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Daniela Muñoz Solano
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El exdirector jurídico del Instituto Nacional de Seguros, William Emilio Fernández, confirmó que recibió presiones de Casa Presidencial, presidencia ejecutiva, de miembros de junta directiva (representante del cuerpo de bomberos) y más para que se manipularan procesos de compra de equipos, software y otras contrataciones realizadas por la aseguradora.
En una comparecencia ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, el funcionario informó que fue él el que presentó denuncias ante la fiscalía por varias de estas irregularidades e incluso detalló que figura como testigo en dos causas penales que está investigando el Ministerio Público.
Aunque hubo detalles que no puedo brindar para no comprometer estas investigaciones, Fernández sí confirmó presiones indebidas por parte de personeros de Casa Presidencial, de la ex presidenta ejecutiva Mónica Araya, de dos miembros de junta directiva nombrados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras más, para incidir en varios procesos.
Por ejemplo, para la compra de unidades extintoras para Bomberos, recibió presiones tanto de asesores de Zapote, como de la jerarca del INS y de los personeros del grupo (entre los que se cuenta el actual presidente del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Jorge Eduardo Sánchez) para “dejar pasar el tiempo” de la adjudicación del contrato por más de $10 millones.
Eso sí, el funcionario detalló que la presión que había recibido de Araya, había sido expresamente en nombre de Casa Presidencial pues la exjerarca temía que de no acatar las órdenes de Zapote perdería su trabajo.
También explicó que en ese caso especulaba que como el departamento entonces a su cargo había detectado fallas en el cartel que podían indicar que se tratara de un “traje a la medida”, se pretendía dejar inconcluso el proceso para que esto no se evidenciara.
Ante una pregunta posterior de la diputada Luz Mary Alpízar, el funcionario detalló que la empresa que previamente había sido seleccionada pero que gracias a sus observaciones no recibió el contrato, ya había sido beneficiaria de al menos 10 contratos con Bomberos.
Además aseveró que recibió presiones para no refrendar procesos contractuales relacionados con la compra de sistemas informáticos como el ERP y otros, así como para la contratación de la empresa que se encargaría de la implementación de marchamo digital y la colocación de $10 millones vinculados con Celso Gamboa a través del puesto de bolsa de la institución.
Sobre la contratación de plataformas tecnológicas, el funcionario admitió que recibió presiones para que no se adjudicaran los contratos pero afirma que “privó la institucionalidad”.
Adicionalmente aseguró que respecto de la implementación de marchamo digital recibió presiones para que se adjudicara el proceso a una empresa “que tenía un precio superior y hubiera perjudicado a los costarricenses”.
Finalmente detalló que aunque no recibió personalmente presiones relacionadas con la colocación de $10 millones aparentemente provenientes del narcotráfico en el Puesto de bolsa de la institución, sí supo que existieron pues el exgerente general Luis Fernando Monge le comentó al respecto. En respuesta, dice, él le recomendó acudir al Ministerio Público y poner la denuncia respectiva, lo cual asegura sucedió.
Ante preguntas de varias diputaciones el funcionario concedió que durante esta administración han habido comportamientos nunca antes vistos, que van desde llamadas telefónicas de diputados hasta constantes reuniones con Casa Presidencial para asuntos propios de la aseguradora, que cabe recordar, es una institución autónoma.
Según indicó Fernández, solo en los últimos cuatro años fue convocado en más de una decena de ocasiones en Zapote para discutir con personeros de la Presidencia asuntos propios del INS. Tan anómala fue esta situación que motivó que él se acercara a las autoridades judiciales para presentar una denuncia pues consideraba que se estaba violentando la autonomía de la institución y que aceptara cambiar de puesto, pasando de la dirección jurídica a la dirección de reaseguros, para evitar este tipo de presiones.
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