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Monserrat Cordero Parra
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El aborto terapéutico, aunque es una figura legal establecida en el Artículo 121 del Código Penal, es un tabú en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así lo reflejan las cifras poco claras que registra la institución y los largos tiempos de espera para brindar información, así como el hermetismo de sus autoridades a conversar sobre el tema.
En esa línea, la Dirección de Redes de Servicios de Salud de la CCSS, el 3 de diciembre anterior, trasladó información incompleta a UNIVERSIDAD sobre la cantidad de abortos terapéuticos registrados de 2019 al 2025 en los diferentes centros médicos de la institución, a pesar de que las consultas se realizaron desde el 16 de octubre de ese año.
De acuerdo con los datos, de 2019 a diciembre de 2025, se registraron un total de 16 abortos terapéuticos, de los cuales 13 se realizaron en el Hospital México y 3 en el Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.
Se desconocen datos referentes al Calderón Guardia, San Juan de Dios, Monseñor Sanabria, San Vicente de Paúl, De las Mujeres Adolfo Carit Eva, y San Rafael de Alajuela, pues no se brindó ninguna información.
Pero esta no fue la única barrera encontrada para acceder a la información. UNIVERSIDAD solicitó a la CCSS una entrevista sobre el tema en múltiples ocasiones y la misma nunca fue brindada.
Específicamente, el 20 y 22 de enero de este año, la Gerencia Médica respondió que “por tema de agendas en este momento no es posible la entrevista”.
Asimismo, el Área de Estadística en Salud de la CCSS informó también a este Semanario el 4 de diciembre del año anterior que, desde el año 2019 a esa fecha, se habían registrado 27 egresos hospitalarios debido a aborto terapéutico. De ese total, 13 se registraron en el año 2025 y 8 en 2024.
Sobre los otros períodos, indicaron que no era posible desagregar el dato según año debido a que se registraban frecuencias pequeñas, y de acuerdo con la Ley 9694 del Sistema de Estadística Nacional, “los datos no pueden publicarse de manera individual, sino que deben entregarse cifras agrupadas de al menos tres casos”.
A pesar de estas cifras, que son consideradas “bajas” por los expertos en la materia, el 15 de octubre del año anterior, el presidente Rodrigo Chaves derogó la norma técnica vigente desde 2019 y emitió un nuevo reglamento. En ese momento, el mandatario justificó la decisión sugiriendo que su interpretación era demasiado amplia, y que “tenía huecos por donde podían pasar camiones de 18 ruedas”.
“Lo que queda en evidencia es que las decisiones que se han tomado de manera histórica han sido no solo antojadizas, sino también no acordes a las necesidades de las mujeres, y eso es sumamente preocupante por el impacto que tiene un embarazo que puede afectar la vida y salud de estas personas“, criticó la abogada especializada en Derechos Humanos y género, Larissa Arroyo.
Consultados sobre este tema, la Asociación Ciudadana Acceder, por su parte, atribuyó la poca claridad en los datos estadísticos, al peso que puede estar teniendo las diferentes manifestaciones del Gobierno de Chaves, las cuales han buscado dar retroceso a la norma técnica del 2019. A esto se suma el contexto electoral del año anterior, en el cual se reabrieron discursos que buscan generar discordia sobre este procedimiento médico.
Cuestionan baja cantidad de casos
Los 16 abortos terapéuticos reportados desde 2019 a diciembre del 2025 son, en criterio de los especialistas, un claro reflejo de la existencia de limitaciones para acceder a este procedimiento médico, tales como la falta de información de los pacientes, la burocracia implícita en el proceso, la incertidumbre jurídica del personal médico y su componente religioso-espiritual, así como el diagnóstico tardío del embarazo, entre otros.
“Intuitivamente podemos decir que en un país donde la población es de 5 millones de personas, no nos dan los números. No hay forma. ¿Cómo puedo tener seguridad de que se ofrece efectivamente?”, cuestionó Arroyo.
