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Giovanna Alvear
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El Gobierno de España aprobó este martes 14 de abril de 2026 una regularización extraordinaria para migrantes. La medida permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de medio millón de personas que ya viven en el país. El presidente Pedro Sánchez defendió la decisión como un acto de justicia y también como una necesidad para el país. En cambio, sectores de la derecha y la ultraderecha rechazaron la iniciativa.
Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron esta medida durante años. La iglesia Católica y representantes del sector empresarial también la respaldan. El Ejecutivo sostiene que la regularización reconoce derechos a personas que ya forman parte de la sociedad española y que aportan a su desarrollo económico y social.
El Gobierno estableció condiciones claras para acceder al proceso. Los migrantes deben haber ingresado a España antes del 1 de enero y acreditar al menos cinco meses de residencia continua. Además, no deben registrar antecedentes penales y tienen que cumplir otros requisitos fijados por las autoridades.
Las personas interesadas podrán iniciar el trámite desde el 16 de abril a través de internet. Ese mismo día podrán solicitar una cita presencial, aunque la atención en oficinas comenzará el 20 de abril. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó que habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el territorio. Estas entidades recibirán solicitudes hasta el 30 de junio.
El Gobierno prevé responder a todas las solicitudes en un plazo de dos meses y medio. Sin embargo, el proceso enfrenta posibles complicaciones. Trabajadores de oficinas de Extranjería anunciaron una huelga indefinida desde el 21 de abril. Reclaman su exclusión del proceso. Además, sindicatos policiales cuestionaron la medida. Señalan que el trámite se ejecuta sin suficiente participación de los cuerpos de seguridad y advierten riesgos de fraude o fallas en la verificación de identidad.
Pedro Sánchez defendió la regularización en una carta dirigida a la ciudadanía. Aseguró que la medida reconoce la realidad de cientos de miles de personas que ya viven en España, trabajan, cuidan a personas mayores y participan en la economía. También la calificó como un acto de justicia, al recordar a los españoles que emigraron en el pasado en busca de mejores oportunidades.
El presidente subrayó otro punto clave: la necesidad demográfica. Explicó que España envejece y que requiere nuevos trabajadores para sostener su economía y los servicios públicos. Sectores como la agricultura y los cuidados concentran gran parte de esta mano de obra.
La oposición rechazó estos argumentos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la regularización como “inhumana” e “injusta”. Afirmó que la medida incentiva a las mafias y cuestionó la falta de controles. También sostuvo que contradice el Pacto europeo de Migración y Asilo.
Desde Vox, anunciaron acciones legales ante el Tribunal Supremo para frenar la medida. Además, lanzaron una campaña contra la inmigración masiva.
En contraste, organizaciones vinculadas a la iglesia Católica, como Cáritas, pidieron facilitar el acceso al proceso. Advirtieron que la irregularidad coloca a los migrantes en situaciones de alta vulnerabilidad y limita su acceso a derechos básicos. Consideran que la regularización les permitirá salir de la incertidumbre.
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Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron esta medida durante años. La iglesia Católica y representantes del sector empresarial también la respaldan. El Ejecutivo sostiene que la regularización reconoce derechos a personas que ya forman parte de la sociedad española y que aportan a su desarrollo económico y social.
Requisitos y proceso de regularización
El Gobierno estableció condiciones claras para acceder al proceso. Los migrantes deben haber ingresado a España antes del 1 de enero y acreditar al menos cinco meses de residencia continua. Además, no deben registrar antecedentes penales y tienen que cumplir otros requisitos fijados por las autoridades.
Las personas interesadas podrán iniciar el trámite desde el 16 de abril a través de internet. Ese mismo día podrán solicitar una cita presencial, aunque la atención en oficinas comenzará el 20 de abril. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó que habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el territorio. Estas entidades recibirán solicitudes hasta el 30 de junio.
El Gobierno prevé responder a todas las solicitudes en un plazo de dos meses y medio. Sin embargo, el proceso enfrenta posibles complicaciones. Trabajadores de oficinas de Extranjería anunciaron una huelga indefinida desde el 21 de abril. Reclaman su exclusión del proceso. Además, sindicatos policiales cuestionaron la medida. Señalan que el trámite se ejecuta sin suficiente participación de los cuerpos de seguridad y advierten riesgos de fraude o fallas en la verificación de identidad.
Argumentos a favor y críticas de la oposición
Pedro Sánchez defendió la regularización en una carta dirigida a la ciudadanía. Aseguró que la medida reconoce la realidad de cientos de miles de personas que ya viven en España, trabajan, cuidan a personas mayores y participan en la economía. También la calificó como un acto de justicia, al recordar a los españoles que emigraron en el pasado en busca de mejores oportunidades.
El presidente subrayó otro punto clave: la necesidad demográfica. Explicó que España envejece y que requiere nuevos trabajadores para sostener su economía y los servicios públicos. Sectores como la agricultura y los cuidados concentran gran parte de esta mano de obra.
La oposición rechazó estos argumentos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la regularización como “inhumana” e “injusta”. Afirmó que la medida incentiva a las mafias y cuestionó la falta de controles. También sostuvo que contradice el Pacto europeo de Migración y Asilo.
Desde Vox, anunciaron acciones legales ante el Tribunal Supremo para frenar la medida. Además, lanzaron una campaña contra la inmigración masiva.
En contraste, organizaciones vinculadas a la iglesia Católica, como Cáritas, pidieron facilitar el acceso al proceso. Advirtieron que la irregularidad coloca a los migrantes en situaciones de alta vulnerabilidad y limita su acceso a derechos básicos. Consideran que la regularización les permitirá salir de la incertidumbre.
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