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Adair Mendez
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Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa plantearon la necesidad de revisar el proyecto de ley para regularizar pozos de agua para consumo humano antes de continuar con su trámite.
El proyecto de ley “Amnistía para el ordenamiento de pozos no inscritos y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano” (Expediente 25.027) establece una amnistía por un plazo de seis meses para inscribir y registrar los pozos que, a la fecha de la entrada en vigor de la ley, hayan sido perforados y no estén registrados ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y que puedan así solicitar una concesión para usar el agua para el abastecimiento de agua a la comunidades, por los operadores de servicio público o por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas).
El diputado del Frente Amplio (FA) José María Villalta manifestó que la iniciativa responde a una necesidad vinculada con el derecho humano al agua potable; pero señaló varios aspectos del proyecto que, a su criterio, deben modificarse para evitar problemas de constitucionalidad.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con los requisitos ambientales. Villalta señaló que el proyecto establece un procedimiento diferente para los pozos que buscan acogerse a la amnistía y advirtió que la eliminación o reducción de requisitos podría generar un nivel de protección ambiental menor al vigente. También sostuvo que deben existir estudios que permitan determinar que el agua cumple con las condiciones necesarias para el consumo humano.
El legislador también señaló que el proyecto debe concentrarse en la inscripción y cumplimiento de requisitos de los pozos, sin crear un trámite adicional de concesión.
La discusión también incorporó la situación de comunidades que carecen de agua potable por restricciones relacionadas con la tenencia de la tierra. Villalta señaló que existen comunidades con décadas de ocupación que no reciben el servicio porque el reglamento de Acueductos y Alcantarillados (AyA) exige autorización de la persona propietaria registral.
La diputada del FA Joselyn Sáenz coincidió en la necesidad de buscar un equilibrio entre el acceso al agua y la protección ambiental. Señaló que ya existe una propuesta de texto sustitutivo y planteó que otras instituciones podrían asumir los estudios técnicos necesarios para evitar que estos costos recaigan sobre las comunidades que buscan regularizar sus pozos.
Por su parte, el diputado oficialista José Miguel Villalobos señaló problemas de redacción y de estructura en la iniciativa. Entre ellos mencionó que el proyecto parece dirigirse a operadores de servicios públicos; pero introduce la figura de “operadores no autorizados”, además de establecer dudas sobre si cada pozo debe contar con una concesión independiente.
En la sesión, las diputaciones rechazaron cinco mociones de artículo 137 al expediente y la comisión acordó trabajar en un texto sustitutivo para corregir aspectos relacionados con la regularización de los pozos, los requisitos ambientales y el régimen de concesiones.
JUDESUR queda pendiente de nuevas consultas
La comisión también conoció el expediente 24.698, relacionado con la adición de un transitorio a la Ley 9356, Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR).
Las diputaciones acordaron posponer el conocimiento de las mociones para consultar a las municipalidades de Golfito, Coto Brus, Corredores, Buenos Aires y a representantes de JUDESUR sobre si las necesidades que dieron origen al proyecto en 2024 se mantienen en la actualidad. La moción de posposición fue aprobada por nueve votos a favor y ninguno en contra.
La comisión también aprobó por unanimidad una moción para recibir en audiencia a representantes de esas municipalidades y de JUDESUR, de forma presencial o virtual, con el objetivo de conocer sus necesidades antes de continuar con el trámite del expediente.
Prescripción de deudas genera discusión sobre el cobro judicial
El tercer expediente analizado fue el 24.517, una iniciativa que busca modificar las reglas relacionadas con la prescripción de deudas y el funcionamiento de los procesos de cobro judicial.
La presidencia de la comisión señaló que el proyecto podría contribuir a descongestionar la jurisdicción de cobro judicial del Poder Judicial, aunque reconoció que el problema requiere soluciones que podrían ir más allá de una sola reforma legal.
El expediente recibió 27 mociones. Las primeras fueron rechazadas, pero la discusión de la comisión se concentró en las posibles consecuencias de establecer la prescripción de oficio y modificar disposiciones del Código de Comercio.
Durante el debate se planteó que las reglas actuales pueden permitir el cobro de deudas que ya prescribieron cuando la persona deudora no conoce o no invoca esa condición. Una de las intervenciones sostuvo que el cambio permitiría al juez analizar de oficio la prescripción y evitar que el aparato judicial tramite cobros sobre obligaciones prescritas.
La discusión también puso sobre la mesa la situación de personas con menores recursos que enfrentan procesos de cobro judicial. Las diputaciones señalaron que estos procesos pueden derivar en embargos de salarios, viviendas y otros bienes, y cuestionaron los efectos de los títulos ejecutivos, que permiten iniciar procesos de cobro con una intervención judicial limitada en sus primeras etapas.
También se trasladaron a la discusión las preocupaciones expresadas por la SUGEF, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica sobre una eventual exclusión financiera y sobre la posibilidad de que los acreedores presenten demandas de forma preventiva antes de que opere la prescripción. Según lo expuesto en la comisión, esto podría provocar un aumento de los procesos de cobro y generar un efecto contrario al que busca la iniciativa.
Ante estas dudas, se propuso revisar nuevamente las respuestas recibidas durante el proceso de consulta y convocar a personas especialistas, incluso a representantes de la Corte Suprema de Justicia, para aclarar los alcances procesales del proyecto. La sesión fue levantada a las 2:30 p. m.
La entrada Diputados revisarán proyecto para legalizar pozos de agua para consumo humano abiertos sin permisos aparece primero en Semanario Universidad.
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