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Marcos Vaca
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Los sismos tienen una particularidad incómoda: recuerdan el riesgo cuando ya están ocurriendo. El terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia el 10 de agosto y sentido en varias ciudades ecuatorianas, seguido días después por un sismo de magnitud 2.9 cerca de Sangolquí, volvió a activar recomendaciones, preguntas y temores. Después, como tantas veces, la conversación comienza a apagarse.
El riesgo no es abstracto. El mayor sismo registrado instrumentalmente en Ecuador alcanzó magnitud 8.8 frente a Esmeraldas en 1906. El Instituto Geofísico recuerda que el daño no depende solo de la magnitud: también influyen la distancia, las características del suelo, la vulnerabilidad de las construcciones y el grado de preparación de población e instituciones.
Ese ciclo es el verdadero problema. Ecuador no puede saber cuándo ocurrirá el próximo terremoto. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional es categórico: la ciencia no puede predecir fecha, lugar y magnitud de un sismo. Incluso los sistemas de alerta temprana no predicen; detectan un evento una vez iniciado y, según la distancia, pueden ofrecer apenas segundos para protegerse.
Precisamente por eso la prevención debería ocupar el espacio que la predicción no puede llenar.
Ecuador tiene normas. La Norma Ecuatoriana de la Construcción establece requisitos de diseño sismorresistente y obliga a las autoridades competentes a vigilar su cumplimiento durante el proceso constructivo. Los municipios deben incorporar esas disposiciones a su normativa local. Quito, además, tiene identificadas zonas de riesgo sísmico en su planificación territorial.
La existencia de normas, sin embargo, abre preguntas más exigentes: ¿cuánto se controla realmente su cumplimiento?, ¿qué ocurre con edificaciones antiguas o levantadas informalmente?, ¿qué inmuebles públicos han sido evaluados?, ¿qué zonas concentran mayor vulnerabilidad y qué planes existen para intervenirlas?
La preparación tampoco parte de cero. En noviembre de 2025, Quito realizó un simulacro de evacuación por sismo en el que participaron más de 90 000 personas y cerca de 100 instituciones y establecimientos educativos. En mayo de 2026, el Municipio y la Escuela Politécnica Nacional suscribieron un acuerdo de cinco años para fortalecer el monitoreo y el conocimiento del riesgo sísmico.
Son avances. El desafío está en convertirlos en una práctica permanente y verificable, no en episodios que cobran visibilidad alrededor de cada temblor.
La prevención también llega a los hogares. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda elaborar planes familiares, identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro, asegurar objetos que puedan caer y preparar una mochila de emergencia. Son acciones básicas, pero su utilidad depende de conocerlas antes de necesitarlas.
Una sociedad preparada no es aquella que vive esperando un terremoto. Es la que conoce sus vulnerabilidades y reduce consecuencias posibles sin saber cuándo llegará la amenaza.
La prevención sísmica no comienza cuando la tierra se mueve. Para entonces, buena parte de las decisiones importantes ya debieron tomarse con suficiente anticipación.
Aquí pueder leer nuestros editoriales
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El riesgo no es abstracto. El mayor sismo registrado instrumentalmente en Ecuador alcanzó magnitud 8.8 frente a Esmeraldas en 1906. El Instituto Geofísico recuerda que el daño no depende solo de la magnitud: también influyen la distancia, las características del suelo, la vulnerabilidad de las construcciones y el grado de preparación de población e instituciones.
Ese ciclo es el verdadero problema. Ecuador no puede saber cuándo ocurrirá el próximo terremoto. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional es categórico: la ciencia no puede predecir fecha, lugar y magnitud de un sismo. Incluso los sistemas de alerta temprana no predicen; detectan un evento una vez iniciado y, según la distancia, pueden ofrecer apenas segundos para protegerse.
Precisamente por eso la prevención debería ocupar el espacio que la predicción no puede llenar.
Ecuador tiene normas. La Norma Ecuatoriana de la Construcción establece requisitos de diseño sismorresistente y obliga a las autoridades competentes a vigilar su cumplimiento durante el proceso constructivo. Los municipios deben incorporar esas disposiciones a su normativa local. Quito, además, tiene identificadas zonas de riesgo sísmico en su planificación territorial.
La existencia de normas, sin embargo, abre preguntas más exigentes: ¿cuánto se controla realmente su cumplimiento?, ¿qué ocurre con edificaciones antiguas o levantadas informalmente?, ¿qué inmuebles públicos han sido evaluados?, ¿qué zonas concentran mayor vulnerabilidad y qué planes existen para intervenirlas?
La preparación tampoco parte de cero. En noviembre de 2025, Quito realizó un simulacro de evacuación por sismo en el que participaron más de 90 000 personas y cerca de 100 instituciones y establecimientos educativos. En mayo de 2026, el Municipio y la Escuela Politécnica Nacional suscribieron un acuerdo de cinco años para fortalecer el monitoreo y el conocimiento del riesgo sísmico.
Son avances. El desafío está en convertirlos en una práctica permanente y verificable, no en episodios que cobran visibilidad alrededor de cada temblor.
La prevención también llega a los hogares. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda elaborar planes familiares, identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro, asegurar objetos que puedan caer y preparar una mochila de emergencia. Son acciones básicas, pero su utilidad depende de conocerlas antes de necesitarlas.
Una sociedad preparada no es aquella que vive esperando un terremoto. Es la que conoce sus vulnerabilidades y reduce consecuencias posibles sin saber cuándo llegará la amenaza.
La prevención sísmica no comienza cuando la tierra se mueve. Para entonces, buena parte de las decisiones importantes ya debieron tomarse con suficiente anticipación.
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