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Vinicio Chacón Soto
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“Inconsistencias severas” halló la Contraloría General de la República (CGR) al analizar la gestión de las finanzas del gobierno del año pasado.
Julissa Sáenz Leiva, gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, mediante un video explicó que la CGR “emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del gobierno, al cierre de 2025, pues no presentan de forma razonable la situación financiera”.
Detalló que se identificaron “situaciones como ausencia de un registro confiable e íntegro de la infraestructura y terrenos, diferencias no conciliadas con la CCSS y necesidad de un análisis técnico de la exigibilidad de los saldos a favor de los contribuyentes”.
Ello “impide a los ciudadanos y tomadores de decisiones conocer la realidad del patrimonio público”.
Además, el análisis de la ejecución presupuestaria del primer semestre “refleja un crecimiento casi nulo de los ingresos corrientes, lo cual motivó la estimación de los ingresos a la baja, por parte del Ministerio de Hacienda de ₡373 mil millones, un 0,7% del PIB”.
En cuanto a los egresos, se determinó una disminución del gasto social, causada “principalmente por una reducción de las transferencias a la CCSS, en un contexto de deuda creciente que alcanzó el 61,1% del PIB. Endeudamiento que responde no solo a las necesidades de financiamiento del presupuesto, si no también a la acumulación de saldos de efectivo de 5,1% del PIB con el consiguiente costo financiero asociado”.
A esas conclusiones llegan cuatro documentos de la CGR. En primer lugar, el Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al 31 de diciembre de 2025, (DFOE-FIP-IAA-00005-2026). Allí “se emite opinión adversa sobre los estados financieros del año 2025, por no presentar de forma razonable la situación financiera del Gobierno, de conformidad con el marco normativo y técnico aplicable”.
Se suma el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026, (DFOE-FIP-MTR- 00003-2026), que presenta un análisis de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026, “caracterizada por un estancamiento de los ingresos corrientes, una reducción del gasto social y un aumento de la deuda del Gobierno, asociado a las necesidades de financiamiento y altos saldos de liquidez”, de acuerdo con un comunicado.
El tercer documento es una Certificación de la razonabilidad de la efectividad fiscal de los ingresos del Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2026 (DFOE-FIP-0296 -2026). Aquí se certificó la estimación a la baja de la recaudación de impuestos para 2026, remitida por el Ministerio de Hacienda, por el mencionado total de ₡373 mil millones, lo cual “reduce la carga tributaria estimada de 13,3% a 12,6% del PIB”.
Finalmente, se emitió la Certificación de la razonabilidad de la efectividad fiscal de los ingresos del Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2027 (DFOE-FIP-0310-2026). En este caso se trató de la estimación de la recaudación de impuestos remitida por el Ministerio de Hacienda para 2027 por ₡7,7 billones de los cuales ₡6,8 billones son ingresos tributarios, para una caída de la carga tributaria a 12,3% del PIB.
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