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Rodolfo Aliaga
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Estados Unidos y sus aliados en Latinoamérica y el Caribe han abierto una nueva etapa de cooperación antidrogas mediante extradiciones, inteligencia compartida y planes de seguridad que se basan en buena parte en el modelo salvadoreño, a pesar de las críticas de organismos internacionales.
Es el «Escudo de las Américas» que Trump y mandatarios de 16 países (la mitad de la región) anunciaron el pasado 8 de marzo en una cumbre celebrada en Doral (Florida).
La agencia antidrogas (DEA) recibió el sábado al narco uruguayo Sebastián Marset, tras su captura en Bolivia, apenas un año después de entrar en la lista de fugitivos más buscados en Estados Unidos.
Marset comparó ante el juez el lunes, tras una expulsión muy rápida por parte de las autoridades bolivianas.
Revise: Trump dice que espera tener ‘el honor de tomar Cuba’
Pero la colaboración también pasa entre otros países, como el bombardeo de Ecuador de un campo de entrenamiento de un grupo disidente de las FARC en una zona fronteriza con Colombia.
El presidente colombiano Gustavo Petro denunció ese ataque, pero en entrevista con la AFP, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció que hay colaboración entre su país, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos para sofocar esos focos de rebelión.
El FBI abrió una oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno acaba de declarar toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado.
Washington también anunció el pasado viernes el arresto, con multas de extradición, del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de «Los Piratas», la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua.
Este capo podría ser deportado por breve tiempo a Chile.
Con Brasil, México y Colombia, que no acudieron a la cumbre de Doral, la cooperación en inteligencia se mantiene. Según reconocen los mandatarios de esos países y fuentes diplomáticas en Washington.
Trump mantiene la presión sobre la mexicana Claudia Sheinbaum. Como demuestra la violenta operación que acabó con la muerte del capo Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
«La presión económica del presidente Donald Trump y sus veladas amenazas militares la han obligado a actuar». Así considera Amanda Mattingly, ex diplomática y fundadora de ACM Global Intelligence.
Con Brasil, el próximo capítulo de una relación con altibajos podría ser la designación oficial de dos poderosas facciones criminales, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas.
Esa denominación provoca tensión en el gobierno brasileño.
Interrogado por la AFP, un portavoz del Departamento de Estado indicó que Washington no «anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas». Pero que está «comprometido a tomar las apropiadas contra grupos extranjeros que participan en actividades terroristas».
Esa lucha que incluye nuevos y controvertidos aspectos como los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, provoca alarma entre algunos países de la región.
«Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida». Así denunció el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Saul. Fue durante las audiencias que acaba de celebrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala.
«La CIDH carece de competencia para examinar las cuestiones (que) se refieren a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario». De esa forma reaccionó el Departamento de Estado.
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Es el «Escudo de las Américas» que Trump y mandatarios de 16 países (la mitad de la región) anunciaron el pasado 8 de marzo en una cumbre celebrada en Doral (Florida).
La agencia antidrogas (DEA) recibió el sábado al narco uruguayo Sebastián Marset, tras su captura en Bolivia, apenas un año después de entrar en la lista de fugitivos más buscados en Estados Unidos.
Marset comparó ante el juez el lunes, tras una expulsión muy rápida por parte de las autoridades bolivianas.
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Antidrogas
Pero la colaboración también pasa entre otros países, como el bombardeo de Ecuador de un campo de entrenamiento de un grupo disidente de las FARC en una zona fronteriza con Colombia.
El presidente colombiano Gustavo Petro denunció ese ataque, pero en entrevista con la AFP, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció que hay colaboración entre su país, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos para sofocar esos focos de rebelión.
El FBI abrió una oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno acaba de declarar toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado.
Washington también anunció el pasado viernes el arresto, con multas de extradición, del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de «Los Piratas», la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua.
Este capo podría ser deportado por breve tiempo a Chile.
Reticentes
Con Brasil, México y Colombia, que no acudieron a la cumbre de Doral, la cooperación en inteligencia se mantiene. Según reconocen los mandatarios de esos países y fuentes diplomáticas en Washington.
Trump mantiene la presión sobre la mexicana Claudia Sheinbaum. Como demuestra la violenta operación que acabó con la muerte del capo Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
«La presión económica del presidente Donald Trump y sus veladas amenazas militares la han obligado a actuar». Así considera Amanda Mattingly, ex diplomática y fundadora de ACM Global Intelligence.
Con Brasil, el próximo capítulo de una relación con altibajos podría ser la designación oficial de dos poderosas facciones criminales, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas.
Esa denominación provoca tensión en el gobierno brasileño.
EEUU
Interrogado por la AFP, un portavoz del Departamento de Estado indicó que Washington no «anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas». Pero que está «comprometido a tomar las apropiadas contra grupos extranjeros que participan en actividades terroristas».
Esa lucha que incluye nuevos y controvertidos aspectos como los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, provoca alarma entre algunos países de la región.
«Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida». Así denunció el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Saul. Fue durante las audiencias que acaba de celebrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala.
«La CIDH carece de competencia para examinar las cuestiones (que) se refieren a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario». De esa forma reaccionó el Departamento de Estado.
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