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Guido Calderón
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El turismo dejó de ser únicamente un dinamizador económico: hoy es un pilar estratégico para la seguridad nacional. Sin embargo, desde hace diecisiete años Ecuador opera sin un verdadero sistema técnico de control. El origen es claro: la Resolución 0038-2007-TC (5 de marzo de 2008), que eliminó la afiliación obligatoria a cámaras de turismo para supuestamente proteger la libertad de asociación.
La decisión fue legítima en lo jurídico, pero devastadora en lo operativo. El Estado nunca reemplazó ese sistema gremial por un modelo técnico moderno. Y el vacío se llenó con informalidad, piratería turística y establecimientos clandestinos que hoy facilitan la movilidad del crimen organizado.
Los efectos están a la vista. Ecuador tiene miles de hospedajes sin registro, sin inspección, sin trazabilidad y sin controles de seguridad. Son espacios donde se alojan turistas… y también delincuentes.
Sin trazabilidad de huéspedes, sin protocolos, sin inspecciones y sin cumplimiento tributario, estos establecimientos se convirtieron en un punto ciego dentro del esfuerzo nacional por recuperar la seguridad.
El turismo informal no es solo un problema económico. Es un problema de seguridad pública.
Por primera vez en muchos años, Ecuador tiene un Presidente cuyo eje central de gobierno es devolver la seguridad al país.
Es precisamente en este contexto donde el turismo debe ser incorporado como herramienta estratégica de control territorial y ordenamiento económico.
La lucha contra la delincuencia no solo se da con operativos policiales: también se gana cerrando las puertas que el crimen organizado utiliza para moverse, esconderse, financiarse y lavar activos.
Es el momento político correcto para impulsar un sistema nacional de certificación turística obligatorio, moderno, técnico y plenamente constitucional.
Ecuador es una excepción peligrosa. Mientras nuestro país opera sin un sistema obligatorio de certificación, otros han diseñado modelos exitosos que equilibran libertad de asociación con control técnico:
Todos estos sistemas son constitucionales, modernos y efectivos. Ninguno obliga a afiliarse a gremios, pero todos exigen un estándar técnico mínimo para operar. Ecuador es el único que no lo hace.
Un organismo autónomo, técnico y nacional que implemente certificación obligatoria para todo prestador turístico, con inspecciones periódicas y atribuciones para clausurar establecimientos ilegales.
A semejanza del exitoso modelo costarricense, este instituto estaría integrado por:
Es un sistema estatal, sí, pero con gobernanza técnica compartida. Es constitucional, porque no exige afiliarse a un gremio, sino cumplir un estándar de operación.
Y es legítimo porque su estructura incorpora la experiencia de quienes viven el turismo desde el territorio.
Un sistema de certificación obligatoria permitiría:
Hoy, el turismo formal quiere ser parte de la solución. Pero sin un marco técnico obligatorio, compite contra un mercado informal que no cumple ninguna regla y que, en muchos casos, se ha convertido en un espacio perfecto para actores delictivos.
La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo es la institución llamada a exigir la creación de este sistema. Su rol no es recuperar la asociación obligatoria —eso ya es historia— sino impulsar el modelo técnico que los países exitosos ya implementaron.
Hoy, el turismo ecuatoriano tiene una oportunidad histórica de alinearse con el esfuerzo nacional por devolver la seguridad. Si no cerramos los espacios que usa la ilegalidad, no habrá seguridad posible. Y si no ordenamos el turismo, no habrá competitividad ni desarrollo sostenible.
Ecuador debe decidir si quiere un turismo que fortalezca al país o un turismo que siga abriendo puertas al crimen.
Con un gobierno decidido a recuperar la seguridad, la respuesta debería ser evidente.
El momento es ahora.
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La decisión fue legítima en lo jurídico, pero devastadora en lo operativo. El Estado nunca reemplazó ese sistema gremial por un modelo técnico moderno. Y el vacío se llenó con informalidad, piratería turística y establecimientos clandestinos que hoy facilitan la movilidad del crimen organizado.
Un país donde alojarse sin registro es demasiado fácil
Los efectos están a la vista. Ecuador tiene miles de hospedajes sin registro, sin inspección, sin trazabilidad y sin controles de seguridad. Son espacios donde se alojan turistas… y también delincuentes.
