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Laura Martínez Quesada
Guest
Por Ana María Arenas, activista ecomarina e instructora de buceo
Durante 2023 y 2024, Costa Rica enfrentó uno de los episodios de blanqueamiento de corales más severos de las últimas décadas. El aumento de la temperatura superficial del mar obligó a miles de colonias de coral a expulsar sus zooxantelas —microalgas simbióticas que viven en sus tejidos y les aportan color y energía al coral—, llevándolas a un estado de estrés extremo. Muchas colonias murieron y nuestros arrecifes de coral no volvieron a ser los mismos después de ese evento.
La explicación científica es conocida; pero también lo es la causa de fondo: “el calentamiento global”. Sin embargo, limitar el problema a esa frase cómoda es una forma de evadir responsabilidades, porque el blanqueamiento no ocurre en el vacío, ocurre sobre arrecifes debilitados por años de una ausencia institucional, por un modelo de desarrollo que le da la espalda al mar, el cual sigue premiando la presión sobre la costa y por decisiones políticas que han tratado al mar como si fuera un espacio ajeno a la planificación del país.
El blanqueamiento también es político, y no en un sentido abstracto. Es político porque la vulnerabilidad de un arrecife se construye desde tierra, a partir de decisiones concretas sobre uso del suelo, manejo del agua, ordenamiento territorial, saneamiento, deforestación y ocupación costera. Es político porque las instituciones que deberían proteger estos ecosistemas con frecuencia llegan décadas tarde, actúan de forma fragmentada e irregular o simplemente no hacen cumplir la legislación que ya existe.
Cuando uno observa el arrecife desde la ciencia ciudadana, empieza a entender que el coral nunca está solo, que detrás de lo que observamos bajo el agua hay una red de vínculos entre la costa, el río, el manglar, la comunidad y el mar; porque el sostener la vida de los ecosistemas es recíproco.
Sin embargo, seguimos administrando estos espacios como si no estuvieran conectados. Seguimos discutiendo planes reguladores sin colocar la salud de los ecosistemas marino-costeros en el centro. Seguimos tratando la Zona Marítimo-Terrestre como un trámite administrativo, cuando en realidad es una franja ecológica decisiva para los ecosistemas marinos. Seguimos autorizando cambios de uso del suelo sin evaluar seriamente sus efectos acumulativos sobre las cuencas y, por extensión, sobre los arrecifes.
Después, cuando el coral se blanquea, actuamos como si se tratara de algo externo a nuestros territorios; pero no lo es.
Los arrecifes reciben sedimentos por deforestación, fertilizantes y plaguicidas asociados a monocultivos, aguas residuales insuficientemente tratadas o sin tratar del todo, pérdida de manglares, destrucción de humedales, urbanización acelerada de la costa y una presión turística que rara vez se regula desde la capacidad de carga real de estos ecosistemas. Ninguno de esos factores blanquea un coral por sí solo; pero todos empujan al arrecife hacia el colapso. Todos reducen su resiliencia. Todos hacen más probable que una ola de calor termine en mortalidad masiva. Y eso no es un accidente natural, es el resultado de decisiones políticas acumuladas.
Costa Rica insiste en proyectarse como líder ambiental. Firma convenios, participa en foros, repite compromisos y se presenta al mundo como un país verde. Pero esa narrativa se cae cuando uno mira de cerca el estado de sus arrecifes y la forma en que se toman las decisiones que los afectan. Hay una brecha profunda entre el discurso ambiental y la práctica real del Estado.
Las jardinerías de coral son valiosas. Sirven para investigación, educación, sensibilización y restauración ecológica. Pero no pueden convertirse en coartada para seguir permitiendo la degradación de las condiciones que hacen posible un arrecife vivo. Ninguna jardinería sustituye un ecosistema natural si el entorno sigue deteriorándose por falta de control, de planificación y de voluntad política.
Y aquí conviene decirlo sin rodeos, restaurar no puede ser la excusa para no prevenir. Plantar fragmentos de coral no puede reemplazar la obligación de ordenar el territorio, tratar las aguas residuales, frenar la destrucción de manglares, controlar la expansión desordenada de la costa y exigir responsabilidades históricas donde corresponde, como la contaminación de los monocultivos en nuestras aguas por siglos.
La ciencia ciudadana también deja una lección incómoda, la conservación no puede seguir dependiendo únicamente de universidades, instituciones u organizaciones. Las comunidades costeras vemos los cambios mucho antes de que aparezcan en un informe, los pescadores son quienes notan cuando una especie deja de aparecer. Quienes practican surf perciben que el oleaje ya no se comporta igual. Son las personas buceadoras quienes observan y documentan enfermedades, blanqueamientos o la muerte de los corales. Ese conocimiento no surge por casualidad; nace de la experiencia cotidiana, de la simbiosis entre comunidad y mar, de años de observación, de talleres en ciencia ciudadana en conservación de arrecifes de coral, monitoreo y del conocimiento ancestral que ha pasado de generación en generación en nuestras comunidades. Ese conocimiento, construido a partir de la experiencia y transmitido entre generaciones, sigue siendo subestimado por un sistema que muchas veces escucha demasiado tarde.
Quizá el mayor error ha sido creer que la conservación de los arrecifes empieza mar adentro, o que las comunidades solo deben actuar de una manera superficial, o que hablar de conservación de arrecifes solo le pertenece a una élite científica; y que a la comunidad le toca cargar con las culpas de los malos gobiernos y sus políticas públicas, las cuales se sienten ausentes en territorios degradados por la gentrificación, la explotación turística y la precariedad de la conservación de los ecosistemas marino-costeros.
¿Y si el arrecife es un indicador de la salud del territorio?
La entrada El blanqueamiento de los corales también es político aparece primero en Semanario Universidad.
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