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Betty Jumbo
Guest
El noroccidente de Pichincha tiene un río, que silenciosamente se ha convertido en una lección de organización comunitaria; se trata de río Caoní que atraviesa San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Para muchas familias de esos tres cantones ha sido testigo de infancias, punto de encuentro y fuente de vida.
Hoy, sin embargo, ese mismo río Caoní enfrenta una amenaza que avanza más rápido que la capacidad institucional para contenerla: el crecimiento descontrolado de urbanizaciones vacacionales, la deforestación y la falta de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales. Pero, también, una falta de acciones concretas desde lo institucional en todos los niveles.
Frente a ese panorama, la respuesta más significativa no ha venido, hasta ahora, de los gobiernos locales ni del Estado central, sino de los propios habitantes.
La iniciativa Salvemos el Caoní, nacida en 2023 por impulso de empresarias de la zona, ha logrado algo que merece reconocimiento: convertir la preocupación ciudadana en evidencia científica. Con el respaldo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), se establecieron nueve puntos de monitoreo a lo largo del río Caoní, se analizaron 40 parámetros físico-químicos y se identificaron los tramos más afectados por la contaminación. Ese trabajo, sumado a los proyectos de senderismo, ciclismo y educación ambiental para los niños de la zona, demuestra que la sociedad civil puede liderar procesos técnicos serios cuando existe compromiso genuino.
Pero esa misma solidez del trabajo ciudadano deja en evidencia una ausencia preocupante: la del Estado. El Caoní no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni cuenta con ningún mecanismo oficial de conservación, pese a estar en la zona de transición de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, declarada por la Unesco en 2018. Los estudios ya existen y revelan lo que está ocurriendo con el río Caoní y a partir de esos datos hay un camino que se puede seguir para tomar acciones de conservación.
Sin embargo, lo que falta es que los municipios de los tres cantones y el Ministerio del Ambiente conviertan ese conocimiento en política pública: ordenanzas de conservación, control efectivo sobre las lotizaciones y una inversión real en plantas de tratamiento.
La comunidad ha hecho su parte, y la ha hecho bien. Ahora corresponde a las autoridades locales, seccionales y nacionales acompañar ese esfuerzo con decisiones concretas, es decir, institucionalizar ese apoyo como piden los ciudadanos del colectivo Salvemos el Caoní. Un río que todavía puede recuperarse no debería depender únicamente de la buena voluntad de sus vecinos.
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Hoy, sin embargo, ese mismo río Caoní enfrenta una amenaza que avanza más rápido que la capacidad institucional para contenerla: el crecimiento descontrolado de urbanizaciones vacacionales, la deforestación y la falta de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales. Pero, también, una falta de acciones concretas desde lo institucional en todos los niveles.
Frente a ese panorama, la respuesta más significativa no ha venido, hasta ahora, de los gobiernos locales ni del Estado central, sino de los propios habitantes.
La iniciativa Salvemos el Caoní, nacida en 2023 por impulso de empresarias de la zona, ha logrado algo que merece reconocimiento: convertir la preocupación ciudadana en evidencia científica. Con el respaldo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), se establecieron nueve puntos de monitoreo a lo largo del río Caoní, se analizaron 40 parámetros físico-químicos y se identificaron los tramos más afectados por la contaminación. Ese trabajo, sumado a los proyectos de senderismo, ciclismo y educación ambiental para los niños de la zona, demuestra que la sociedad civil puede liderar procesos técnicos serios cuando existe compromiso genuino.
Pero esa misma solidez del trabajo ciudadano deja en evidencia una ausencia preocupante: la del Estado. El Caoní no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni cuenta con ningún mecanismo oficial de conservación, pese a estar en la zona de transición de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, declarada por la Unesco en 2018. Los estudios ya existen y revelan lo que está ocurriendo con el río Caoní y a partir de esos datos hay un camino que se puede seguir para tomar acciones de conservación.
Sin embargo, lo que falta es que los municipios de los tres cantones y el Ministerio del Ambiente conviertan ese conocimiento en política pública: ordenanzas de conservación, control efectivo sobre las lotizaciones y una inversión real en plantas de tratamiento.
La comunidad ha hecho su parte, y la ha hecho bien. Ahora corresponde a las autoridades locales, seccionales y nacionales acompañar ese esfuerzo con decisiones concretas, es decir, institucionalizar ese apoyo como piden los ciudadanos del colectivo Salvemos el Caoní. Un río que todavía puede recuperarse no debería depender únicamente de la buena voluntad de sus vecinos.
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