El ataque a SINPE Móvil: ¿de dónde viene y hacia dónde nos quiere llevar?

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Laura Martínez Quesada

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Por años nos dijeron que debíamos dejar el efectivo y entrar a la era digital. Hoy, cuando millones de costarricenses finalmente lo hicieron gracias a SINPE Móvil, algunos parecen querer regresar el reloj. ¿Por qué?

Durante décadas, los costarricenses pagamos con billetes, monedas y, en otro tiempo, con cheques. Nunca hubo cuestionamientos sobre la legalidad del efectivo ni se dijo que pagar de esa manera perjudicara al Estado. Luego llegó la revolución de los pagos electrónicos: primero las tarjetas de crédito, después las de débito, las transferencias bancarias y, finalmente, SINPE Móvil.

Este último cambió la vida cotidiana. Si un hijo necesita dinero para el autobús, basta un SINPE Móvil. Si en la pulpería falla el datáfono o se va la electricidad, un SINPE resuelve la compra. Si alguien quiere evitar andar con dinero en efectivo, puede pagar desde su teléfono en cuestión de segundos. SINPE Móvil no elimina el dinero; simplemente sustituye el billete por una transferencia inmediata. Además, el sistema tiene límites diarios, deja registro del origen y destino de cada transferencia y opera dentro del sistema financiero supervisado.

Entonces surge una pregunta inevitable: si nadie cuestiona que una pulpería reciba efectivo, ¿por qué habría que cuestionar que reciba exactamente ese mismo dinero mediante SINPE Móvil?

Cuando lo gratuito incomoda

SINPE Móvil tiene una característica que cambió el mercado: para el usuario es rápido, seguro y, en la mayoría de los casos, no implica una comisión porcentual por cada compra. Ese detalle no es menor. Durante años, una parte importante de los pagos electrónicos ha generado ingresos mediante el cobro de comisiones a los comercios. Para muchos pequeños negocios, esas comisiones rondan el 1,95% del monto de la venta.

Vale la pena hacer un ejercicio sencillo. Durante 2025, SINPE Móvil movilizó aproximadamente ₡12,5 billones. Si todas esas operaciones hubieran pagado una comisión cercana al 1,95%, el costo para los usuarios y comercios habría superado los ₡243.000 millones —equivalente aproximadamente al costo de más de 12.000 bonos de vivienda de ₡20 millones cada uno.

La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un debate sobre transparencia fiscal o frente a una disputa por quién cobra las comisiones de los pagos electrónicos?

Costa Rica no está sola

Algunos presentan a SINPE Móvil como una anomalía. No lo es. Costa Rica fue pionera, pero hoy existen sistemas muy similares impulsados por bancos centrales en distintos países: Brasil desarrolló PIX, México creó CoDi y la India opera UPI. Los tres funcionan en tiempo real, utilizan números telefónicos o códigos QR y han reducido significativamente el uso del efectivo y el costo de las transacciones para millones de personas. La tendencia mundial no es cobrar más por mover dinero digital; la tendencia mundial es hacer que mover dinero sea cada vez más fácil y más barato.

¿Dónde está realmente el problema?

Resulta llamativo que gran parte del debate se concentre sobre SINPE Móvil, un sistema donde las transacciones quedan registradas dentro del sistema financiero. Mientras tanto, existen mecanismos mucho más difíciles de rastrear: ciertos criptoactivos orientados a preservar el anonimato, tarjetas prepago adquiridas en efectivo o plataformas descentralizadas de intercambio que pueden operar con menores niveles de identificación. Si la preocupación principal fuera impedir la opacidad financiera, parecería razonable concentrar mayores esfuerzos en esos mecanismos antes que en una plataforma que registra el origen y destino de cada operación.

El verdadero debate

Toda sociedad necesita combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y cualquier actividad ilícita. Pero ese objetivo no debería convertirse en un argumento para desincentivar herramientas que facilitan la vida cotidiana de millones de ciudadanos. No todo lo que es digital debe ser más caro. No toda innovación debe terminar pagando una comisión. No toda mejora tecnológica debe sacrificarse para proteger modelos de negocio tradicionales.

Costa Rica construyó uno de los sistemas de pagos electrónicos más eficientes de América Latina. La discusión debería centrarse en cómo hacerlo aún más seguro, más transparente y más útil para los ciudadanos. Porque cuando una tecnología reduce costos, aumenta la inclusión financiera y facilita la vida de las personas, la pregunta no debería ser cómo limitarla.

El dinero nunca ha tenido problema cuando cambia de bolsillo. El problema parece surgir cuando deja de generar comisiones para quienes estaban acostumbrados a cobrarlas.

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