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Orlando Silva
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió inadmitir la solicitud de juicio político presentada contra varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras detectar inconsistencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos legales este viernes 23 de enero de 2026.
El pedido lo presentó el asambleísta Luis Fernando Molina. El CAL analizó el informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) y concluyó que la solicitud no cumplió con los parámetros establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El CAL fundamentó su resolución en el incumplimiento de los artículos 131 de la Constitución y 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según el análisis técnico, la solicitud careció de la firma electrónica del proponente en el documento principal, ya que esta constó únicamente en un memorando del DTS.
El informe también detalló que, de las 46 firmas presentadas, 15 resultaron inválidas por problemas de integridad electrónica, verificados mediante las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data. Además, uno de los registros no incluyó la documentación de principalización del asambleísta correspondiente.
Al contar solo con 30 firmas válidas, la solicitud no alcanzó el respaldo mínimo exigido, equivalente a una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Por esta razón, el CAL resolvió inadmitir el pedido por segunda ocasión.
En la misma sesión, el CAL avanzó en la fase de actuación de prueba dentro de la queja presentada por el asambleísta Comps Córdova contra el legislador Andrés Castillo. Tras escuchar a ambas partes, el Consejo dispuso que el trámite continúe conforme a los plazos previstos en la normativa vigente.
Información extra: Cpccs
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Inconsistencias técnicas en la solicitud para el juicio político contra los consejeros del Cpccs
El pedido lo presentó el asambleísta Luis Fernando Molina. El CAL analizó el informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) y concluyó que la solicitud no cumplió con los parámetros establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El CAL fundamentó su resolución en el incumplimiento de los artículos 131 de la Constitución y 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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Según el análisis técnico, la solicitud careció de la firma electrónica del proponente en el documento principal, ya que esta constó únicamente en un memorando del DTS.
El informe también detalló que, de las 46 firmas presentadas, 15 resultaron inválidas por problemas de integridad electrónica, verificados mediante las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data. Además, uno de los registros no incluyó la documentación de principalización del asambleísta correspondiente.
Otros trámites del CAL en la Asamblea Nacional
Al contar solo con 30 firmas válidas, la solicitud no alcanzó el respaldo mínimo exigido, equivalente a una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Por esta razón, el CAL resolvió inadmitir el pedido por segunda ocasión.
En la misma sesión, el CAL avanzó en la fase de actuación de prueba dentro de la queja presentada por el asambleísta Comps Córdova contra el legislador Andrés Castillo. Tras escuchar a ambas partes, el Consejo dispuso que el trámite continúe conforme a los plazos previstos en la normativa vigente.
Información extra: Cpccs
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