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Mónica Palm
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se negó a responder sobre las acciones comisadas a Editora Panamá América, S.A. (Epasa), como ordenó la juez penal Baloisa Marquínez, al considerar que se trata de información “de acceso restringido”.
El MEF no explicó cómo el acceso a información sobre el cumplimiento —o incumplimiento— de una de las penas dictadas en una sentencia penal por un tribunal panameño puede ser, de alguna forma, restringido. Otra muestra de la inagotable suerte del expresidente.
La Prensa presentó una solicitud de información al ministro Felipe Chapman para conocer qué ha pasado con el 40% de las acciones de Epasa que ya fueron entregadas al Estado, como parte de los acuerdos de colaboración que pactó la fiscalía con dos antiguos socios de Epasa, antes de la celebración del juicio del caso New Business, en mayo de 2023.
Por esa razón, se envió un cuestionario de cuatro preguntas el pasado 6 de marzo, invocando la Ley 6 del 22 de enero de 2002 (“Ley de Transparencia”).
¿Desde qué fecha el MEF tiene dichas acciones? ¿Quién representa al Estado panameño ante la junta directiva o la junta de accionistas de Epasa?
El MEF no atendió las preguntas.
En su lugar, el jefe de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del MEF, Lorenzo Rivera, emitió la Resolución MEF-RES-2026-1130 del 30 de marzo de 2026, en la que declara que la información solicitada es de acceso restringido. No se podría culpar a nadie que piense que este esfuerzo por ocultar los hechos es, en realidad, un acto de encubrimiento.
Rivera cita el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 359 de 2015, que dice: “La información relacionada con los bienes aprehendidos y comisados bajo administración del MEF será considerada de acceso restringido para los efectos de la Ley 6 de 22 de enero de 2002”.
Esta prohibición “se extiende a todos los matices de información así requeridos, desde listados y registros hasta la identificación de los elementos procesales consecutivos de los bienes aprehendidos y comisados”, apuntó en la Resolución MEF-RES-2026-1130.
Lo que convenientemente omitió Rivera es que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 14 de la propia Ley de Transparencia, el acceso a la información sobre esas acciones dejó de ser restringido cuando el caso New Business quedó ejecutoriado. Como el 30 de marzo de 2026 el proceso tenía más de dos años de haber hecho tránsito a cosa juzgada, la Resolución MEF-RES-2026-1130 habría sido dictada en abierta e indiscutible violación de la ley.
Conocer cómo ha sido la actuación del Estado adquiere especial relevancia porque, desde que la sentencia de New Business quedó ejecutoriada, se ha celebrado por lo menos una reunión de la junta de accionistas.
¿Qué decisiones fueron aprobadas allí y cómo votó el representante de las acciones del Estado?
En el acta de la reunión extraordinaria, celebrada el 30 de septiembre de 2024, se anotó que en esta estuvieron presentes (personalmente, por teleconferencia o a través de apoderado) los tenedores de la “totalidad” de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, “quienes renunciaron a la citación previa”. ¿Eso incluye al Estado panameño? Para esa fecha, el MEF ya debía tener, si no el 100 %, por lo menos el 40 % de las acciones que entregaron Mizrachi y Francolini como parte de sus acuerdos con la fiscalía. ¿Quién representó y votó en esa reunión en nombre de las acciones bajo custodia del MEF?
En aquella reunión extraordinaria se aceptaron las renuncias de Luis Eduardo Camacho González, Gilberto Cruz y Theodoro Theodorou Stefano como presidente, secretario y tesorero, respectivamente. En su reemplazo, fueron designados Eduardo Pinnock Quintero (presidente), Zelideth Fernández (secretaria), Erika Domínguez (tesorera) y Jorge Gantes (director). El agente residente es la firma Cruz Ríos y Asociados.
Pinnock fue candidato a diputado en el circuito 8-3 en las elecciones de mayo de 2024. Fue postulado por los partidos Realizando Metas (RM) -que fundó Ricardo Martinelli- y Alianza.
No es la primera vez que el MEF niega a La Prensa información sobre la sentencia de New Business.
El 2 de abril de 2025, se intentó conocer qué había ocurrido con los bienes supuestamente comisados.
Rivera, quien entonces ya era director de Administración de Bienes Aprehendidos, denegó la solicitud invocando el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 359 de 2015, anteriormente citado. Lo hizo también mediante la expedición de una resolución: la número MEF-RES-2025-1109.
En la sentencia condenatoria del caso New Business, dictada el 17 de julio de 2023, la juez Marquínez también dicto condena de prisión por blanqueo de capitales contra cinco personas, incluyendo al expresidente Martinelli, a quien, además, impuso una multa de $19.2 millones.
Además, ordenó la disolución de dos sociedades instrumentales utilizadas para cometer los ilícitos y el comiso de las acciones y bienes de Epasa.
Nada de lo ordenado por la juez Marquínez, ratificado por tribunales superiores, se ha cumplido hasta la fecha.
