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Vinicio Chacón Soto
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Contrario al clima de conforntación que el oficialismo ha promovido contra el Poder Judicial, el magistrado Fernanado Castillo Víquez encontró un espacio respetuoso y cordial en la Comisión de Nombramientos del parlamento.
Entre otras cosas, explicó que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de decidir que no aprueba ninguna de las candidaturas a magistraturas suplentes y devolver la lista al Poder Judicial, “siempre y cuando nos digan la justificación”.
La comparecencia de Castillo Víquez se dio en momentos de creciente tensión, pues la semana pasada trascendió que la Sala IV dio la razón a un recurso de amparo de un ciudadano, que reclamó que otros recursos que había planteado sobre su derecho al acceso a la salud estaban varados, pues ese tribunal no cuenta con las magistraturas suplentes necesarias.
Ello se debe a que el oficialismo chavista, tanto en el periodo anterior, como en el actual ha hecho todo lo posible por bloquear la elección de esas magistraturas. El malestar oficialista llegó al punto que la presidenta Laura Fernández Delgado, así como la presidenta del congreso Yara Jiménez Fallas y el líder de esa fracción Nogui Acosta Jaén, salieron presurosos a alegar que se había dado un “golpe de Estado”.
Castillo Víquez fue convocado para hablar de los procesos de elección y nombramiento de magistraturas titulares y suplentes en la Sala Constitucional.
Dijo que en cuanto a los magistrados propietarios, la Corte tiene un modelo “ecléctico” o intermedio, entre el modelo estadounidense, en el que las magistraturas son vitalicias, y el modelo europeo, que en el caso de las cortes constitucionales son electos por periodos de nueve, doce o quince años, según cada país.
Explicó que “el constituyente no quería magistraturas vitalicias”, por ello se adoptó el modelo “intermedio” actual: cada magistratura se elige por un periodo de ocho años y si no recibe el voto de no reelección de 38 votos en el parlamento, se tiene reelecto por ocho años más.
“Creo en el modelo actual, pero si estoy consciente de que parece que le está llegando su momento”, acotó minutos más tarde.
Sobre las magistraturas suplentes, dijo que la experiencia anterior a 1949 era que se elegían por el Congreso, pero que a ese Poder de la República a veces “hasta se le olvidaba”, de manera que se determinó que mejor Corte enviara la lista de candidaturas, para que el congreso decida.
El oficialista Gerald Bogantes Rivera preguntó si la Constitución establece la posibilidad de la prórroga de nombramiento de magistrados suplentes, tal como se determinó en la resolución reciente. Castillo recordó que el voto está aún en redacción y abogó porque se conozcan los votos en contra de él y de Luis Fernando Salazar, el voto salvado de Anamari Garro así como el de mayoría.
Entre otras cosas, ante las preguntas de ese diputado mencionó que “hoy sólo quedan cinco magistrados de todos los que estaban en 2009”, cuando él llegó a la Corte Suprema de Justicia. “La Corte se ha renovado en un 80%”, destacó.
Además dimensionó la situación actual al asegurar que “la Sala no está paralizada, estamos sesionando y sacando más de 30 mil sentencias este año, pero hay 124 expedientes que no se han podido votar”.
El también oficialista Antonio Barzuna Thompson preguntó cómo blindar el perfil de las personas candidatas a magistraturas en Sala IV “frente a intentos de captación o afinidad ideológica” con algún partido.
Castillo al respecto puso el ejemplo de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde el Presidente propone a las personas candidatas, quienes “ideológicamente son afines al partido de ellos, lo cual no significa que sean subordinados al Presidente”. También mencionó ejemplos de Europa, donde una parte del total de magistraturas es nombrada por el Ejecutivo.
Barzuna Thompson se fue por la tangente, preguntó por los tiempos de resolución de los expedientes y mencionó los casos de Aldesa y del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que duró un cuarto de siglo. Preguntó si se abrió investigación de por qué duró tanto.
Castillo dijo estar “muy molesto con eso”, recordó que el tema de la mora judicial, es decir, acumulación de casos, se concentra en cobros y el proceso penal, el cual “requiere reformas para que sea más expedito”.
Por otra parte José Miguel Villalobos Umaña preguntó por qué se mandó una nómina de 18, en lugar del total de 24 requeridos, siendo que al proceso se habían presentado 37 personas aspirantes que cumplían los requisitos. Recuérdese que la Sala IV debe contar con doce magistraturas suplentes, y se debe enviar una nómina del doble para que el congreso elija. Lo mismo fue repreguntado poco después por el también oficialista y exvicepresidente Stephan Lars Andreas Brunner Neibig.
Castillo explicó que en un primer momento iban a vencer los nombramientos únicamente de nueve magistraturas y que por ello se procedió así.
Villalobos Umaña inquirió sobre la potestad de la Asamblea de decidir sobre la idoneidad de las candidaturas y determinar que no les gusta ninguna y devolver todos los nombres, como en efecto se hizo.
Castillo explicó que “la Asamblea tiene esa potestad, siempre y cuando nos digan la justificación”.
La liberacionista Janice Sandí Morales (PLN) entre otras cosas planteó que entre los 124 expedientes varados por la necedad oficialista hay seis “urgentes” contra la CCSS y nueve de personas con discapacidad y minorías étnicas, y preguntó si se está violando el derecho de esas personas. El Magistrado ponderó que “detrás de cada expediente hay un ser humano que reclama justicia pronta y cumplida, la solución más lógica es que se nombren los magistrados suplentes”.
El diputado Salvador Padilla Villanueva, también del PLN, preguntó si bajo el ordenamiento jurídico la Sala puede “dar un golpe de Estado”.
Castillo Víquez afirmó que “los términos se han equivocado, efectivamente no puede” y citó un caso de Estados Unidos para citar a John Kennedy en el sentido de que “la base de la convivencia es el respeto a las decisiones judiciales”. De ahí procedió a asegurar que “la lógica en un Estado Social de Derecho es el respeto a las decisiones judiciales”.
Al final de la sesión, la presidenta de la Comisión, Marta Esquivel Rodríguez, agradeció a Castillo haber “acompañado e ilustrado a esta Comisión”.
En declaraciones posteriores a la prensa, Castillo expresó su esperanza de que el asunto de los nombramientos «llegue a buen puerto y haya una solución institucional que le permita al país volver a sus cauces».
Además tuvo que explicar que “un golpe de Estado es un rompimiento del orden constitucional» y recordó lo dicho por el magistrado Jorge Araya García, en el sentido de que “más bien lo que hace la Sala aquí es restablecer el orden constitucional».
Además informó que aún no han entrado a trabajar los magistrados suplentes cuyo nombramiento se prorrogó, pues aún se debe resolver «aspectos logísticos» por ejemplo el otorgamiento de permisos para que puedan ingresar a los sistemas de votación.
La entrada Diputados pueden devolver lista de candidaturas de magistrados «siempre y cuando nos digan la justificación» aparece primero en Semanario Universidad.
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