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Gladys Rivadeneira
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La exjueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, Gina Marisol Zambrano, deberá pagar una millonaria indemnización al Consejo de la Judicatura, según la decisión anunciada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, tras ser condenada a cinco años de prisión por prevaricato.
El Tribunal declaró culpable a Zambrano como autora directa del delito de prevaricato, dentro del proceso No. 13100202300008.
La Fiscalía informó que Gina Zambrano liberó a dos sentenciados por femicidio, como lo informó EL COMERCIO el pasado 17 de agosto.
Además de la indemnización, los jueces aceptaron la acusación particular presentada por el Consejo de la Judicatura y dispusieron un conjunto de medidas de reparación integral a favor de la institución.
Estas incluyen el restablecimiento del derecho, garantías de no repetición, satisfacción del derecho vulnerado y disculpas públicas por parte de la sentenciada.
El monto de 2 millones de dólares corresponde a la indemnización establecida por el Tribunal. El detalle formal de esta medida, así como los mecanismos para su cumplimiento, constarán en la sentencia escrita.
La decisión también establece una pena de cinco años de prisión para Zambrano, sanción que corresponde al máximo previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente al momento de los hechos.
A esto se suma una multa y la inhabilitación para ejercer su profesión u oficio durante seis meses.
La sentencia fue anunciada oralmente al término de la audiencia de juicio, luego de que los jueces analizaran las pruebas presentadas en el proceso.
La resolución escrita será notificada dentro de los plazos establecidos por la ley y precisará el alcance y los mecanismos de ejecución de las medidas de reparación.
El caso se originó en una investigación iniciada de oficio por Fiscalía en marzo de 2023, después de que la institución conociera una decisión de la entonces jueza para ordenar la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio, quienes cumplían sus condenas en el Centro de Rehabilitación Social El Turi, en Azuay.
Tras conocer la decisión, Fiscalía solicitó un acto urgente para realizar un allanamiento en la oficina de la entonces jueza. Durante la diligencia se levantaron varios indicios y posteriormente se formularon cargos en su contra por el presunto delito de prevaricato.
Con los elementos de convicción reunidos durante la investigación, Fiscalía obtuvo el llamamiento a juicio de Gina Z. Sin embargo, el proceso quedó suspendido debido a que la procesada se encontraba prófuga de la justicia.
En mayo de 2026 fue deportada desde Estados Unidos a Ecuador, lo que permitió reanudar el proceso judicial.
Durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó testimonios de agentes que participaron en la investigación y realizaron las pericias solicitadas por la institución.
Entre los elementos incorporados al proceso constan:
También se incorporó el acta del 3 de octubre de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Gina Z.
Según Fiscalía, las actuaciones jurisdiccionales por las que fue destituida habrían beneficiado, además de las dos personas sentenciadas por femicidio, a otras personas procesadas por delitos contra la propiedad y la vida. Estas actuaciones fueron calificadas como error inexcusable.
De acuerdo con el análisis realizado durante la investigación, la entonces jueza habría actuado sin competencia territorial, debido a que las personas privadas de libertad cumplían sus condenas en centros ubicados fuera de la jurisdicción de Montecristi.
Los centros penitenciarios señalados estaban ubicados en Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja.
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La millonaria indemnización que deberá pagar la exjueza de Montecristi, Manabí
El Tribunal declaró culpable a Zambrano como autora directa del delito de prevaricato, dentro del proceso No. 13100202300008.
La Fiscalía informó que Gina Zambrano liberó a dos sentenciados por femicidio, como lo informó EL COMERCIO el pasado 17 de agosto.
2 millones de dólares forman parte de la reparación
Además de la indemnización, los jueces aceptaron la acusación particular presentada por el Consejo de la Judicatura y dispusieron un conjunto de medidas de reparación integral a favor de la institución.
Estas incluyen el restablecimiento del derecho, garantías de no repetición, satisfacción del derecho vulnerado y disculpas públicas por parte de la sentenciada.
El monto de 2 millones de dólares corresponde a la indemnización establecida por el Tribunal. El detalle formal de esta medida, así como los mecanismos para su cumplimiento, constarán en la sentencia escrita.
Exjueza fue condenada a cinco años
La decisión también establece una pena de cinco años de prisión para Zambrano, sanción que corresponde al máximo previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente al momento de los hechos.
A esto se suma una multa y la inhabilitación para ejercer su profesión u oficio durante seis meses.
La sentencia fue anunciada oralmente al término de la audiencia de juicio, luego de que los jueces analizaran las pruebas presentadas en el proceso.
La resolución escrita será notificada dentro de los plazos establecidos por la ley y precisará el alcance y los mecanismos de ejecución de las medidas de reparación.
Fiscalía inició la investigación en 2023
El caso se originó en una investigación iniciada de oficio por Fiscalía en marzo de 2023, después de que la institución conociera una decisión de la entonces jueza para ordenar la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio, quienes cumplían sus condenas en el Centro de Rehabilitación Social El Turi, en Azuay.
¿Por qué fue investigada la exjueza de Montecristi?
Tras conocer la decisión, Fiscalía solicitó un acto urgente para realizar un allanamiento en la oficina de la entonces jueza. Durante la diligencia se levantaron varios indicios y posteriormente se formularon cargos en su contra por el presunto delito de prevaricato.
Con los elementos de convicción reunidos durante la investigación, Fiscalía obtuvo el llamamiento a juicio de Gina Z. Sin embargo, el proceso quedó suspendido debido a que la procesada se encontraba prófuga de la justicia.
En mayo de 2026 fue deportada desde Estados Unidos a Ecuador, lo que permitió reanudar el proceso judicial.
Las pruebas presentadas durante el juicio
Durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó testimonios de agentes que participaron en la investigación y realizaron las pericias solicitadas por la institución.
Entre los elementos incorporados al proceso constan:
- El informe de reconocimiento del lugar de los hechos.
- El levantamiento de evidencias.
- Los resultados de las pericias de extracción de información de equipos electrónicos incautados durante el allanamiento.
- Los testimonios de agentes que participaron en la investigación.
También se incorporó el acta del 3 de octubre de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Gina Z.
Según Fiscalía, las actuaciones jurisdiccionales por las que fue destituida habrían beneficiado, además de las dos personas sentenciadas por femicidio, a otras personas procesadas por delitos contra la propiedad y la vida. Estas actuaciones fueron calificadas como error inexcusable.
Fiscalía señaló falta de competencia territorial
De acuerdo con el análisis realizado durante la investigación, la entonces jueza habría actuado sin competencia territorial, debido a que las personas privadas de libertad cumplían sus condenas en centros ubicados fuera de la jurisdicción de Montecristi.
Los centros penitenciarios señalados estaban ubicados en Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja.
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