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María Teresa Blanco, ABC Color
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La fiscal Laury Vázquez de Caazapá, presentó imputación contra dos hombres por la presunta comisión de los hechos punibles de soborno del elector, circulación de monedas no auténticas y estafa. Ayer allanó una vivienda en busca de más información para sustentar su investigación.
Según la fiscal Vázquez Rivas existen suficientes elementos que sustentan la imputación contra Sergio Flores Benítez (55 años) y Ricardo Galeano (65 años) en el marco de la causa sobre presunto soborno y dinero falso en inmediaciones de un PC colorado el día de las elecciones internas del pasado domingo.
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En persecución de la investigación del dinero falso se allanó ayer un inmueble en una compañía de Caazapá y, según datos recabados, el propietario sería quien habría distribuido los billetes a los lugareños el día de las elecciones. El Ministerio Público aún no dio a conocer el nombre, pues considera que existen más cómplices y se está actuando con cautela.
Lea más: Elecciones Municipales: Caazapá es territorio cartista.
En el marco de la causa, el Juzgado Penal de Garantías no consideró el peligro de obstrucción y, pese a decretar la prisión preventiva de los encausados, se les otorgó la suspensión de la ejecución de dicha medida, imponiéndole arresto domiciliario y otras obligaciones que deberá cumplir.
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Según la fiscal Vázquez Rivas existen suficientes elementos que sustentan la imputación contra Sergio Flores Benítez (55 años) y Ricardo Galeano (65 años) en el marco de la causa sobre presunto soborno y dinero falso en inmediaciones de un PC colorado el día de las elecciones internas del pasado domingo.
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Allanamiento de vivienda
En persecución de la investigación del dinero falso se allanó ayer un inmueble en una compañía de Caazapá y, según datos recabados, el propietario sería quien habría distribuido los billetes a los lugareños el día de las elecciones. El Ministerio Público aún no dio a conocer el nombre, pues considera que existen más cómplices y se está actuando con cautela.
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En el marco de la causa, el Juzgado Penal de Garantías no consideró el peligro de obstrucción y, pese a decretar la prisión preventiva de los encausados, se les otorgó la suspensión de la ejecución de dicha medida, imponiéndole arresto domiciliario y otras obligaciones que deberá cumplir.
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