Sin trazabilidad de huéspedes, sin protocolos, sin inspecciones y sin cumplimiento tributario, estos establecimientos se convirtieron en un punto ciego dentro del esfuerzo nacional por recuperar la seguridad.
El turismo informal no es solo un problema económico. Es un problema de seguridad pública.
El momento político es ahora
Por primera vez en muchos años, Ecuador tiene un Presidente cuyo eje central de gobierno es devolver la seguridad al país.
Es precisamente en este contexto donde el turismo debe ser incorporado como herramienta estratégica de control territorial y ordenamiento económico.
La lucha contra la delincuencia no solo se da con operativos policiales: también se gana cerrando las puertas que el crimen organizado utiliza para moverse, esconderse, financiarse y lavar activos.
Es el momento político correcto para impulsar un sistema nacional de certificación turística obligatorio, moderno, técnico y plenamente constitucional.
El mundo ya lo hace: Costa Rica, Chile, España, Perú, Colombia
Ecuador es una excepción peligrosa. Mientras nuestro país opera sin un sistema obligatorio de certificación, otros han diseñado modelos exitosos que equilibran libertad de asociación con control técnico:
Costa Rica
- Modelo de certificación operado por el ICT.
- Las certificadoras son estatales pero conformadas por cámaras y actores del sector, permitiendo legitimidad técnica compartida.
- Control estricto de hospedajes y actividades de aventura.
- País líder mundial en calidad turística.
Chile
- Registro nacional obligatorio.
- Certificación mediante organismos acreditados.
- Delegación del Estado a entidades técnicas.
España
- Regulación obligatoria, inspecciones constantes, cierre inmediato de ilegales.
Perú
- Registro Único obligatorio, certificaciones para guías y operadores.
Colombia
- Reglamentación técnica obligatoria y certificaciones NTS.
Todos estos sistemas son constitucionales, modernos y efectivos. Ninguno obliga a afiliarse a gremios, pero todos exigen un estándar técnico mínimo para operar. Ecuador es el único que no lo hace.
La propuesta: Instituto Nacional de Certificación y Control Turístico (INCCT)
Un organismo autónomo, técnico y nacional que implemente certificación obligatoria para todo prestador turístico, con inspecciones periódicas y atribuciones para clausurar establecimientos ilegales.
¿Quién lo conformaría?
A semejanza del exitoso modelo costarricense, este instituto estaría integrado por:
- Cámaras de turismo provinciales,
- FENACAPTUR,
- Ministerios de Turismo, Producción e Interior,
- Centros académicos especializados,
- Expertos técnicos en seguridad, riesgos y normativas.
Es un sistema estatal, sí, pero con gobernanza técnica compartida. Es constitucional, porque no exige afiliarse a un gremio, sino cumplir un estándar de operación.
Y es legítimo porque su estructura incorpora la experiencia de quienes viven el turismo desde el territorio.
Turismo formal: aliado estratégico de la seguridad
Un sistema de certificación obligatoria permitiría:
- Trazabilidad de huéspedes en tiempo real.
- Control de actividades de riesgo.
- Clausura automática de hospedajes clandestinos.
- Prevención de lavado de activos.
- Competencia justa para el sector formal.
- Profesionalización y estandarización de la oferta.
- Recuperación de la imagen internacional del país.
Hoy, el turismo formal quiere ser parte de la solución. Pero sin un marco técnico obligatorio, compite contra un mercado informal que no cumple ninguna regla y que, en muchos casos, se ha convertido en un espacio perfecto para actores delictivos.
FENACAPTUR debe liderar la transformación
La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo es la institución llamada a exigir la creación de este sistema. Su rol no es recuperar la asociación obligatoria —eso ya es historia— sino impulsar el modelo técnico que los países exitosos ya implementaron.
Hoy, el turismo ecuatoriano tiene una oportunidad histórica de alinearse con el esfuerzo nacional por devolver la seguridad. Si no cerramos los espacios que usa la ilegalidad, no habrá seguridad posible. Y si no ordenamos el turismo, no habrá competitividad ni desarrollo sostenible.
Ecuador debe decidir si quiere un turismo que fortalezca al país o un turismo que siga abriendo puertas al crimen.
Con un gobierno decidido a recuperar la seguridad, la respuesta debería ser evidente.
El momento es ahora.
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