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El proyecto que modifica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos da un golpe duro a los grandes empresarios del país que, si se aprueba totalmente la pieza, pagarían hasta cuatro veces el monto que actualmente desembolsan cada año para los desechos.
La pieza fue aprobada el miércoles en un trámite exprés y el mismo día en que fue depositada, sin pasar por el estudio de las comisiones y bajo un procedimiento de urgencia.
La iniciativa modifica el artículo 36 de la legislación y uno de los cambios más relevantes que incluye es que las empresas con ingresos superiores a 2,000 millones de pesos pasarían de pagar un máximo 675,000 pesos al año a realizar aportes de 3,000,000 de pesos.
Hasta ahora, la ley vigente establece un tope de 675,000 pesos para todas las empresas con ingresos superiores a 100 millones, independientemente de si facturan cientos de millones o miles de millones de pesos al año.
La modificación aprobada por el Senado divide ese aspecto en varios escalones y establece aportes diferenciados según el nivel de ingresos.
Antes: pagaban 675,000 pesos
Ahora: pagarían 3 millones pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: pagarían 1.7 millones de pesos
Antes: pagaban 675,000 pesos
Ahora: pagarían 700,000 pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: mantendrían el mismo aporte de 675,000 pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: pagarían 500,000 pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: pagarían 400,000 pesos.
Antes: pagaban 260,000 pesos.
Ahora: pagarían entre 120,000 y 150,000 pesos, dependiendo del tramo en que se encuentren.
Antes: pagaban 155,000.
Ahora: pagarían 90,000.
Antes: las empresas con ingresos de hasta un millón pagaban 3,000 pesos, mientras las que superaban ese monto y llegaban hasta 10 millones aportaban 6,000 pesos.
Ahora: las empresas con ingresos de hasta 5 millones aportarían 3,500 pesos.
Además de modificar los montos, la propuesta aumenta de seis a doce los niveles de contribución establecidos para las empresas, creando una estructura más segmentada según los ingresos reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La pieza también incorpora una exclusión expresa para las organizaciones sin fines de lucro, que quedarían exceptuadas del pago de esta contribución especial.
Uso de los fondos
La contribución especial, según lo aprobado en el Senado, está destinada a alimentar el fideicomiso creado por la Ley 225-20 para financiar proyectos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización, gastos operativos y otros programas vinculados al manejo de los desechos.
La modificación aprobada por el Senado también extiende de 60 días a seis meses el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición de importar pajillas, cubiertos plásticos y productos de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
El cambio otorgaría más tiempo a importadores y comercios para adecuarse a las nuevas disposiciones de la ley.
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El proyecto que se aprobó en el Senado, sin estudios previos y con urgencia, ahora se dirige a la Cámara de Diputados para seguir el mismo trámite de aprobaciones en dos discusiones.
Desde allí, el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) apoyó el aumento por residuos sólidos para las empresas millonarias y dijo que el incremento estaría basado en un equilibrio entre lo que pagarían y las exenciones fiscales de las que gozan actualmente.
Sin embargo, el diputado Mayobanex Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que el aumento es “excesivo” y que debe ser revisado en la Cámara de Diputados cuando la pieza llegue a esa ala congresual.
La modificación a la Ley de Residuos Sólidos es la segunda que se ejecuta en menos de un año en el Congreso, después del nacimiento de la ley en 2020.
Los empresarios la rechazan
Al conocer los detalles del proyecto aprobado, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) señaló que las nuevas contribuciones contempladas en el proyecto fueron establecidas sin que se conozcan estudios técnicos que sustenten los montos propuestos, por lo que entiende que la normativa debe garantizar criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad.
Mientras que la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) criticó la aprobación de la reforma al considerar que los proyectos de inversión requieren una discusión técnica más amplia y la participación de los sectores vinculados a la actividad productiva nacional.
De su lado, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó que la forma acelerada en la que se aprobó el proyecto evidencia la falta de consultas o estudios técnicos que justifiquen la magnitud de los montos propuestos.
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La pieza fue aprobada el miércoles en un trámite exprés y el mismo día en que fue depositada, sin pasar por el estudio de las comisiones y bajo un procedimiento de urgencia.
