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Giovanna Alvear
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La defensa de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, presunto líder de Los Lobos, recurrió la decisión de la Audiencia Nacional de España que autorizó su extradición a Ecuador. Sus abogados sostienen que el país no ha presentado garantías específicas, individualizadas y verificables sobre su seguridad y aseguran que su vida correría peligro.
El recurso, al que tuvo acceso EFE, busca que el pleno de la Sala de lo Penal revoque la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. La defensa también sospecha que las autoridades ecuatorianas persiguen otro objetivo: investigarlo por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, aunque Ecuador no ha solicitado formalmente su entrega por ese caso.
La Audiencia Nacional autorizó la extradición de Chavarría a finales de julio. Ecuador lo reclama para que complete una condena de 16 años de prisión por tres homicidios ocurridos durante un tiroteo posterior al asalto a un banco en 2010.
Sin embargo, sus abogados consideran que la causa presenta otra dificultad. Según la defensa, Ecuador declaró extinta esa condena después de la supuesta muerte de Chavarría y nadie corrigió inicialmente esa decisión cuando se conoció que seguía vivo.
En febrero, la Fiscalía ecuatoriana pidió interrogar a Chavarría en la prisión de Zuera, en Zaragoza, por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. Durante ese interrogatorio, Chavarría aseguró que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el crimen porque temía que el candidato ganara las elecciones de 2025.
Por esta razón, la defensa sospecha que el verdadero interés de las autoridades ecuatorianas se relaciona con ese procedimiento. Chavarría sostiene que su declaración contra Noboa lo coloca en una situación de riesgo.
La Fiscalía española respaldó la extradición durante la vista celebrada en junio. La defensa se opuso y denunció que Chavarría podría enfrentar tratos inhumanos o degradantes en Ecuador y que su vida estaría en peligro.
La Audiencia Nacional pidió entonces información adicional a Ecuador. El tribunal solicitó que precisara el tiempo pendiente de la condena, que asciende a casi cinco años, y que presentara garantías penitenciarias individualizadas y verificables.
Ecuador respondió con información sobre la normativa que protege los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. También detalló acciones concretas para proteger de forma efectiva la vida y la integridad personal de los presos. La Audiencia consideró que esa extensa respuesta ofrecía garantías suficientes para respetar los derechos fundamentales de Chavarría en prisión.
La defensa sostiene lo contrario. Considera que Ecuador no aportó garantías concretas sobre el respeto de esos derechos. Además, señala que las autoridades ecuatorianas lo han identificado públicamente dentro de la categoría de «narcoterroristas» y advierte que su vida corre peligro también por la declaración en la que incriminó a Noboa en el asesinato de Villavicencio.
Los hechos por los que Ecuador reclama oficialmente a Chavarría ocurrieron el 3 de julio de 2010. Según la documentación enviada por las autoridades ecuatorianas, él y otros dos implicados asaltaron una sucursal bancaria y se llevaron 38.000 dólares.
Después del robo, ocurrió un intercambio de disparos durante una persecución policial. Tres personas murieron.
Un tribunal ecuatoriano condenó a Chavarría a 16 años de cárcel en 2010. Él cumplió más de 11 años de esa pena. Sin embargo, en septiembre de 2021, otro tribunal declaró extinta la condena tras recibir un supuesto certificado de defunción que señalaba que el reclamado había muerto el 23 de febrero de ese año.
Posteriormente, las autoridades conocieron que el documento utilizado para registrar la defunción era falso y anularon la extinción de la condena.
La Policía detuvo a Chavarría en noviembre de 2025 en Málaga. Había llegado a España en 2022 desde Colombia con una identidad falsa, después de fingir su muerte en Ecuador. Según la información del caso, se habría sometido a siete operaciones en el rostro para evitar ser reconocido.
Antes de que España autorizara su entrega a Ecuador, la Audiencia Nacional también rechazó su extradición a Estados Unidos. Ese país lo reclamaba por su presunta participación en una operación de narcotráfico para introducir cinco kilos de cocaína en California.