Sobre la falta de información, específicamente, la abogada señaló que el Estado falla en su deber de “debida diligencia”, pues a este le corresponde informar a los pacientes sobre las opciones que tiene.
“Yo lo que creo es que hay que ‘pre anular’, por así decirlo, los datos. Cuando nos dan estos datos y nos dicen, ‘eso es lo que hay’, eso no significa que eso sea lo que esté. Hay algo que se llama principio de la debida diligencia. La debida diligencia es básicamente que el Estado tiene que hacer todo lo posible para garantizar la prevención, la atención, la sanción, la investigación y la reparación de las violencias basadas en género”, externó Arroyo.
“Si el derecho a la salud, que es reconocido por el Estado, si este no lo garantiza, podríamos decir que hay violencia, y entonces, en ese sentido, el planteamiento es el siguiente: si el Estado no está brindando la información, ni siquiera está dejando a la persona tomar la decisión. Aquí el punto es si se está dando efectivamente la información y si se está dando, cómo se está dando”, agregó.
Esto fue respaldado por el especialista en Bioética, Alejandro Marín, quien mencionó que existe un desconocimiento de la población sobre su derecho a solicitar una valoración médica para así ver si su caso califica para este procedimiento médico.
Marín señaló que este desconocimiento también se encuentra presente entre el personal médico, el cual muchas veces no sabe que existe esta vía, por ejemplo, para casos de malformación congénita incompatible con la vida extrauterina, y por esa razón no los refiere.
El otro elemento que influye es la incertidumbre jurídica que enfrenta el personal de salud. De acuerdo con la abogada especialista en Derechos Humanos, incluso cuando existe la necesidad médica, los doctores temen represalias legales.
“Creo que una barrera definitivamente es la educación en derechos. Además nos enfrentamos a un océano de violencia gineco-obstétrica sostenida, que es estructural e histórica”, agregó.
La Asociación Ciudadana Acceder acotó, en ese sentido, que el proceso para recibir un aborto terapéutico sigue siendo engorroso y que el personal médico no ha sido sensibilizado sobre la aplicación de la norma.
Agregaron que otra barrera es el estigma que conlleva realizar un aborto. Por esta razón, muchas veces las solicitudes ni siquiera se plantean o son rechazadas por los profesionales de la salud.
Critican nueva norma técnica
El Gobierno de Rodrigo Chaves emitió una nueva norma técnica de aborto terapéutico en octubre del año anterior, con el fin de cerrar los “portillos” que “dejó abiertos” la normativa del 2019, según señalaron.
De acuerdo con el especialista en Bioética, Alejandro Marín, este nuevo decreto introduce vacíos legales y técnicos que podrían retrasar la atención oportuna de las mujeres.
“El principal problema de la normativa actual es que se convirtió en ambigua en el proceso de recepción de los casos, en su trámite, su desarrollo, los responsables y la supervisión del proceso”, externó Marín.
En su criterio, el reglamento traza una ruta para acceder a la valoración médica del caso que “no es clara”. Asimismo, aumenta la cantidad de especialistas que deben participar en el proceso de análisis.
A este problema se suma el lenguaje ambiguo en la normativa, los cuales no son conocidos en el ámbito médico ni jurídico.
“Esto puede generar que ante la ambigüedad y la incertidumbre, los médicos se paralicen ante estos casos”, criticó.
Ante esta situación, los médicos han optado por utilizar términos que estaban en la normativa anterior, o apegarse a nomenclatura internacional.
“La norma no sé quién la redactó, pero las personas o el equipo que la redactaron, demuestran muy poco conocimiento del tema. (…) En mi criterio se violenta el derecho a la salud, entendido como un acceso oportuno”, finalizó.
La entrada El tabú en la CCSS: aborto terapéutico se escabulle entre datos incompletos y silencio institucional aparece primero en Semanario Universidad.
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