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Daniel Zenteno
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Sectores del empresariado boliviano realizaron una lectura positiva del Decreto Supremo 5503, al considerar que el levantamiento de la subvención a los combustibles constituye una medida estructural necesaria para reducir el déficit fiscal y garantizar el abastecimiento energético del país, aunque expresaron preocupación por el incremento del salario mínimo nacional.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, afirmó a La Razón que el retiro del subsidio a la gasolina y al diésel es una decisión fundamental para ordenar la economía, pero advirtió que el aumento del salario mínimo del 20% genera presión adicional sobre la estructura de costos de las empresas. Señaló que esta determinación fue adoptada de forma unilateral por el Gobierno y no fue tratada previamente en los espacios de diálogo con el sector privado.
Kempff remarcó la necesidad de convocar a un encuentro tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores para consensuar medidas que resguarden el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Desde Santa Cruz, el director del Centro Boliviano de Economía de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Pablo Mendieta, sostuvo que el impacto del retiro del subsidio a los combustibles sobre los precios finales no debería superar el 8%.
Explicó que, en términos directos, el alza de la gasolina podría sumar alrededor de un punto porcentual a la inflación, aunque en sectores donde el transporte representa cerca del 30% de los costos, el efecto total podría ampliarse en una segunda vuelta.
Mendieta subrayó que no existe justificación técnica para incrementos de hasta 80% o 100% en las tarifas del transporte público y estimó que el efecto en los precios de los alimentos debería rondar el 5%. Aclaró que el escenario actual responde más a una corrección de precios que a una inflación generada exclusivamente por el ajuste.
Ambos analistas coincidieron en que el momento elegido para la medida ayuda a amortiguar el impacto inmediato, debido al pago de aguinaldos de fin de año, y que la eliminación del subsidio era inevitable para evitar un mayor deterioro fiscal.
No obstante, insistieron en que el desafío central será corregir los efectos del ajuste sobre los sectores más vulnerables y fortalecer los mecanismos de diálogo y compensación social, sin retroceder en una reforma que consideran clave para la estabilidad económica del país.
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El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, afirmó a La Razón que el retiro del subsidio a la gasolina y al diésel es una decisión fundamental para ordenar la economía, pero advirtió que el aumento del salario mínimo del 20% genera presión adicional sobre la estructura de costos de las empresas. Señaló que esta determinación fue adoptada de forma unilateral por el Gobierno y no fue tratada previamente en los espacios de diálogo con el sector privado.
Kempff remarcó la necesidad de convocar a un encuentro tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores para consensuar medidas que resguarden el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Cainco
Desde Santa Cruz, el director del Centro Boliviano de Economía de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Pablo Mendieta, sostuvo que el impacto del retiro del subsidio a los combustibles sobre los precios finales no debería superar el 8%.
Explicó que, en términos directos, el alza de la gasolina podría sumar alrededor de un punto porcentual a la inflación, aunque en sectores donde el transporte representa cerca del 30% de los costos, el efecto total podría ampliarse en una segunda vuelta.
Mendieta subrayó que no existe justificación técnica para incrementos de hasta 80% o 100% en las tarifas del transporte público y estimó que el efecto en los precios de los alimentos debería rondar el 5%. Aclaró que el escenario actual responde más a una corrección de precios que a una inflación generada exclusivamente por el ajuste.
Ambos analistas coincidieron en que el momento elegido para la medida ayuda a amortiguar el impacto inmediato, debido al pago de aguinaldos de fin de año, y que la eliminación del subsidio era inevitable para evitar un mayor deterioro fiscal.
No obstante, insistieron en que el desafío central será corregir los efectos del ajuste sobre los sectores más vulnerables y fortalecer los mecanismos de diálogo y compensación social, sin retroceder en una reforma que consideran clave para la estabilidad económica del país.
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