La iniciativa modifica el artículo 36 de la legislación y uno de los cambios más relevantes que incluye es que las empresas con ingresos superiores a 2,000 millones de pesos pasarían de pagar un máximo 675,000 pesos al año a realizar aportes de 3,000,000 de pesos.
Hasta ahora, la ley vigente establece un tope de 675,000 pesos para todas las empresas con ingresos superiores a 100 millones, independientemente de si facturan cientos de millones o miles de millones de pesos al año.
La modificación aprobada por el Senado divide ese aspecto en varios escalones y establece aportes diferenciados según el nivel de ingresos.
Antes vs. ahora
- Empresas con ingresos superiores a 2,000 millones de pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos
Ahora: pagarían 3 millones pesos.
- Empresas con ingresos entre 1,000 millones y 2,000 millones de pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: pagarían 1.7 millones de pesos
- Empresas con ingresos entre 700 millones y 1,000 millones de pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos
Ahora: pagarían 700,000 pesos.
- Empresas con ingresos entre 500 millones y 700 millones de pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: mantendrían el mismo aporte de 675,000 pesos.
- Empresas con ingresos entre 300 millones y 500 millones de pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: pagarían 500,000 pesos.
- Empresas con ingresos entre 100 millones y 300 millones pesos.
Antes: pagaban 675,000 pesos.
Ahora: pagarían 400,000 pesos.
- Empresas con ingresos entre 50 millones y 100 millones de pesos.
Antes: pagaban 260,000 pesos.
Ahora: pagarían entre 120,000 y 150,000 pesos, dependiendo del tramo en que se encuentren.
- Empresas con ingresos entre 25 millones y 50 millones de pesos.
Antes: pagaban 155,000.
Ahora: pagarían 90,000.
- Empresas con ingresos de hasta 5 millones de pesos.
Antes: las empresas con ingresos de hasta un millón pagaban 3,000 pesos, mientras las que superaban ese monto y llegaban hasta 10 millones aportaban 6,000 pesos.
Ahora: las empresas con ingresos de hasta 5 millones aportarían 3,500 pesos.
Nuevos criterios
Además de modificar los montos, la propuesta aumenta de seis a doce los niveles de contribución establecidos para las empresas, creando una estructura más segmentada según los ingresos reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La pieza también incorpora una exclusión expresa para las organizaciones sin fines de lucro, que quedarían exceptuadas del pago de esta contribución especial.
Uso de los fondos
La contribución especial, según lo aprobado en el Senado, está destinada a alimentar el fideicomiso creado por la Ley 225-20 para financiar proyectos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización, gastos operativos y otros programas vinculados al manejo de los desechos.
Amplían tiempo
La modificación aprobada por el Senado también extiende de 60 días a seis meses el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición de importar pajillas, cubiertos plásticos y productos de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
El cambio otorgaría más tiempo a importadores y comercios para adecuarse a las nuevas disposiciones de la ley.
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Desde allí, el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) apoyó el aumento por residuos sólidos para las empresas millonarias y dijo que el incremento estaría basado en un equilibrio entre lo que pagarían y las exenciones fiscales de las que gozan actualmente.
Sin embargo, el diputado Mayobanex Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que el aumento es “excesivo” y que debe ser revisado en la Cámara de Diputados cuando la pieza llegue a esa ala congresual.
La modificación a la Ley de Residuos Sólidos es la segunda que se ejecuta en menos de un año en el Congreso, después del nacimiento de la ley en 2020.
Los empresarios la rechazan
Al conocer los detalles del proyecto aprobado, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) señaló que las nuevas contribuciones contempladas en el proyecto fueron establecidas sin que se conozcan estudios técnicos que sustenten los montos propuestos, por lo que entiende que la normativa debe garantizar criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad.
Mientras que la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) criticó la aprobación de la reforma al considerar que los proyectos de inversión requieren una discusión técnica más amplia y la participación de los sectores vinculados a la actividad productiva nacional.
De su lado, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó que la forma acelerada en la que se aprobó el proyecto evidencia la falta de consultas o estudios técnicos que justifiquen la magnitud de los montos propuestos.
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