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Daniela Muñoz Solano
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La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) en Costa Rica, a través de su presidenta Virginia Murillo y su vicepresidenta Shirley Duarte, admitieron al gobierno de la República que llevar a menores de edad a conocer las cárceles no es una herramienta de prevención del delito.
Este lunes la agrupación, que trabaja en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, emitió un comunicado para “hacer algunas aclaraciones” sobre afirmaciones “preocupantes” realizadas por la presidenta de la República, Laura Fernández.
Según dijeron las especialistas, las declaraciones brindadas por Fernández sobre la efectividad de llevar a niños, niñas y adolescentes a conocer las cárceles como una forma de prevenir el delito “distorsionan la realidad y las estrategias efectivas, criminalizan a la población joven en Costa Rica y la señalan sin comprender cómo y por qué la organización criminal les capta, y no viceversa”.
En sus afirmaciones, dice DNI, la mandataria admite que el país está en deuda con las personas menores de edad “ante la falta de oportunidades, los recortes de presupuestos del área social, la débil gestión de proyectos preventivos y la ausencia de mejoras en las condiciones de vida de esta población y sus familias” pues todo esto pone a la población menor de edad “en bandeja de plata ante el crimen organizado que les acecha, sin tener escapatoria por la falta de alternativas y condiciones”.
Obviando esta realidad, afirma el comunicado, la presidenta ha sugerido que caer en las garras del crimen organizado es básicamente “un asunto de capricho, de gusto o de voluntad propia”.
Esto evidencia según las expertas, la necesidad de que el gobierno redirija sus esfuerzos y recursos a conocer la realidad de las comunidades, a hablar con las personas las familias y especialmente con las niñas, niños y adolescentes para poder promover “programas preventivos, de protección integral, promover oportunidades e invertir estratégicamente en lo social”.
“La alianza entre instituciones como el MEP, el PANT, Cultura, Trabajo, el Ministerio de Justicia y Paz, entre otras, junto con organizaciones de base comunitaria y ONG con amplia trayectoria y experiencia, permitiría ofrecer propuestas integrales que den alternativas positivas y posibiliten proyectos de vida hoy y para el futuro cercano”, reza el documento.
Por eso la organización hizo un llamado a que se realicen bien las estrategias interinstitucionales e intersectoriales para la prevención primaria y secundaria, desde un enfoque de Derechos Humanos de las personas menores de edad.
Las especialistas aseguran que “prevenir va más allá de «asustar» con qué podría pasar si se delinque” y aseveran que las acciones gubernamentales deben dirigirse a prevenir el delito desde un enfoque integral, detectando los factores de riesgo que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes y desarrollando factores protectores a través de intervención social comunitaria, educación y prevención temprana, fortalecimiento familiar y estrategias policiales y de justicia.
“Lo que queremos y exigimos como sociedad es que el Gobierno se enfoque en las conductas de riesgo, exclusión o vulnerabilidad que enfrentan las personas menores de edad y jóvenes, como el consumo inicial de sustancias, la exclusión escolar, la violencia familiar y comunitaria, factores que aprovecha el crimen organizado para reclutarlos”.
Afirman categóricamente que “la «visita a la cárcel’ no es prevención” y aseguran que se debe atacar el problema con una intervención dirigida a la prevención por medio del acceso a la educación formal y técnica, la atención en salud física y mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración comunitaria.
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