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Álvaro Murillo
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Laura Fernández cumplió esta semana un mes como Presidenta de la República habiendo reconocido con sus actos la inseguridad como mayor prioridad del país, más cercana al nivel crítico que señala la ciudadanía como su principal preocupación y algo distante del supuesto éxito que mostraba al finalizar su gobierno el ahora expresidente Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda.
La promesa de “continuidad”, estelar en la oferta electoral que llevó a Fernández a ganar las elecciones de febrero, muestra algunas excepciones con actos y anuncios hechos por la actual mandataria, pues la seguridad ha dominado su agenda pública en este primer mes. Sin embargo, hasta ahora se trata de medidas efectistas dentro del concepto de “mano dura” que ella ha adoptado en su discurso o de acciones que han ventilado los puntos de desacuerdo con otros poderes de la República e incluso con un diputado referente del oficialismo en materia de seguridad y asuntos jurídicos.
Fernández ha asegurado que las cárceles han sido escenarios de actos criminales, pues desde ahí pueden operar líderes de bandas narcotraficantes que tienen comunicación con el mundo exterior, incluso acceso a teléfonos. Su ministro de Justicia y encargado de las cárceles, Gabriel Aguilar, también afirmó que “ingresaba muchísima droga” hasta que en estas semanas cambiaron las reglas para espacios penitenciarios, aduciendo que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de cambiar los reglamentos.
Ni Fernández ni Aguilar, exjefe de despacho de Rodrigo Chaves y exasesor en gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), han señalado de manera explícita la responsabilidad del gobierno de Chaves en la continuidad de esos problemas ni las potestades que, desde su criterio, había desde 2022 para cambiar las normas desde el Poder Ejecutivo. Esto a pesar de que el ministro de Justicia era Gerald Campos, quien ejerce como ministro de Seguridad desde este 8 de mayo, pues Mario Zamora fue uno de los pocos ministros del gobierno de Chaves que fue relevado al cambiar el cuatrienio. Desde el 14 de mayo UNIVERSIDAD planteó consultas al ministro Campos, pero en cuatro semanas no hubo respuesta.
Fernández insiste en que ahora, con su gobierno, se acabaron las “alcahueterías” en las cárceles, una expresión que se alinea con las posiciones de “mano dura” que exaltó las mandataria desde el día que se colocó la banda presidencial y anunció con grandilocuencia su primer decreto, dirigido al parecer a cambiar la extensión del año carcelario para evitar supuestos beneficios a delincuentes.
Esa fue la primera la primera medida del gobierno Fernández Delgado, acompañada por el mensaje sabido de confrontación con el Poder Judicial, que ya daba señales de otros acontecimientos que marcan los tanteos en el inicio del cuatrienio del gobierno de “continuidad”, excepciones incluidas. Después vendría la insistencia con el uso del polígrafo (como supuesto detector de mentiras) y la propuesta atrevida de impulsar una ley para eliminar la privacidad de las conversaciones de delincuentes o sospechosos con sus abogados defensores, así como las reuniones semanales de autoridades policiales bautizada con el nombre espectacular de “Fuerza élite”.
Decreto año carcelario:
Laura Fernández apenas llevaba unos minutos de haberse colocado la banda presidencial y quiso aplicar aquel consejo viejo de “nunca hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión”, por lo que anunció un decreto que, supuestamente, tendría un fuerte impacto en el cumplimiento de las condenas y, supuestamente, también en el ambiente de inseguridad. “Ya no más alcahueterías de que la cárcel es de 8 meses al año (…), a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales”, dijo Fernández en el Estado Nacional, conscientes de estar captando una alta atención y ante decenas de delegaciones internacionales. Después de críticas de expertos y opositores, el propio ministro Aguilar admitió que no había tal cambio en ese período. “Ese decreto no viene a inventar que el año carcelario tiene 360 días. Eso ya existe”, dijo, señalando que el mérito del decreto es “cerrar portillos” posibles para acortar penas. El decreto mismo, publicado el 14 de mayo en La Gaceta, confirmaba que el plazo de 360 días ya existía. Después casi no se volvió a hablar del tema.
¿Escuchar conversaciones con abogados defensores?
