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Joel Porras Hernández
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Exmiembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): Martha Rodríguez, José Luis Loría y Maritza Jiménez, fueron críticos de la gestión de la institución por parte del actual gobierno, cuestionando el grave deterioro del control financiero y señalando que la crisis no es inevitable, sino que es culpa de decisiones políticas.
Las declaraciones las emitieron esta mañana en la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga las presuntas irregularidades alrededor de la CCSS.
“Lo que hoy se vive en la Caja no son hechos aislados. Es un patrón sistemático de debilitamiento de la gobernanza, concentración del poder, decisiones sin respaldo técnico, uso de emergencias sociales como las listas de espera para justificar la privatización y un deterioro grave del control financiero”, reseñó Martha Rodríguez.
Mencionó que más de un millón de personas están en lista de espera y que más de 5.700 personas fallecieron entre el 2023 y el 2025 mientras esperaban en la lista de espera quirúrgica.
Enfatizó en que la crisis no es inevitable, sino el resultado de decisiones administrativas.
“El problema no es falta de capacidad técnica del sistema público. Informes del Cendeisss y de la Gerencia Médica demuestran que con sólo aumentar 1.5 cirugías por quirófano por día, la CAJA podría realizar 72 mil cirugías adicionales en un año en jornada ordinaria”, aclaró Rodríguez.
Mencionaron la crisis de especialistas y también las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público por la presunta manipulación de estudios actuales que justificaron la paralización del portafolio de inversiones que atrasó la construcción de áreas de salud; así como la investigación del Caso Barrenador y la fallida implementación del sistema ERP-SAP que provocó el desabastecimiento de medicamentos.
Rodríguez también mencionó que, según informes de la auditoría interna de la Caja, no se ha logrado cerrar de forma contable el mes de junio del 2025: “no existen estados financieros confiables hay diferencias millonarias en inventarios activos y cuentas contables”.
Maritza Jiménez, exmiembro de la Junta Directiva de la CCSS, aseguró sentirse frustrada “cuando uno se encuentra con toda esta politiquería que no lo deja trabajar”.
Incluso mencionó que su despido se dio por un “juicio que dirigió una persona del Consejo de Gobierno”. Tiempo después señaló que fue Yara Jiménez, hoy diputada electa por la provincia de Cartago, quien la destituyó, a pesar de ser una institución autónoma.
José Luis Loría, también antiguo miembro de la Junta Directiva de la Caja, criticó que, hasta el 2025, el Estado le adeuda más de ₡3 billones y al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, Hacienda le debe más de ₡700 mil millones.
“Siempre ha habido en estas administraciones falta de pago a la CCSS. Pero el día de hoy, no se paga porque el Ministerio de Hacienda argumenta que la deuda no está conciliada. El 92% de esa deuda está conciliada. Falta un trecho muy pequeño y sin embargo se usa de excusa para ni siquiera abonar la deuda que tiene el gobierno con la Caja: lo cual impacta en el recurso humano y la infraestructura”, concluyó Loría.
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