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Fabiola Pomareda García
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Tres empresas autobuseras presentaron ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) solicitudes de alza en los pasajes de autobús que oscilan entre 28,89% y 361%, ante lo cual la Defensoría de los Habitantes presentó una oposición técnica, argumentando que esto significaría un impacto económico desproporcionado para las personas usuarias.
De acuerdo con el expediente ET-012-2026, que tramita la Intendencia de Transportes de la Aresep, el Consorcio de Transportes Cooperativos Metrocoop R.L. solicitó un ajuste tarifario para la ruta 90 descrita como: San José-Hatillo Alajuelita- La Aurora- Anonos- Colonia Kennedy- Colonia 15 de Setiembre. En el ramal San José – Colonia Kennedy el pasaje pasaría de ¢225 a ¢290 (aumento de 28,89%), mientras que en el ramal San José – Hatillo 1 y 2 subiría de ¢310 a ¢400 (aumento de 29,03%).
Dentro del expediente tarifario ET-014-2026, la empresa Transportes Doscientos Cinco S.A. solicitó un ajuste sobre las tarifas de la ruta 94 San José -Alajuelita y ramales. El pasaje aumentaría un 48,61%, pasando de ¢360 a ¢535.
Asimismo, la empresa Autotransportes Chavarría Meza S.A. solicitó un ajuste de las tarifas que cobra por el servicio de la ruta 514 Upala-San José de Upala-Santa Cecilia y ramales. El pasaje en el trayecto Upala-Santa Clara aumentaría 105%, de ¢300 a ¢615. Mientras que en el trayecto La Cruz-Santa Cecilia aumentaría un 361,54%, de ¢455 a ¢2.100, según el expediente ET-003-2026.
La Defensoría de los Habitantes presentó una oposición técnica ante la Aresep contra estas tres solicitudes de fijación tarifaria ordinaria argumentando que “presentan deficiencias estructurales en sus datos y amenazan el derecho de las personas usuarias con el servicio al costo”. La Defensoría destacó que las tarifas deben sustentarse en un volumen de pasajeros con estudios técnicos o datos revisados, no en estadísticas sin justificación material.
En primer lugar, la Defensoría planteó que los ajustes solicitados carecen de racionalidad, proporcionalidad y de estudios de impacto socioeconómico y que los montos vulneran el principio de asequibilidad progresiva y representan una barrera económica que limita el acceso al trabajo, la salud y la educación para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En segundo lugar, la institución alegó que comprobó graves inconsistencias en las bases de datos operativas utilizadas para justificar los aumentos. Por ejemplo, señaló que en la ruta 94 (San José – Alajuelita) existen días operativos donde se reporta la ejecución de carreras; pero un registro de cero pasajeros movilizados, así como caídas atípicas extremas en la frecuencia de viajes. También indicó que al contrastar la información de las rutas 90 (San José – Hatillos) y 514 (San José – Upala) con los registros oficiales de Aresep, se evidencian diferencias drásticas que sugieren una “subestimación de la demanda real”.
En tercer lugar, la Defensoría denunció la “ruptura del principio de servicio al costo”. “Al presentar subregistros evidentes y omitir ramales activos, se incrementa artificialmente el costo unitario por pasajero. La Defensoría advierte que la persona usuaria final no debe asumir el riesgo ni el costo económico derivados de los errores o debilidades administrativas del operador al consolidar sus estadísticas”, afirmó.
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