o muera, tarea lógica de esa institución.
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