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Laura Martínez Quesada
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Si la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cree que reducir las listas de espera es imposible, entonces, en el fondo, ya renunció a uno de sus deberes principales. Solo falta formalizar esa renuncia con un acto de máxima y esperable coherencia: su renuncia al cargo.
Una jerarca que declara imposible uno de los mayores desafíos de la institución que preside, más que diagnosticar un problema, confiesa públicamente —y sin rubor— una renuncia de facto. Y cuando esa institución es la Caja, esa renuncia no es menor, no es semántica ni técnica. Es una claudicación ante el mandato público que se le encomendó.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, afirmó que es “imposible” reducir las listas de espera y que prefiere hablar de “manejarlas”. La frase no es inocente. No fue dicha por una observadora externa, por una analista académica ni por una ciudadana abrumada ante la magnitud del problema. No. Fue la afirmación de quien ocupa el máximo puesto en la pirámide administrativa de la institución llamada, precisamente, a conducir soluciones ante ese drama nacional.
Nadie sensato ignora la complejidad de la Caja ni cree que las listas de espera se eliminen con discursos, ocurrencias o simple voluntarismo. Pero una cosa es reconocer la dificultad de un problema estructural y otra, muy distinta, es declararlo imposible desde el cargo que tiene la obligación de enfrentarlo. La primera actitud exige liderazgo; la segunda revela resignación.
La Caja no existe para administrar la espera, sino para garantizar la atención. Ese no es un deseo retórico: es el fundamento de su mandato legal y constitucional. La Ley Constitutiva de la CCSS no creó una institución para contemplar pasivamente la enfermedad, sino para administrar los seguros sociales y proteger a las personas frente al riesgo de enfermar. Y la Sala IV ha sido clara en que las demoras excesivas comprometen el derecho fundamental a la salud y que la Caja debe adoptar medidas efectivas para reducirlas dentro de plazos razonables.
Por eso, cuando su presidenta ejecutiva declara “imposible” reducir las listas de espera, no solo expresa pesimismo administrativo: se coloca en contradicción con el sentido mismo de la institución que dirige. No se le pide que haga milagros. Se le pide algo mucho más básico: que no convierta la derrota en doctrina oficial. Que el optimismo informado, basado en los estudios y criterios de los expertos, oriente el trabajo institucional, no el pesimismo que, más temprano que tarde, amenaza con convertirse en una profecía autocumplida.
La ciudadanía no espera que la presidenta ejecutiva opere quirófanos, forme especialistas de la noche a la mañana o resuelva décadas de rezago con una conferencia de prensa. Pero sí tiene derecho a exigirle conducción, prioridades, metas, plazos, responsables, evaluación de resultados y consecuencias institucionales cuando no se cumplen. La presidencia ejecutiva de la CCSS no es una tribuna para explicar por qué no se puede. Es un puesto para demostrar lo que se va a hacer, porque, a pesar de las dificultades, se ha buscado la forma de que sí sea posible.
Los datos son dramáticos. Según información publicada con datos de la propia CCSS, a abril del 2026 había 204.622 personas en lista de espera quirúrgica y 362.356 esperando atención en consulta externa especializada. Asimismo, el tiempo mínimo promedio de espera supera un año y, al sumar cirugías, consulta externa y procedimientos diagnósticos, el total de personas en espera alcanza 1,3 millones.
A ello se suma un dato estremecedor: entre el 2023 y el 2025, 5.700 personas murieron mientras se encontraban en lista de espera quirúrgica, aunque la institución niegue que esos fallecimientos estén directamente relacionados con la espera. Dicho de otra forma: cada día mueren, en promedio, ocho pacientes que estaban esperando.
Cada número no es solo una persona: es una familia, amistades y una red social que sufren, junto con el paciente, cada día de espera. Una espera prolongada puede implicar dolor, discapacidad, deterioro emocional, pérdida de ingresos, agravamiento de una enfermedad o muerte evitable.
Frente a esa realidad, administrar una lista puede ser necesario como herramienta operativa, pero no basta. Gestionar la resignación es otra cosa. Una lista de espera se agencia para reducir el daño, priorizar los riesgos, corregir cuellos de botella, asignar recursos y recuperar la oportunidad. No para normalizar el atraso ni para sustituir el objetivo por el procedimiento.
Pero hay algo todavía más grave: esa renuncia discursiva erosiona la confianza social que sostiene a la Caja. Cuando la máxima jerarca de la institución dice que reducir las listas de espera es imposible, desmotiva a quienes están en la informalidad a formalizar su empleo y cotizar, porque les transmite la idea de que el seguro social no responderá oportunamente cuando lo necesiten. También golpea la moral de quienes ya cotizan, cumplen con sus cargas sociales y esperan encontrar en la Caja una respuesta digna a sus problemas de salud.
