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Orlando Silva
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Los apagones que golpearon a Ecuador no terminaron únicamente cuando volvió la luz eléctrica. También dejaron al descubierto una cadena de decisiones públicas que ahora enfrenta una investigación penal por presunto peculado.
El caso Apagón coloca bajo examen los contratos de emergencia firmados por Celec con Progen Industries LLC para instalar grupos electrógenos en las centrales Salitral y Quevedo. Según la Fiscalía, esos acuerdos causaron un perjuicio económico de 104,4 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
Detrás de este caso aparece una pregunta de fondo: ¿cómo pudo el país entregar anticipos millonarios para equipos que, según la tesis fiscal, no cumplieron con las especificaciones técnicas ni entraron en funcionamiento para enfrentar la crisis eléctrica?
Los contratos se firmaron en medio de un momento crítico. Ecuador soportaba cortes de luz de hasta 14 horas y necesitaba respuestas urgentes para sostener la generación eléctrica.
La emergencia, sin embargo, no puede convertirse en excusa para relajar controles básicos. Cuando el Estado contrata bajo presión, la vigilancia técnica, jurídica y financiera debe ser más estricta, no más débil.
La Fiscalía sostiene que servidores públicos omitieron y evadieron procedimientos durante las fases precontractual, contractual y de ejecución. También afirma que los equipos ofertados como nuevos, sin uso y con año de fabricación igual o superior a 2023 resultaron usados, repintados, obsoletos o técnicamente incompatibles.
Ese señalamiento revela una fragilidad institucional y hasta estructural que va más allá de una contratación puntual.
El país no solo necesitaba generadores. Necesitaba que esos equipos funcionaran, llegaran completos, cumplieran las condiciones pactadas y ayudaran a reducir los apagones.
Según la exposición fiscal, eso no ocurrió. En Quevedo llegaron 17 de los 20 generadores contratados. Las unidades no arrancaron en el sitio de instalación ni operaron con el combustible establecido. Por eso no se suscribió un acta de entrega-recepción parcial ni definitiva.
Pese a ese escenario, el Estado ya había transferido anticipos millonarios a una cuenta de Progen en el exterior.
La investigación también muestra otro punto sensible: las alertas técnicas. La Fiscalía citó informes, auditorías y revisiones que habrían identificado inconsistencias en placas, modelos antiguos, doble numeración y equipos distintos a los ofertados.
Si esas alertas existieron, el país necesita saber por qué no frenaron a tiempo el avance contractual, los pagos o los cambios posteriores en las condiciones del acuerdo.
En abril de 2025, las multas contra Progen ya superaban los 2,2 millones de dólares. Aun así, un contrato complementario aceptó cambios en el esquema de verificación y pagos parciales vinculados al anticipo.
Las emergencias permiten respuestas excepcionales, pero no suspenden la responsabilidad pública. Al contrario, obligan a documentar cada decisión, justificar cada pago y verificar cada entrega con mayor rigor.
Cuando eso falla, la factura no la pagan solo las instituciones. La pagan los ciudadanos que soportaron apagones, la economía que perdió productividad y el Estado que comprometió recursos públicos sin obtener los resultados esperados.
La contratación de emergencia no puede depender de la confianza en una oferta privada. Debe sostenerse en verificaciones independientes, trazabilidad documental y consecuencias inmediatas ante incumplimientos.
Ecuador enfrentó una crisis eléctrica que exigía soluciones urgentes. Lo que no puede aceptar es que la urgencia se transforme en desorden, falta de control o perjuicio para el Estado.
El caso Apagón debe marcar un límite. Las emergencias no pueden convertirse en el punto ciego de la contratación pública.
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El caso Apagón coloca bajo examen los contratos de emergencia firmados por Celec con Progen Industries LLC para instalar grupos electrógenos en las centrales Salitral y Quevedo. Según la Fiscalía, esos acuerdos causaron un perjuicio económico de 104,4 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
Detrás de este caso aparece una pregunta de fondo: ¿cómo pudo el país entregar anticipos millonarios para equipos que, según la tesis fiscal, no cumplieron con las especificaciones técnicas ni entraron en funcionamiento para enfrentar la crisis eléctrica?
Los contratos se firmaron en medio de un momento crítico. Ecuador soportaba cortes de luz de hasta 14 horas y necesitaba respuestas urgentes para sostener la generación eléctrica.
La emergencia, sin embargo, no puede convertirse en excusa para relajar controles básicos. Cuando el Estado contrata bajo presión, la vigilancia técnica, jurídica y financiera debe ser más estricta, no más débil.
La Fiscalía sostiene que servidores públicos omitieron y evadieron procedimientos durante las fases precontractual, contractual y de ejecución. También afirma que los equipos ofertados como nuevos, sin uso y con año de fabricación igual o superior a 2023 resultaron usados, repintados, obsoletos o técnicamente incompatibles.
Ese señalamiento revela una fragilidad institucional y hasta estructural que va más allá de una contratación puntual.
El país no solo necesitaba generadores. Necesitaba que esos equipos funcionaran, llegaran completos, cumplieran las condiciones pactadas y ayudaran a reducir los apagones.
Según la exposición fiscal, eso no ocurrió. En Quevedo llegaron 17 de los 20 generadores contratados. Las unidades no arrancaron en el sitio de instalación ni operaron con el combustible establecido. Por eso no se suscribió un acta de entrega-recepción parcial ni definitiva.
Pese a ese escenario, el Estado ya había transferido anticipos millonarios a una cuenta de Progen en el exterior.
La investigación también muestra otro punto sensible: las alertas técnicas. La Fiscalía citó informes, auditorías y revisiones que habrían identificado inconsistencias en placas, modelos antiguos, doble numeración y equipos distintos a los ofertados.
Si esas alertas existieron, el país necesita saber por qué no frenaron a tiempo el avance contractual, los pagos o los cambios posteriores en las condiciones del acuerdo.
En abril de 2025, las multas contra Progen ya superaban los 2,2 millones de dólares. Aun así, un contrato complementario aceptó cambios en el esquema de verificación y pagos parciales vinculados al anticipo.
Las emergencias permiten respuestas excepcionales, pero no suspenden la responsabilidad pública. Al contrario, obligan a documentar cada decisión, justificar cada pago y verificar cada entrega con mayor rigor.
Cuando eso falla, la factura no la pagan solo las instituciones. La pagan los ciudadanos que soportaron apagones, la economía que perdió productividad y el Estado que comprometió recursos públicos sin obtener los resultados esperados.
La contratación de emergencia no puede depender de la confianza en una oferta privada. Debe sostenerse en verificaciones independientes, trazabilidad documental y consecuencias inmediatas ante incumplimientos.
Ecuador enfrentó una crisis eléctrica que exigía soluciones urgentes. Lo que no puede aceptar es que la urgencia se transforme en desorden, falta de control o perjuicio para el Estado.
El caso Apagón debe marcar un límite. Las emergencias no pueden convertirse en el punto ciego de la contratación pública.
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