Fernández ante EE. UU.: aún sin embajador y abierta a operaciones en tierra contra el narco

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Álvaro Murillo

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Sin haber tomado aún la silla presidencial, Laura Fernández presentó el 5 de mayo a su vicepresidente segundo, Douglas Soto, como su embajador en la que quizás sea la capital más importante para la política exterior costarricense en la actualidad: Washington.

La designación resulta inédita por ser Soto parte de la fórmula presidencial electa con voto popular, un rango inusual para los usos diplomáticos y para el registro de Estados Unidos, que por regla debe aceptar o no ese nombramiento.

Sin embargo, pasó el traspaso de poderes, el primer mes de gobierno, el segundo, los 100 días y nada del beneplácito. Casi se cumplen 4 meses desde la designación y Washington nada que responde, a pesar de que ha sido más expedito en el pasado o con otros gobiernos. Por ejemplo, la colombiana María Consuelo Araújo recibió el beneplácito 10 días después de que comenzó el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Consultada por este atraso, Laura Fernández dijo que no hay ningún motivo preocupante para ella. “Me indican que está en trámite. Ha habido que entregar alguna información adicional para que el gobierno de los Estados Unidos comprenda que el rol que él va a desempeñar es el de embajador. Obviamente no va a ir más allá de vicepresidente (…). Pero lo que me ha dicho el canciller es que estamos dentro del tiempo normal y que esperamos pronto recibir el beneplácito”.

En este tiempo se le ha visto a Soto en actos protocolarios, sin que se conozcan tareas específicas.

¿Presencia militar en territorio tico?

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el 17 de agosto que su país planea realizar operaciones militares en tierra contra presuntos grupos narcotraficantes o terroristas, en territorio de los países aliados en el continente.

Siendo Costa Rica parte de la alianza lanzada en febrero y llamada “Escudo de las Américas”, se le preguntó a Laura Fernández si estaría dispuesta a abrir las puertas a operaciones de ese tipo, similares a las que Estados Unidos ya ha ejecutado en los mares contra lanchas presuntamente pertenecientes a narcotraficantes.

“Yo vería con muy buenos ojos si en la Asamblea Legislativa, que es el sitio para discutir estos temas, se llegara a llevar adelante un análisis de forma tal de que podamos aprovechar mejor la persecución de objetivos comunes de crimen transnacional”, dijo la mandataria.

“En nuestro país, tristemente, están operando algunos líderes de cárteles de la droga de países vecinos, donde también son un objetivo de inteligencia policial del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, para ese tipo de casos comunes, yo sí creo que valdría muchísimo la pena una revisión”, añadió antes de advertir un asunto delicado: el respeto a la soberanía nacional, a tratados internacionales y a la propia Constitución Política.

Costa Rica desde hace años autoriza operaciones militares estadounidenses con propósitos antidrogas, mediante los patrullajes marítimos, pero ahora surgen intenciones más fuertes ante el recrudecimiento del tráfico de drogas y las posiciones políticas de Washington en alianza con sus socios de la región.

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