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Giovanna Alvear
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado 10 de enero de 2025 una “emergencia nacional” para resguardar en cuentas del Tesoro estadounidense los ingresos provenientes de las ventas de petróleo de Venezuela. La decisión busca impedir que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen esos fondos a través de procesos judiciales.
La Casa Blanca sostuvo que la medida pretende evitar la incautación de recursos petroleros que, según Washington, podrían afectar los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar la estabilidad política y económica de Venezuela. El Gobierno estadounidense presentó la orden como un mecanismo de protección temporal sobre esos ingresos.
El decreto presidencial bloquea cualquier tipo de embargo, juicio, decreto, derecho de retención o ejecución sobre los fondos que se encuentren en cuentas del Gobierno de Estados Unidos y que provengan de la venta de crudo venezolano. La orden también prohíbe cualquier transferencia o trato con esos recursos, lo que limita su uso y circulación.
La Casa Blanca explicó que el texto del decreto establece que los fondos constituyen propiedad soberana de Venezuela. Según el comunicado oficial, Estados Unidos mantiene esos recursos bajo custodia para fines gubernamentales y diplomáticos. Por esa razón, la administración Trump afirma que los fondos no están sujetos a reclamos privados ni a procesos legales de acreedores.
Washington argumentó además que permitir el embargo de esos ingresos pondría en riesgo los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Entre ellos, mencionó el control del flujo de inmigrantes ilegales y el combate al tráfico de narcóticos ilícitos. El Gobierno estadounidense identifica estos puntos como justificaciones centrales de su intervención en los asuntos relacionados con Venezuela.
El decreto se conoció después de una reunión celebrada el viernes entre Trump y ejecutivos del sector petrolero. En ese encuentro, el Presidente ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo protección y seguridad a largo plazo por parte del Gobierno estadounidense. Trump planteó como meta atraer inversiones por 100 000 millones de dólares en Venezuela.
La medida también refuerza un anuncio previo del secretario de Energía, Chris Wright. El funcionario afirmó el miércoles que Estados Unidos controlará de forma indefinida las ventas de petróleo venezolano. Según Wright, el dinero generado por esas transacciones se depositará en cuentas del Gobierno estadounidense con el objetivo de beneficiar al pueblo de Venezuela.
El contexto incluye un largo historial de disputas legales. Tras la expropiación petrolera impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela enfrentó cerca de 60 arbitrajes internacionales desde el año 2000. Esos procesos suman un valor estimado de 30 000 millones de dólares, lo que representa casi el 15 % de la deuda internacional del país, de acuerdo con datos del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.
Durante la reunión del viernes, ejecutivos petroleros manifestaron su escepticismo sobre invertir en Venezuela. Los empresarios señalaron la incertidumbre regulatoria y las expropiaciones realizadas por el chavismo como los principales obstáculos para comprometer nuevos capitales.
Con información de EFE
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La Casa Blanca sostuvo que la medida pretende evitar la incautación de recursos petroleros que, según Washington, podrían afectar los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar la estabilidad política y económica de Venezuela. El Gobierno estadounidense presentó la orden como un mecanismo de protección temporal sobre esos ingresos.
Bloqueo judicial a los ingresos petroleros
El decreto presidencial bloquea cualquier tipo de embargo, juicio, decreto, derecho de retención o ejecución sobre los fondos que se encuentren en cuentas del Gobierno de Estados Unidos y que provengan de la venta de crudo venezolano. La orden también prohíbe cualquier transferencia o trato con esos recursos, lo que limita su uso y circulación.
La Casa Blanca explicó que el texto del decreto establece que los fondos constituyen propiedad soberana de Venezuela. Según el comunicado oficial, Estados Unidos mantiene esos recursos bajo custodia para fines gubernamentales y diplomáticos. Por esa razón, la administración Trump afirma que los fondos no están sujetos a reclamos privados ni a procesos legales de acreedores.
Washington argumentó además que permitir el embargo de esos ingresos pondría en riesgo los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Entre ellos, mencionó el control del flujo de inmigrantes ilegales y el combate al tráfico de narcóticos ilícitos. El Gobierno estadounidense identifica estos puntos como justificaciones centrales de su intervención en los asuntos relacionados con Venezuela.
Reunión con petroleras y antecedentes de arbitrajes
El decreto se conoció después de una reunión celebrada el viernes entre Trump y ejecutivos del sector petrolero. En ese encuentro, el Presidente ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo protección y seguridad a largo plazo por parte del Gobierno estadounidense. Trump planteó como meta atraer inversiones por 100 000 millones de dólares en Venezuela.
La medida también refuerza un anuncio previo del secretario de Energía, Chris Wright. El funcionario afirmó el miércoles que Estados Unidos controlará de forma indefinida las ventas de petróleo venezolano. Según Wright, el dinero generado por esas transacciones se depositará en cuentas del Gobierno estadounidense con el objetivo de beneficiar al pueblo de Venezuela.
El contexto incluye un largo historial de disputas legales. Tras la expropiación petrolera impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela enfrentó cerca de 60 arbitrajes internacionales desde el año 2000. Esos procesos suman un valor estimado de 30 000 millones de dólares, lo que representa casi el 15 % de la deuda internacional del país, de acuerdo con datos del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.
Durante la reunión del viernes, ejecutivos petroleros manifestaron su escepticismo sobre invertir en Venezuela. Los empresarios señalaron la incertidumbre regulatoria y las expropiaciones realizadas por el chavismo como los principales obstáculos para comprometer nuevos capitales.
Con información de EFE
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