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Maria Nuñez Chacón
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“Quitarles la exoneración a los emperifollados (término coloquial para referirse a la gente de clase alta)”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al anunciar su nuevo paquete tributario en el que pretende aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) de productos de la canasta básica tributaria, pasando de un 1% al 13%. Pero lo que esconde ese discurso es que, en realidad, quienes pagarán con una baja en su calidad de vida serán los ciudadanos de los niveles más pobres y de clase media.
Así lo confirmó un análisis desarrollado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), en el cual le da forma y contexto al impacto que tendrá esta medida fiscal que valora el gobierno de Laura Fernández, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país, que, por cierto, era catalogada como “muy buena” antes de terminar la anterior administración a cargo del hoy ministro Rodrigo Chaves.
El jerarca aseguró que la población de más bajos ingresos solo tendría que enseñar la cédula a la hora de comprar los productos para que les rebajen el monto correspondiente a este porcentaje, porque de alguna forma los comercios tendrán acceso al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), donde se muestra la gente que está en los quintiles más bajos de ingreso del país —la población más pobre—.
El aumento en el IVA sobre la canasta básica tributaria haría que la recaudación por este concepto pase de ₡42.065 millones a ₡546.841 millones, pero a un precio muy elevado para la población más vulnerable. (Foto: diseño Luis Arias)
Incluso logrando poner en marcha este plan de “IVA personalizado” para devolver a las personas de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis del Cinpe-UNA contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.
En primera instancia, indicó Vargas, ese aumento en el IVA sobre la canasta básica tributaria haría que la recaudación por este concepto pase de ₡42.065 millones a ₡546.841 millones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).
“Suena bien en principio, pero incluso aplicando la devolución a los más pobres, hay una fuga de información de al menos un 50% de las personas que son pobres, por lo tanto se golpearía a los hogares que corresponden a los niveles de ingresos del segundo y tercer quintil (correspondientes a familias con ingresos bajos y medios), donde claramente está la clase media baja y la clase media, impulsando un esquema distributivo muy regresivo, porque se trata de un impuesto a los bienes y servicios, no a las personas”, detalló el experto.
La población más pobre, ubicada en el primer quintil, recibe un ingreso promedio mensual de ₡321.351, el cambio implicaría un 6,7% de los ingresos percibidos que deberán dedicar a la compra de la canasta básica. Para el segundo grupo más pobre (quintil 2) y con un ingreso promedio de ₡604.749, el efecto rondaría entre un 4% y un 5%.
Para los otros tres grupos de ingresos de la población, (quintiles 3, 4 y 5) los efectos se percibirían en menor medida de aplicarse el ajuste del IVA. Mientras que, para el tercer grupo, que es clase media sería entre un 2,5% y un 3,5%; los del cuarto grupo de 1,5% a 2% y los del quinto sería únicamente de 0,6% a 1%.
“A diferencia del primer grupo, que usa casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el más adinerado (o “ticos con corona”, como dice el ministro Chaves), que percibe un ingreso promedio mensual de ₡2.675.743, utiliza solo un 9,9% de ese monto a la adquisición de estos productos”, destacó el investigador.
Este análisis de gastos se realizó utilizando los productos de mayor ponderación en el gasto de los dos primeros quintiles, según la estructura de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), que son el arroz, los frijoles, el pan y las harinas, los huevos, las carnes de pollo, res y cerdo, los lácteos (leche, queso, natilla) y el atún.
Cuando se analiza el gasto de las familias más pobres (primero y segundo quintil), emplean 44,1% y 28,8% de sus ingresos, respectivamente, dándole otra dimensión al impacto que generaría el incremento del IVA.
“Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indicó Vargas.
Ahora bien, el beneficio que generaría este nuevo ingreso sería del 1% del PIB, si no se hace nada con el servicio de la deuda pública, con el paso de dos años, esos recursos se fugarían en el pago de los elevados intereses y quedaría únicamente un 0,6% de ganancia.
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