Familias de mujeres víctimas y feministas advierten a diputados graves riesgos en reforma a ley de reparación para sobrevivientes de femicidio

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Daniela Muñoz Solano

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El Colectivo de Familias Sobreviviendo al Femicidio, la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones feministas, emitieron un comunicado advirtiendo a la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa los graves riesgos que presenta el expediente 24.303, que pretende reformar la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio.

De acuerdo con las organizaciones el proyecto podría retroceder en los derechos de las familias sobrevivientes y tener vicios de inconstitucionalidad, además de profundizar el abandono estatal que ya viven las personas que sobreviven a una mujer víctima de femicidio.

En el comunicado, las familias y las activistas recordaron que el país se enfrenta una compleja situación en el que los femicidios se han disparado como nunca antes, con 36 casos registrados en 2025 y 28 muertes violentas de mujeres aún en investigación. Así solo el año pasado las mujeres víctimas de femicidio dejaron atrás 44 sobrevivientes, muchos de ellos, hijos e hijas menores de edad. En lo que lleva de transcurrido este años, ya se reportan ocho homicidios, una cifra que supera los seis del año pasado en este mismo periodo.

Es justo para esos sobrevivientes que se generó la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, reconociendo que tienen mayores riesgos de pobreza, exclusión social, traumas psicológicos y otras afectaciones psicosociales.

Luego de que esa ley se aprobara en abril del 2022, se hicieron evidentes vacíos que dificultaban su puesta en ejecución, por lo que tanto las familias como los colectivos de mujeres se acercaron a la asamblea legislativa para presentar una propuesta de reforma.

Dicha reforma no solamente no ha avanzado en la Comisión de la Mujer, sino que de acuerdo con la denuncia de las familias y las activistas ahora se encuentra en la agenda de la comisión un texto que plantea reformas “que no solo no respetan el trabajo colectivo ni los criterios de las organizaciones que representamos a la población directamente afectada, sino que atentan de manera directa contra esta ley con grandes posibilidades de hacerla más inviable aún”. Con eso se refieren al proyecto 24.303, que ha contado con el apoyo de distintas fracciones legislativas.

El comunicado advierte que la aprobación de esa reforma agravaría la situación actual que viven las familias sobrevivientes de femicidio, que de acuerdo con un reciente estudio del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, ya es compleja pues ninguna familia se ha beneficiado del Fondo de Reparación, no han tenido acceso prioritario a los servicios establecidos en la ley, y más bien han recibido humillaciones y tratos crueles e inhumanos en distintas instituciones.

Entre las reformas propuestas que se consideran regresivas desde el punto de vista de Derechos Humanos, las activistas señalaron primeramente que se agrega como beneficiarios a una población previamente no incluida (mujeres sobrevivientes de tentativas y sus familiares), disparando la cantidad de personas a las que debe atender el Fondo de Reparación.

Además se elimina toda mención y especificación de responsabilidades y obligaciones institucionales y se elimina la responsabilidad del Estado a la debida diligencia y acción proactiva a favor de las personas sobrevivientes.

Como si esto fuera poco, se eliminan fuentes de recursos que en teoría capitalizan el Fondo de Reparación y finalmente convierte la reparación económica, que consistía en un aporte mensual, en una ayuda asistencial parcial que se brindaría solo una vez, convirtiendo según las familias “en dádiva lo que es un derecho reparador”.

En el comunicado, las familias y las activistas recordaron la importancia de no aprobar normativa que represente un retroceso en materia de Derechos Humanos, y señalaron que este proyecto tal y como se encuentra no debe ser aprobado pues, a causa de todas las razones antes señaladas, generaría una regresión normativa, disminuyendo los niveles de protección a las familias sobrevivientes de femicidio.

“En nombre de las mujeres asesinadas por la violencia machista y de sus seres queridos afectados, les solicitamos atender las observaciones y propuestas hechas en este documento, garantizando y fortaleciendo los derechos a la reparación integral adquiridos por las personas sobrevivientes al femicidio”, concluye la misiva.

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