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Santiago Estrella
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Últimamente, los casos relacionados con el posible uso de escopolamina han encendido alertas durante este año. Las víctimas del uso de escopolamina en Quito se han repetido en este mes de agosto del 2026.
Los familiares o los mismos afectados han contado sus experiencias con este equipo para cometer diverso tipo de delitos. De hecho, las propias autoridades del Gobierno han reconocido que existen investigaciones sobre hechos de esta naturaleza.
No es responsable concluir, sin estadísticas oficiales, que el uso delictivo de la escopolamina ha aumentado en este año. Pero tampoco podemos minimizar las preocupaciones con los testimonios, denuncias y noticias. Hay que dimensionar en su verdadera magnitud este problema. Y esa es una tarea urgente de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
La escopolamina y otras sustancias utilizadas para reducir la capacidad de reacción de una persona representan un desafío particular. La víctima puede quedar en una situación de extrema vulnerabilidad frente al robo y otros delitos. Además, si no hay una denuncia oportuna, los exámenes médicos adecuados y opotunos ni una invetigación policial eficaz, no se puede establecer qué ocurrió.
Por eso, la prevención no puede limitarse a recomendaciones individuales.
Los testimonios mayoritarios relatan que sus crisis comenzaron por la noche, en contextos de las relaciones humanas de naturaleza distinta. También suelen aprovecharse de los adultos mayores, quienes por buena voluntad y una confianza ingenua, desconocen las intenciones y ayudan a dar, por ejemplo, con una dirección escrita en un papel que tiene la sustancia.
Por eso, en las noches, es razonable aconsejar precaución en bares, discotecas, fiestas y otros espacios de alta concurrencia. También es importante evitar bebidas de desconocidos, mantener bajo supervisión las propias y buscar ayuda inmediata ante cualquier situación extraña.
Sin embargo, trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos sería insuficiente.
El segundo frente es la investigación. Cuando exista una sospecha fundada, debe haber procedimientos claros para atender a la víctima, realizar los exámenes pertinentes y preservar elementos que puedan servir dentro de un proceso penal. Una respuesta tardía puede dificultar el esclarecimiento de los hechos.
También corresponde reforzar la prevención en zonas de entretenimiento nocturno y otros lugares donde se hayan identificado riesgos. Los controles deben partir de información policial y no convertirse simplemente en operativos ocasionales.
Los establecimientos, por su parte, pueden fortalecer sus protocolos para asistir rápidamente a una persona que presente un comportamiento inusual o parezca encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Pero hay una necesidad adicional: información pública confiable. La ciudadanía necesita saber cómo reconocer una situación de riesgo, dónde acudir y qué hacer ante una sospecha. Las campañas de prevención deben evitar tanto el alarmismo como la falsa seguridad.
Los casos conocidos durante 2026 plantean preguntas que las autoridades deben responder. ¿Cuántas denuncias existen? ¿Cuántas han podido comprobarse? ¿En qué sectores ocurren con mayor frecuencia? ¿Qué sustancias han sido identificadas? Sin esas respuestas, resulta difícil establecer políticas públicas y también dimensionar correctamente el problema.
La seguridad requiere prevención, investigación y datos. Frente a la preocupación por el posible uso de escopolamina para cometer delitos, el Estado debe ofrecer las tres cosas. Y debe hacerlo antes de que la repetición de casos convierta el temor ciudadano en una nueva forma de acostumbramiento a la inseguridad.
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Los familiares o los mismos afectados han contado sus experiencias con este equipo para cometer diverso tipo de delitos. De hecho, las propias autoridades del Gobierno han reconocido que existen investigaciones sobre hechos de esta naturaleza.
No es responsable concluir, sin estadísticas oficiales, que el uso delictivo de la escopolamina ha aumentado en este año. Pero tampoco podemos minimizar las preocupaciones con los testimonios, denuncias y noticias. Hay que dimensionar en su verdadera magnitud este problema. Y esa es una tarea urgente de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
La escopolamina y otras sustancias utilizadas para reducir la capacidad de reacción de una persona representan un desafío particular. La víctima puede quedar en una situación de extrema vulnerabilidad frente al robo y otros delitos. Además, si no hay una denuncia oportuna, los exámenes médicos adecuados y opotunos ni una invetigación policial eficaz, no se puede establecer qué ocurrió.
Por eso, la prevención no puede limitarse a recomendaciones individuales.
Los testimonios mayoritarios relatan que sus crisis comenzaron por la noche, en contextos de las relaciones humanas de naturaleza distinta. También suelen aprovecharse de los adultos mayores, quienes por buena voluntad y una confianza ingenua, desconocen las intenciones y ayudan a dar, por ejemplo, con una dirección escrita en un papel que tiene la sustancia.
Por eso, en las noches, es razonable aconsejar precaución en bares, discotecas, fiestas y otros espacios de alta concurrencia. También es importante evitar bebidas de desconocidos, mantener bajo supervisión las propias y buscar ayuda inmediata ante cualquier situación extraña.
Sin embargo, trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos sería insuficiente.
El segundo frente es la investigación. Cuando exista una sospecha fundada, debe haber procedimientos claros para atender a la víctima, realizar los exámenes pertinentes y preservar elementos que puedan servir dentro de un proceso penal. Una respuesta tardía puede dificultar el esclarecimiento de los hechos.
También corresponde reforzar la prevención en zonas de entretenimiento nocturno y otros lugares donde se hayan identificado riesgos. Los controles deben partir de información policial y no convertirse simplemente en operativos ocasionales.
Los establecimientos, por su parte, pueden fortalecer sus protocolos para asistir rápidamente a una persona que presente un comportamiento inusual o parezca encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Pero hay una necesidad adicional: información pública confiable. La ciudadanía necesita saber cómo reconocer una situación de riesgo, dónde acudir y qué hacer ante una sospecha. Las campañas de prevención deben evitar tanto el alarmismo como la falsa seguridad.
Los casos conocidos durante 2026 plantean preguntas que las autoridades deben responder. ¿Cuántas denuncias existen? ¿Cuántas han podido comprobarse? ¿En qué sectores ocurren con mayor frecuencia? ¿Qué sustancias han sido identificadas? Sin esas respuestas, resulta difícil establecer políticas públicas y también dimensionar correctamente el problema.
La seguridad requiere prevención, investigación y datos. Frente a la preocupación por el posible uso de escopolamina para cometer delitos, el Estado debe ofrecer las tres cosas. Y debe hacerlo antes de que la repetición de casos convierta el temor ciudadano en una nueva forma de acostumbramiento a la inseguridad.
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