D
Daniela Muñoz Solano
Guest
Decenas de organizaciones y más de un centenar de activistas remitieron una carta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa pidiéndoles en abrir un debate y realizar reformas al reglamento legislativo que impidan que nuevos casos de acoso queden impunes, luego de que se archivara sin conclusión la investigación contra Fabricio Alvarado.
En un comunicado abierto, las organizaciones , colectivas y activistas independientes afirmaron no poder guardar silencio ante el hecho de que el primer poder de la República “le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva”.
Con ese reclamo, las personas activistas se refieren al caso que se tramitó bajo el expediente 25,400 que fue archivado por la presidenta legislativa Yara Jiménez, el pasado 14 de mayo.
La investigación versó sobre las acusaciones de la exdiputada y asesora legislativa Marulín Azofeifa contra legislador de Nueva República, Fabricio Alvarado, por actuaciones que podrían penalizarse como acoso o incluso abuso sexual.
La misiva reconoce la valentía de Azofeifa al activar por primera vez en la historia los mecanismos institucionales para interponer una denuncia contra un diputado. “Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia”, indicaron.
También señalaron que en Costa Rica el acoso sexual es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta a las mujeres en distintas áreas: la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, y derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.
“El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico”, reza la misiva.
Las activistas aseguran que en el caso en cuestión han privado “el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura”.
El haber permitido el archivo del expediente de investigación del caso, dicen, implicó no solo dejar de lado la vida y el bienestar de la víctima sino también la responsabilidad moral que se espera de las y los legisladores.
“¿De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa?”, increpa el documento.
Las firmantes de la carta además aseguran que el argumento de que “para eso está el Poder Judicial” se ha usado exclusivamente para no asumir la responsabilidad de aplicar una sanción ético-política, que es distinta a la que podrían eventualmente imponer, por delitos de acoso, violencia y abuso sexual los tribunales de justicia “Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes”.
Según afirman al no haber sometido a votación los informes y más bien haber archivado el expediente, la Asamblea incumplió con el objetivo dispuesto en su reglamento sobre el hostigamiento sexual y el resultado fue la impunidad a favor de un diputado de la República.
“La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo”, recordaron.
Por todo lo anterior, las organizaciones y activistas pidieron a las diputaciones asumir un compromiso para garantizar el derecho de las mujeres a denunciar acoso sexual en la Asamblea Legislativa: la apertura de un debate reglado sobre el expediente sobre los procedimientos y obligaciones del congreso en torno a este flagelo; garantizar que todas las etapas de los procedimientos de investigación se realicen de conformidad con los estándares de Derechos Humanos; y fortalecer las medidas de protección y no revictimización para futuras denunciantes.
La entrada Feministas piden reformas al reglamento legislativo que eviten que casos de acoso queden impunes, luego de archivo de denuncia contra Fabricio Alvarado aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...