El 26 de mayo, la presidenta dijo que impulsará una reforma legal para permitir la grabación en audio y video de las conversaciones de reos en cárceles de máxima seguridad, incluidas las que tienen con sus abogados. Su intención, dijo, es frenar las actividades delictivas desde prisiones; pero la idea no cayó muy bien entre la gente de leyes, y hasta su asesor ad honorem Fabián Volio se manifestó en contra. “En mi opinión, ni siquiera por ley se podría limitar, porque se trata de la defensa individual y de las discusiones que tiene el abogado con su defendido para diseñar la estrategia de defensa. Esa es una conversación confidencial”, dijo Volio en el programa de radio Nuestra Voz. Este Semanario le pidió el criterio al abogado penalista y abogado oficialista José Miguel Villalobos, quien no expresó apoyo a la propuesta y dio una respuesta susceptible de interpretación: “No voy a emitir ninguna opinión al respecto”.
Polígrafo: de las películas a la política
La palabra “polígrafo” no es del todo nueva en estos tiempos políticos, entendiéndola como el aparato que, supuestamente, sirve para detectar mentiras. Fue parte de la discusión legislativa en el cuatrienio anterior y la utilizó Laura Fernández en la campaña. “Me sometí a un detector de mentiras certificado ante el Gobierno de Estados Unidos”, dijo en televisión como para probar su honestidad como candidata. Después ganó las elecciones y ahora el “polígrafo” pasa a ser parte de la estrategia en seguridad, pues asegura que pretende aplicarlos a las autoridades en materia de Seguridad como una manera de asegurar su probidad, supuestamente. Incluso el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, aseguró que se sometió a la prueba y la mandataria resaltó que también lo hicieron sus ministros de Justicia y Comunicación, además del nuevo director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) —Pablo Martínez, quien se formó como sacerdote y se graduó de abogado a finales de 2025—. Se les preguntó por vínculos con el narcotráfico, filtración de información o actos de corrupción, según dijo Fernández, al asegurar que pasaron la prueba.
Pero hay un problema: la prueba no sirve para asegurar si alguien miente.
Así lo afirma la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés) en artículos en su sitio web: “La mayoría conocemos las pruebas del ‘detector de mentiras’ gracias a la televisión y el cine: las escenas dramáticas de un sospechoso conectado a un polígrafo son un clásico de las series policíacas y de crímenes (…). A pesar de esta omnipresencia, la evidencia científica sugiere que las pruebas del polígrafo no son un método fiable ni válido para detectar el engaño. Incluso, la American Poligraph Association (también APA) indica que la precisión media de las pruebas sobre temas múltiples ronda el 80%, pues lo que capta son reacciones del cuerpo que no siempre coinciden con la verdad o la mentira.
Diputado oficialista: ¿criterio garantista?
El Gobierno impulsa un proyecto de ley para combatir el robo de combustible, una actividad que en ocasiones se asocia al crimen organizado y redes de narcotráfico, pero resultó sorprendente la explícita oposición del diputado oficialista José Miguel Villalobos, conocido abogado penalista y defensor legal del presidente Rodrigo Chaves. En la comisión presidida por su compañera Marta Esquivel, Villalobos expresó posiciones más cercanas al garantismo que a la “mano dura”, pues critica la criminalización de faltas administrativas, advierte de penas “desproporcionadas”, señala posibles inconstitucionalidades y sobre todo rechaza que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pueda tener una unidad policial propia, señalando esa opción como un probable “ornitorrinco jurídico”.
Reuniones (o choques) con otros poderes
Una de las ventanas de acción de Fernández han sido las reuniones con diputados y autoridades del Poder Judicial, pues la mandataria mantiene la línea retórica que traía Rodrigo Chaves de señalar las responsabilidades de los otros poderes. Sin embargo, los resultados principales han sido los desencuentros, como el que se vio en directo en la conferencia de prensa el 18 de mayo, con el presidente de la Corte, Orlando Aguirre y la magistrada Patricia Solano, con visibles puntos de vista diferentes y hasta reproches entre las partes. También hubo choques con los diputados opositores, pues se les prohibió el uso de aparatos de comunicación y la Presidencia adujo que fue por un protocolo de seguridad, pues quieren que haya grabaciones internas como las que hubo cuatro años atrás con la entonces ministra Patricia Navarro.
La entrada Fernández ante la crisis de inseguridad: un mes de tanteos entre efectismo, desconfianza y objeciones aparece primero en Semanario Universidad.
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