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Ignacio Ortiz Salas
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La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió este martes al viceministro de Egresos, Luis Molina, y a funcionarios del Ministerio de Hacienda para defender el expediente 25.373, que autorizaría emisiones de títulos valores en mercados internacionales por hasta $13.500 millones en desembolsos anuales hasta 2034.
La comparecencia se convirtió en un extenso intercambio entre el Poder Ejecutivo y las diputaciones de oposición sobre los beneficios y riesgos de la iniciativa, conocida popularmente como ley de eurobonos. Mientras Hacienda insistió en que se trata de una política de Estado necesaria para mejorar las condiciones de financiamiento del país, legisladores de distintas fracciones cuestionaron el impacto que podría tener sobre la dolarización de la deuda, el tipo de cambio y los controles legislativos sobre el endeudamiento.
Molina abrió su exposición con un llamado a separar la discusión técnica de la política y defendió que el proyecto no implica un aumento de la deuda pública, sino un cambio en las fuentes de financiamiento ya autorizadas mediante los presupuestos nacionales.
“Estamos muy cerca del grado de inversión”, afirmó el viceministro, quien sostuvo que una de las principales observaciones que hacen las agencias calificadoras al país es la falta de presencia continua en los mercados internacionales. Según explicó, la autorización permitiría emitir hasta $1.500 millones anuales para refinanciar vencimientos de deuda externa y reducir la presión sobre el mercado local.
Durante su presentación, Molina insistió en que la mayor parte de los recursos obtenidos mediante eurobonos no ingresarían a la economía costarricense, pues serían utilizados para cancelar obligaciones externas ya existentes. También rechazó que estas operaciones hayan incidido en la apreciación del colón frente al dólar.
El Ministerio de Hacienda planteó además que una negativa legislativa tendría consecuencias sobre las tasas de interés. El viceministro aseguró que, cuando la Asamblea rechazó el proyecto de eurobonos impulsado el año anterior, el mercado reaccionó elevando los rendimientos exigidos al Gobierno, un costo que posteriormente se trasladaría a créditos de vivienda, vehículos y financiamiento empresarial.
Autorización muy amplia
Las dudas de las diputaciones se concentraron en los riesgos asociados a una autorización tan amplia.
Uno de los cuestionamientos más vehementes provino del diputado de Frente Amplio (FA) Antonio Trejos, quien señaló que el debate no gira alrededor de si los eurobonos son un instrumento adecuado, sino sobre las condiciones específicas planteadas por el Ejecutivo.
Trejos enumeró cinco riesgos asociados al proyecto. Entre ellos destacó una mayor dolarización de la deuda pública, la pérdida de controles legislativos sobre futuras emisiones y la posibilidad de que el país simplemente postergue problemas estructurales de endeudamiento mediante refinanciamientos sucesivos. “Lo que se está haciendo es lo que popularmente llaman jinetear la deuda buscando intercambios por deuda más barata y a mayores plazos”, afirmó el legislador.
El diputado también cuestionó que una autorización por nueve años reduzca la intervención de la Asamblea Legislativa en decisiones futuras sobre montos, plazos y condiciones de financiamiento.
La defensa más enfática del proyecto dentro de la comisión provino del presidente de Hacendarios, Nogui Acosta. El exministro de Hacienda sostuvo que el verdadero control político sobre el endeudamiento se ejerce durante la discusión anual del presupuesto nacional y no mediante autorizaciones específicas para acudir a mercados internacionales.
Acosta argumentó que Costa Rica enfrenta dificultades para acceder regularmente a esos mercados debido a la necesidad de obtener autorizaciones legislativas periódicas y defendió que una mayor presencia internacional contribuiría a mejorar la percepción de riesgo del país. También insistió en que los eurobonos permiten liberar recursos en el mercado local, reduciendo la competencia entre el Gobierno y el sector privado por el financiamiento disponible.
Las intervenciones posteriores profundizaron el debate sobre el riesgo cambiario. La diputada María Eugenia Román (FA) cuestionó las proyecciones del Ministerio de Hacienda y advirtió sobre los efectos que tendría una eventual depreciación del colón sobre el saldo de la deuda externa.
En respuesta, Molina aseguró que el Ministerio ya trabaja en mecanismos de cobertura cambiaria y recordó que parte de los créditos multilaterales han sido reestructurados precisamente para reducir la exposición a variaciones del tipo de cambio. Según indicó, por cada incremento de ¢10 en el valor del dólar, el saldo de la deuda pública aumenta aproximadamente ¢200.000 millones.
El viceministro también defendió que la iniciativa contempla instrumentos financieros para mitigar esos riesgos y reiteró que la estrategia de deuda busca modificar la composición del portafolio estatal para ampliar plazos y reducir costos.
Hacia el cierre de la audiencia, la liberacionista Diana Murillo preguntó cómo se determinó la cifra de $13.500 millones incluida en el proyecto. Molina respondió que el monto surge de las necesidades proyectadas de financiamiento externo hasta 2034 y de los vencimientos que deberá afrontar el país durante ese período. Según explicó, la intención es utilizar deuda externa para cancelar deuda externa y evitar que grandes cantidades de divisas ingresen al mercado local.
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