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María Teresa Blanco, ABC Color
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La intendenta Patricia Corvalán y los trece acusados, entre ellos Blanca Álvarez, madre del diputado Esteban Samaniego, indefectiblemente deben presentarse próximamente ante el juez Penal de Garantías Humberto Otazú para su audiencia preliminar debido a que se les acabaron las opciones judiciales para seguir dilatando su proceso.
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El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, conformado por los magistrados Camilo Torres, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias, rechazó el recurso de apelación general planteado por la defensa de la intendenta cartista Patricia Corvalán y confirmó la decisión del juez Otazú de llamar a los acusados a audiencia.
La intendenta y las trece personas fueron imputadas el 10 de diciembre del 2023 por presuntamente desviar G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales, que supuestamente fueron destinados para la construcción de la vivienda de la pareja de cartistas en Asunción, en la propiedad que está a nombre de la madre del diputado Samaniego.
Lea más: Intendenta de Quyquyhó acciona ante la Corte para perpetuarse en el cargo
De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2017 y 2018, cuando el ahora diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía de intendente de Quyquyhó junto con su esposa, su madre, funcionarios municipales y constructores amigos armaron la red de corrupción para desviar dinero municipal.
En tanto, la acusación data del 11 de diciembre de 2024. Es decir, cada uno de los acusados se turnaron por más de dos años para presentar diferentes chicanas con el objetivo de dilatar la audiencia preliminar donde se debería conocer sí el caso va o no a juicio oral.
El Tribunal de Apelación también rechazó las chicanas presentadas por los acusados; Ruth Medina y el concejal cartista Carlos Bareiro; y confirmó la decisión del juez Otazú, que los convocó a la audiencia preliminar.
Por su lado, el constructor y amigo del parlamentario Andrés Arrúa también tuvo un revés judicial y su chicana fue rechazada por lo cual, también deberá ir ante el juez Otazú.
El diputado Esteban Samaniego también está procesado en dicha causa, pero debido a su fuero parlamentario no puede ser acusado. En tres ocasiones el juez solicitó el desafuero, pero el corporativismo cartista en la Cámara Baja sigue evitando que responda por su presunto desfalco.
Los cartistas incluso lo premiaron con la titularidad de la Comisión de Asuntos Municipales, pese a tener denuncias por lesión de confianza y por agresión.
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El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, conformado por los magistrados Camilo Torres, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias, rechazó el recurso de apelación general planteado por la defensa de la intendenta cartista Patricia Corvalán y confirmó la decisión del juez Otazú de llamar a los acusados a audiencia.
La intendenta y las trece personas fueron imputadas el 10 de diciembre del 2023 por presuntamente desviar G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales, que supuestamente fueron destinados para la construcción de la vivienda de la pareja de cartistas en Asunción, en la propiedad que está a nombre de la madre del diputado Samaniego.
Lea más: Intendenta de Quyquyhó acciona ante la Corte para perpetuarse en el cargo
De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2017 y 2018, cuando el ahora diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía de intendente de Quyquyhó junto con su esposa, su madre, funcionarios municipales y constructores amigos armaron la red de corrupción para desviar dinero municipal.
En tanto, la acusación data del 11 de diciembre de 2024. Es decir, cada uno de los acusados se turnaron por más de dos años para presentar diferentes chicanas con el objetivo de dilatar la audiencia preliminar donde se debería conocer sí el caso va o no a juicio oral.
Otra chicana rechazada
El Tribunal de Apelación también rechazó las chicanas presentadas por los acusados; Ruth Medina y el concejal cartista Carlos Bareiro; y confirmó la decisión del juez Otazú, que los convocó a la audiencia preliminar.
Por su lado, el constructor y amigo del parlamentario Andrés Arrúa también tuvo un revés judicial y su chicana fue rechazada por lo cual, también deberá ir ante el juez Otazú.
El diputado Esteban Samaniego también está procesado en dicha causa, pero debido a su fuero parlamentario no puede ser acusado. En tres ocasiones el juez solicitó el desafuero, pero el corporativismo cartista en la Cámara Baja sigue evitando que responda por su presunto desfalco.
Los cartistas incluso lo premiaron con la titularidad de la Comisión de Asuntos Municipales, pese a tener denuncias por lesión de confianza y por agresión.
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