Próxima entrega: La Prensa acude a la Corte Suprema
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El MEF no explicó cómo el acceso a información sobre el cumplimiento —o incumplimiento— de una de las penas dictadas en una sentencia penal por un tribunal panameño puede ser, de alguna forma, restringido. Otra muestra de la inagotable suerte del expresidente.
La Prensa presentó una solicitud de información al ministro Felipe Chapman para conocer qué ha pasado con el 40% de las acciones de Epasa que ya fueron entregadas al Estado, como parte de los acuerdos de colaboración que pactó la fiscalía con dos antiguos socios de Epasa, antes de la celebración del juicio del caso New Business, en mayo de 2023.
Por esa razón, se envió un cuestionario de cuatro preguntas el pasado 6 de marzo, invocando la Ley 6 del 22 de enero de 2002 (“Ley de Transparencia”).
¿Desde qué fecha el MEF tiene dichas acciones? ¿Quién representa al Estado panameño ante la junta directiva o la junta de accionistas de Epasa?
El MEF no atendió las preguntas.
En su lugar, el jefe de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del MEF, Lorenzo Rivera, emitió la Resolución MEF-RES-2026-1130 del 30 de marzo de 2026, en la que declara que la información solicitada es de acceso restringido. No se podría culpar a nadie que piense que este esfuerzo por ocultar los hechos es, en realidad, un acto de encubrimiento.
Rivera cita el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 359 de 2015, que dice: “La información relacionada con los bienes aprehendidos y comisados bajo administración del MEF será considerada de acceso restringido para los efectos de la Ley 6 de 22 de enero de 2002”.
Esta prohibición “se extiende a todos los matices de información así requeridos, desde listados y registros hasta la identificación de los elementos procesales consecutivos de los bienes aprehendidos y comisados”, apuntó en la Resolución MEF-RES-2026-1130.
Lo que convenientemente omitió Rivera es que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 14 de la propia Ley de Transparencia, el acceso a la información sobre esas acciones dejó de ser restringido cuando el caso New Business quedó ejecutoriado. Como el 30 de marzo de 2026 el proceso tenía más de dos años de haber hecho tránsito a cosa juzgada, la Resolución MEF-RES-2026-1130 habría sido dictada en abierta e indiscutible violación de la ley.
¿Quién representó al Estado?
Conocer cómo ha sido la actuación del Estado adquiere especial relevancia porque, desde que la sentencia de New Business quedó ejecutoriada, se ha celebrado por lo menos una reunión de la junta de accionistas.
¿Qué decisiones fueron aprobadas allí y cómo votó el representante de las acciones del Estado?
En el acta de la reunión extraordinaria, celebrada el 30 de septiembre de 2024, se anotó que en esta estuvieron presentes (personalmente, por teleconferencia o a través de apoderado) los tenedores de la “totalidad” de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, “quienes renunciaron a la citación previa”. ¿Eso incluye al Estado panameño? Para esa fecha, el MEF ya debía tener, si no el 100 %, por lo menos el 40 % de las acciones que entregaron Mizrachi y Francolini como parte de sus acuerdos con la fiscalía. ¿Quién representó y votó en esa reunión en nombre de las acciones bajo custodia del MEF?
En aquella reunión extraordinaria se aceptaron las renuncias de Luis Eduardo Camacho González, Gilberto Cruz y Theodoro Theodorou Stefano como presidente, secretario y tesorero, respectivamente. En su reemplazo, fueron designados Eduardo Pinnock Quintero (presidente), Zelideth Fernández (secretaria), Erika Domínguez (tesorera) y Jorge Gantes (director). El agente residente es la firma Cruz Ríos y Asociados.
Pinnock fue candidato a diputado en el circuito 8-3 en las elecciones de mayo de 2024. Fue postulado por los partidos Realizando Metas (RM) -que fundó Ricardo Martinelli- y Alianza.
Secretismo
No es la primera vez que el MEF niega a La Prensa información sobre la sentencia de New Business.
El 2 de abril de 2025, se intentó conocer qué había ocurrido con los bienes supuestamente comisados.
Rivera, quien entonces ya era director de Administración de Bienes Aprehendidos, denegó la solicitud invocando el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 359 de 2015, anteriormente citado. Lo hizo también mediante la expedición de una resolución: la número MEF-RES-2025-1109.
En la sentencia condenatoria del caso New Business, dictada el 17 de julio de 2023, la juez Marquínez también dicto condena de prisión por blanqueo de capitales contra cinco personas, incluyendo al expresidente Martinelli, a quien, además, impuso una multa de $19.2 millones.
Además, ordenó la disolución de dos sociedades instrumentales utilizadas para cometer los ilícitos y el comiso de las acciones y bienes de Epasa.
Nada de lo ordenado por la juez Marquínez, ratificado por tribunales superiores, se ha cumplido hasta la fecha.
Próxima entrega: La Prensa acude a la Corte Suprema
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