En ambos casos, el mensaje termina empujando a las personas hacia un mayor gasto de bolsillo y hacia un sistema privado de atención de la enfermedad —no de la salud— que crece como la espuma en cada rincón del país, alimentado por cada cita que no llega, cada cirugía postergada y cada diagnóstico que se atrasa. Así, la renuncia de una jerarca a una de sus tareas más importantes no se reduce a una frase desafortunada: se convierte en un incentivo perverso contra la formalidad, la solidaridad contributiva y la confianza pública que sostiene la seguridad social costarricense.
Además, y no es un detalle menor, la presidenta ejecutiva de la CCSS tiene el deber político, institucional y moral de cobrar con firmeza el dinero que el Estado le adeuda a la seguridad social. Esa deuda ya supera los ₡4 billones —cerca del 9% del PIB—, y más del 80% corresponde al Seguro de Salud. No es una cifra contable secundaria: es dinero que falta en Ebáis, hospitales, quirófanos, especialistas, medicamentos, equipos y atención oportuna.
Por ello, su máxima jerarca no puede hacerse de la vista gorda, mirar hacia otro lado o refugiarse en mesas técnicas indefinidas mientras la institución se asfixia financieramente. Mucho menos puede hacerlo por cálculo político o por sumisión al poder de la presidenta Laura Fernández y de Rodrigo Chaves, hoy convertido en una especie de primer ministro de facto al concentrar los ministerios de la Presidencia y de Hacienda.
Si la presidenta de la Caja, llamada a defender a la CCSS, prefiere suavizar, postergar o minimizar ese cobro para no incomodar al poder político que la sostiene, entonces ya no actúa a tenor de su cargo, sino como delegada del Gobierno dentro de la institución que debería proteger de ese mismo Gobierno. Y esa inversión de lealtades es inadmisible: quien preside la Caja debe obedecer al mandato de la seguridad social, no al cálculo del Ejecutivo.
Por ello, no es de recibo la frase —discurso velado— de la señora Taylor. No dijo simplemente que el problema es difícil, complejo o acumulado. Dijo que reducirlo es imposible. Y cuando una jerarca acepta permanecer en un cargo mientras declara imposible cumplir una de sus misiones más urgentes, entonces el problema ya no es solo técnico: es ético, político y profundamente social.
Aceptar un puesto para el cual se declara, desde el inicio, incapaz de afrontar uno de sus mayores retos constituye una forma de cinismo institucional. Y conservar el poder, el salario, la representación y la investidura mientras se abandona el propósito sustantivo del cargo implica una grave falta ética: la deformación de la función hasta convertirla en mera ocupación del puesto.
La Caja no puede ser dirigida desde la resignación. Menos aún en un momento en que el país necesita reconstruir la confianza, ordenar prioridades, defender su seguridad social y enfrentar con seriedad el deterioro de los servicios. Cada vez que la institución falla, se debilita la disposición de la ciudadanía a sostenerla y, cuando su jerarquía declara imposible mejorar, se abre más espacio para que la salud deje de ser un derecho solidario y se convierta en una mercancía disponible solo para quien pueda pagarla.
Las listas de espera no son una estadística incómoda; son una herida abierta en la promesa costarricense de solidaridad social. También constituyen una prueba de conducción pública. Quien dirige la Caja no puede limitarse a explicar la gravedad del problema como si lo observara desde afuera. Debe asumirlo como una obligación de Estado, una responsabilidad institucional y un compromiso humano con quienes esperan.
Si la señora Taylor cree sinceramente que reducir las listas de espera es imposible, debería renunciar. Y si no lo cree, pero lo dice, también debería hacerlo. En el primer caso, porque reconoce que no puede conducir la institución hacia uno de sus objetivos más urgentes. En el segundo, porque trivializa el sufrimiento de cientos de miles de asegurados con una frase políticamente irresponsable.
La Caja merece algo más que la administración de imposibles. Merece conducción, humildad, transparencia, ciencia de la gestión, compromiso y respeto hacia las personas que esperan. Esperan una cita, una cirugía, un diagnóstico, un alivio. Pero también esperan algo más elemental: que quien preside la institución no les diga, desde arriba, que su esperanza es vana, porque no es reducible.
La entrada Doña Mónica: si cree que su trabajo es imposible, renuncie a su cargo aparece primero en Semanario Universidad.
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