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Fabiola Pomareda García
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Las exportaciones de oro en bruto de Costa Rica aumentaron de $9 millones en el año 2022 a $122,7 millones en el 2025 según cifras de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), al tiempo que en el país se implementó un nuevo reglamento que flexibilizó los controles para la exportación del material.
La organización Parlamento Cívico Ambiental cuestionó este crecimiento inédito en las cifras, cuando son muy pocas las zonas donde se permite la minería de oro artesanal a pequeña escala, mientras crece la posibilidad de que se esté “legalizando” y exportando oro de origen ilegal proveniente de Crucitas y cerro Conchudita, en la Zona Norte.
Según la Fundación del Río, ahora ya no se lleva tierra desde Crucitas a Abangares, sino que solo se transporta el oro para venderlo. (Foto: Fundación del Río)
De acuerdo con datos provistos por la Procomer, el valor de las exportaciones de oro en bruto se incrementaron de $9 millones en 2022, a $18,8 millones en 2023, a $39,6 millones en 2024, hasta alcanzar $122,7 millones en 2025. Entre enero y febrero de este año ya se habían exportado $27,6 millones.
El 82% del oro exportado durante 2025 tuvo como destino Estados Unidos y un 18% se exportó a Canadá. Asimismo, llama la atención que ese año había 2.449 empresas registradas en Procomer para exportar oro en bruto, según el anuario estadístico de la entidad.
El precio del oro se disparó a partir de 2025 en medio de las dudas por los efectos de las políticas comerciales de la administración de Donald Trump y las compras hechas por los bancos centrales mundiales, explicó la agencia Bloomberg. Mientras en diciembre de 2024, la onza de oro alcanzó $2.680, en diciembre de 2025 superó los $4.339.
“Crecimiento inédito”
La organización Parlamento Cívico Ambiental cuestionó el aumento de las exportaciones de oro bruto en Costa Rica, “en un contexto de relajación progresiva de requisitos y controles, tanto en la normativa legal como reglamentaria, y con un incremento documentado de la huella ecológica asociada al uso de cianuro y mercurio, particularmente en zonas geográficas vulnerables y afectadas por minería ilegal”.
El Parlamento resaltó que, debido a la comprobada existencia de minería ilegal en diversas regiones del país, “el crecimiento inédito en la exportación de oro en bruto, a pesar de que son muy pocas zonas con autorización legal expresa, y la creciente posibilidad de legalización y exportación de oro de origen esencialmente ilegal” entra en conflicto con los compromisos vinculantes asumidos por el Estado costarricense en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
Citó, por ejemplo, que en diciembre de 2015, el Gobierno costarricense notificó a la Secretaría de Minamata que “la extracción y procesamiento de oro artesanal y en pequeña escala en su territorio es más que insignificante”; es decir, extremadamente baja, nula o casi inexistente.
También explicó que la normativa aprobada desde el 2019 ha reducido progresivamente los controles y requisitos exigidos a la explotación y el procesamiento del oro. En particular, el Parlamento denunció que el Reglamento al Código de Minería DE-43443 del 2 de febrero de 2022, que derogó el reglamento anterior, simplificó las disposiciones exigidas para la exportación de este material.
El Parlamento agrupa a 35 organizaciones ambientales, la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR) y está adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Estos planteamientos se incluyeron en un criterio sobre el proyecto de Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Expediente 24.932) remitido a la Asamblea Legislativa.
Fuerza Pública descubre otra bodega subterránea cerca del cerro Conchuditas, llena de insumos para la minería de oro ilegal. (Foto: Ministerio de Seguridad Pública)
Se desconoce su origen
Como señala Bernardo Aguilar, presidente del Parlamento Cívico Ambiental, la relación entre lo que se reporta como extraído mediante la minería artesanal y de pequeña escala y lo que se reporta como exportado “no da”.
“Nos preocupa el hecho de que se registre esta cantidad de exportaciones y la posibilidad de que el oro, del cual no se está declarando su origen, pueda venir de otros lugares del país, donde no está autorizada la extracción de oro”, señaló Aguilar en entrevista.