Ahora, la defensa de Pipo busca revertir la decisión sobre su entrega a Ecuador. La última decisión sobre la extradición, sin embargo, corresponde al Gobierno español.
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El recurso, al que tuvo acceso EFE, busca que el pleno de la Sala de lo Penal revoque la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. La defensa también sospecha que las autoridades ecuatorianas persiguen otro objetivo: investigarlo por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, aunque Ecuador no ha solicitado formalmente su entrega por ese caso.
La defensa cuestiona las garantías y el motivo de la extradición
La Audiencia Nacional autorizó la extradición de Chavarría a finales de julio. Ecuador lo reclama para que complete una condena de 16 años de prisión por tres homicidios ocurridos durante un tiroteo posterior al asalto a un banco en 2010.
Sin embargo, sus abogados consideran que la causa presenta otra dificultad. Según la defensa, Ecuador declaró extinta esa condena después de la supuesta muerte de Chavarría y nadie corrigió inicialmente esa decisión cuando se conoció que seguía vivo.
En febrero, la Fiscalía ecuatoriana pidió interrogar a Chavarría en la prisión de Zuera, en Zaragoza, por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. Durante ese interrogatorio, Chavarría aseguró que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el crimen porque temía que el candidato ganara las elecciones de 2025.
Por esta razón, la defensa sospecha que el verdadero interés de las autoridades ecuatorianas se relaciona con ese procedimiento. Chavarría sostiene que su declaración contra Noboa lo coloca en una situación de riesgo.
La Fiscalía española respaldó la extradición durante la vista celebrada en junio. La defensa se opuso y denunció que Chavarría podría enfrentar tratos inhumanos o degradantes en Ecuador y que su vida estaría en peligro.
La Audiencia Nacional pidió entonces información adicional a Ecuador. El tribunal solicitó que precisara el tiempo pendiente de la condena, que asciende a casi cinco años, y que presentara garantías penitenciarias individualizadas y verificables.
Ecuador respondió con información sobre la normativa que protege los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. También detalló acciones concretas para proteger de forma efectiva la vida y la integridad personal de los presos. La Audiencia consideró que esa extensa respuesta ofrecía garantías suficientes para respetar los derechos fundamentales de Chavarría en prisión.
La defensa sostiene lo contrario. Considera que Ecuador no aportó garantías concretas sobre el respeto de esos derechos. Además, señala que las autoridades ecuatorianas lo han identificado públicamente dentro de la categoría de «narcoterroristas» y advierte que su vida corre peligro también por la declaración en la que incriminó a Noboa en el asesinato de Villavicencio.
La condena por el asalto bancario y la falsa muerte
Los hechos por los que Ecuador reclama oficialmente a Chavarría ocurrieron el 3 de julio de 2010. Según la documentación enviada por las autoridades ecuatorianas, él y otros dos implicados asaltaron una sucursal bancaria y se llevaron 38.000 dólares.
Después del robo, ocurrió un intercambio de disparos durante una persecución policial. Tres personas murieron.
Un tribunal ecuatoriano condenó a Chavarría a 16 años de cárcel en 2010. Él cumplió más de 11 años de esa pena. Sin embargo, en septiembre de 2021, otro tribunal declaró extinta la condena tras recibir un supuesto certificado de defunción que señalaba que el reclamado había muerto el 23 de febrero de ese año.
Posteriormente, las autoridades conocieron que el documento utilizado para registrar la defunción era falso y anularon la extinción de la condena.
La Policía detuvo a Chavarría en noviembre de 2025 en Málaga. Había llegado a España en 2022 desde Colombia con una identidad falsa, después de fingir su muerte en Ecuador. Según la información del caso, se habría sometido a siete operaciones en el rostro para evitar ser reconocido.
Antes de que España autorizara su entrega a Ecuador, la Audiencia Nacional también rechazó su extradición a Estados Unidos. Ese país lo reclamaba por su presunta participación en una operación de narcotráfico para introducir cinco kilos de cocaína en California.
Ahora, la defensa de Pipo busca revertir la decisión sobre su entrega a Ecuador. La última decisión sobre la extradición, sin embargo, corresponde al Gobierno español.
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