En su criterio “podría existir esa posibilidad”. Según Aguilar podría no ser totalmente cierto el argumento de que el oro extraído por los coligalleros de Crucitas se está yendo todo para Nicaragua, argumento que se está utilizando como justificación para promover el proyecto de ley del Ejecutivo que autoriza la exploración y explotación de la minería de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris, del cantón de San Carlos (Expediente 24.717).
“Es importante que, para efectos de tener una discusión sobre la posibilidad de resolver el problema de Crucitas, el país tenga muy clara la información técnica sobre los costos y beneficios que va a acarrear esta actividad y que no se recurra a información dudosa para efectos de justificar esas acciones”, agregó el abogado y consultor ambiental.
Aguilar resaltó que es importante saber exactamente cuál es la capacidad del país a efectos de implementar cualquier solución “en términos de seguridad jurídica”, y para que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tenga “información adecuada y fidedigna” y provea la trazabilidad de estos recursos mineros, que son patrimonio del Estado.
La investigación de la Fiscalía
En agosto de 2020, la policía judicial ejecutó 32 allanamientos, en fincas, casas, oficinas de empresas y lugares de extracción y procesamiento de material minero como parte de una investigación de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes.
Según la hipótesis de la Fiscalía, coligalleros nacionales y foráneos extrajeron oro de Crucitas, Abangares y el Parque Nacional Corcovado, el cual se procesó en Abangares, se transformó en lingotes y luego se exportó a Estados Unidos o se trasladó clandestinamente a Nicaragua.
En ese momento, el Ministerio Público reportó que entre el 2018 y el 2020, el grupo criminal exportó oro a EE. UU. por un monto aproximado de ₡2.000 millones, y esas actividades ilícitas condujeron al lavado de dinero.
Ante consulta de este medio, la Fiscalía indicó que el caso aún se encuentra en investigación bajo el expediente 19-004389-0042-PE, y que hay 37 personas imputadas.
Imagen aérea de túneles para la extracción ilegal de oro en Crucitas. (Foto: Ministerio de Seguridad Pública)
Flexibilización de controles
A raíz de esta investigación judicial en el 2020, se tomaron acciones contra el tráfico ilegal de oro, restringiendo su exportación; pero, según el Minae, estas medidas afectaron a la comunidad minera de Abangares.
En setiembre de 2020, los mineros artesanales de Abangares realizaron bloqueos a la altura del sector de La Irma y de Limonal, en la Interamericana Norte, demandando una resolución del Poder Ejecutivo para poder vender el oro que extraen en la zona. Plantearon que, aunque tienen permiso para la minería artesanal, no tenían concesiones y no podían vender el oro que extraían a pequeña escala.
De acuerdo con información del Minae, “ante el conflicto social”, se autoriza como excepción temporal a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (Uncada), para la comercialización y exportación de oro con valor comercial. Los mineros artesanales de Abangares pueden vender legalmente el oro a la Uncada, que lo funde y exporta a EE. UU. en lingotes como oro en bruto.
Posteriormente, en 2021, el entonces jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, presentó el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Actividad Minera Artesanal, Generando un Desarrollo y Mejoramiento Ambiental y Económico en el Cantón de Abangares.
Este se aprobó en febrero de 2022 (Ley 10.132) y permite la explotación y procesamiento del oro por parte de las cooperativas mineras de personas vecinas de Abangares, que tengan presentadas o vayan a presentar solicitudes de concesión para el área de reserva minera del cantón y permite que las mismas puedan comercializar el oro con personas físicas o jurídicas.
Para el Parlamento Cívico Ambiental, esta es una de las normativas que redujo progresivamente los controles y requisitos exigidos a la explotación y el procesamiento del oro.
Durante la administración Alvarado Quesada, se reformó el Reglamento al Código de Minería mediante el decreto DE-43443 del 2 de febrero de 2022, que derogó el decreto DE-29300 de 2001, que regulaba la exportación de oro.
El Parlamento Cívico Ambiental criticó que antes se exigía una declaración jurada de forma escrita o digital, formalizada; pero ahora ya no se menciona una forma específica, lo cual reduce la trazabilidad documental. En el pasado era obligatorio indicar el número de expediente administrativo, lo cual se eliminó, y se rompe la trazabilidad directa con el expediente minero. Asimismo, antes debía acreditarse la vigencia del permiso o concesión del Registro Nacional Minero, pero esto se anuló y, por ende, se eliminó la verificación oficial de la legalidad de la concesión.
El reglamento anterior requería expresamente un testimonio formal de la Declaración Jurada del titular, lo cual desapareció. Además, antes era obligatoria una declaración sobre origen del material (área concesionada) y ahora no se establece expresamente, por lo que hay riesgo de que el material provenga de zonas no autorizadas.
Más fácil de transportar y menos rastro
El biólogo Amaru Ruiz, de la organización ambiental nicaragüense Fundación del Río, relató que en Abangares “los mineros dicen que se dieron cuenta de que había gente que traía oro de Crucitas porque era de mayor kilataje (medida de pureza del oro), lo mezclaban para disminuir el kilataje y lo vendían a la Uncada porque ahora solo le tienen que dar una declaración firmada diciendo que era oro de ahí”.
Ruiz, quien ha investigado y documentado la minería de oro ilegal en Nicaragua y en Crucitas, explicó que aproximadamente en junio de 2025 empieza a reportarse la extracción ilegal de oro en cerro Conchudita, en Cutris, casi en la margen del río San Juan
Según Ruiz, debido a las acciones de la Fuerza Pública, “se les empezó a hacer más difícil seguir extrayendo ahí y procesando en el terreno, entonces lo que hacen es lo que hacían antes con Abangares, llevan el material hasta Las Cruces (Nicaragua) para poder procesar el material y extraer el material minero ahí”.
“A Abangares ya no se lleva tierra (desde Crucitas), antes se llevaba tierra, ahora lo que se lleva es el oro porque es más fácil de transportar y genera menos rastros de evidencia. No es lo mismo llevar un camión o un carro lleno de material a llevar una bolsita en tu pantalón, en tu mochila, un pequeño lingote de oro que lo vas a poder vender en la zona de Abangares porque no está regulado en esa zona el proceso de trazabilidad del oro; entonces eso es lo que sucede”, dijo Ruiz.
“Se sigue comprando oro en Abangares que viene de Crucitas porque lo mezclan con el de otro kilataje y de esa manera sortean la prohibición, porque la Uncada les prohibió la comercialización de oro con otro kilataje que no sea el que más o menos ya se conoce en Abangares”, refirió Ruiz.
“Una forma de lavado”
Por su parte, el diputado electo del Frente Amplio (2026-2030) Edgardo Araya también cuestionó el aumento desmesurado en las exportaciones de oro.
“Hay un tema científico claro: no hay noticias de que se hayan descubierto nuevas vetas en Abangares que justifiquen ese volumen de producción. Si en Abangares no hay reportes de hallazgos de nuevos yacimientos, solo siguen sacando lo que había ahí, que ya está agotado; no da para muchísimo más”, dijo el abogado ambientalista.
“No hay una explicación, no se explica cómo es que se da ese crecimiento solo fundado en que sale de Abangares, si no es que lo están trayendo de otro lado y haciéndolo pasar como de Abangares”, afirmó.
En su criterio, “hay una falta de controles absolutos para saber de dónde viene el oro que se está exportando”, señaló Araya, al tiempo que calificó la situación como “una forma de lavado”.
“Ahí pasa cualquier cosa y de cualquier lado y en momentos en que estamos preocupados por la legitimación de capitales, diay, eso es un portillo abierto”, aseveró Araya, quien trabajó en la elaboración del proyecto de ley para la Recuperación Sostenible de Crucitas y Creación del Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte (Expediente 24.675), presentado por la fracción del Frente Amplio en octubre de 2024.
UNIVERSIDAD remitió varias consultas al Minae el 6 de abril para este artículo, pero estas aún se encuentran en trámite.
La entrada Exportaciones de oro crecieron de $9 millones a $122,7 millones con blandos controles y nula trazabilidad aparece primero en Semanario Universidad.
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