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Mario Bermúdez Vives
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Los diputados de La Comisión de Ingreso y Gasto Público solicitarán un pronunciamiento a la Procuraduría General de la República, para aclarar si se presentó un conflicto de interés en las funciones realizadas por Yara Jiménez, Secretaria General del Consejo de Gobierno, quien declaró que además asumió como recargo la Unidad Asesora de Empresas Públicas del Estado.
Entre las empresas públicas de esta unidad se encuentra el Banco Nacional. Precisamente, uno de los temas por los que Jiménez fue convocada se relacionó con su participación en el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional, luego de que el Gobierno decidiera deponer a sus directivos titulares. La Sala Constitucional, sin embargo, anuló esta maniobra del Gobierno.
El segundo caso por el que Jiménez, candidata a diputada por el tercer lugar de Cartago por el oficialista Pueblo Soberano (PPSO) fue convocada, fue su relación con las denuncias de presiones desde el Gobierno para presionar una garantía en bancos en favor de la empresa mexicana Tradeco, para que asumiera las obras de Barranca Limonal.
Jiménez negó tener cualquier relación con conversaciones o presiones desde Zapote para tratar de favorecer o ayudar a la empresa Tradeco a recibir avales desde el Instituto Nacional de Seguros (INS), y declaró a los diputados que denunciará penalmente a quienes la hayan mencionado en esta materia.
Si admitió su participación en el proceso de nombramiento de directivos en la Junta Directiva depuesta del Banco Nacional, pero insistió en que se trató de cumplir con sus funciones, y que se limitó a “analizar” sus candidaturas y “exponerlas” al Consejo de Gobierno.
Para la audiencia de este lunes también estaba convocado el ex funcionario del Banco Nacional Francisco Gamboa, secretario general del PPSO y candidato a la vicepresidencia, quien no se presentó ni justificó su ausencia. La presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, indicó que se tendría que proceder legalmentente en este caso; lo que sugiere recurrir convocarlo con la fuerza pública.
Jiménez inició la comparecencia con la defensa alta, desvalorizando a la comisión. Aseguró que se le convocó sin fundamento, para tratar de “deslegitimarla sin fundamento”, e intentó no responder preguntas relacionadas con su candidatura a diputada o relaciones de su esposo, Alberto Cuadra, quien trabaja en seguridad informática en el Banco Nacional.
Ante la consulta de posibles relaciones de su esposo con Gamboa, quien laboró en el Banco Nacional y tuvo que renunciar ante la posibilidad de un conflicto legal (había sido nombrado secretario general del PPSO, y no podía tener esa participación política siendo funcionario público), Jiménez negó que ambos tuvieran una amistad.
Los diputados la confrontaron con las declaraciones, bajo juramento, de otros testigos, como Alejandro Acón, director corporativo del Banco Nacional y William Fernández, ex director jurídico del INS, que la mencionaron en gestiones para que Tradeco recibiera un aval para poder asumir la obra Barranca-Limonal.
Jiménez aseguró que no conocía a estos funcionarios, y que mentían al vincularla en esta situación. Fue enfática en que no participó en ninguna reunión relacionada con Tradeco, y que no tenía relación alguna con esa empresa. También negó haber participado en llamadas telefónicas con autoridades del INS y al ser cuestionada por la contradicción con las declaraciones de otras personas, anunció que denunciaría penalmente a quienes la hubieran mencionado en este caso.
También negó tener alguna relación con María del Milagro Solórzano, nombrada en la Junta Directiva impulsada por Zapote y quien fue esposa de Randall Chuken, abogado que fue el intermediario para que se dieran reuniones en Casa Presidencial con representantes de Tradeco. Jiménez indicó que no conocía nada de estas reuniones.
Los diputados también la cuestionaron por recomendar a miembros para la Junta Directiva impulsada por Zapote, a pesar de ser personas que carecían de la experiencia o no cumplían con los requisitos para el cargo, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
Jiménez negó haber hecho una recomendación, lo que matizó como “una presentación ante el Consejo de Gobierno”, pero rechazó que se tratara de situaciones ilegales. “No ignoramos incompatibilidades ni falta de requisitos”, dijo, y cuando se le replicó que cinco candidatos no tenían los requisitos y tres tenían conflicto de intereses, alegó que la valoración de SUGEF se trataba de “normativa infralegal, inferior a la ley”, para insistir en que los nombramientos de Zapote estaban a derecho.
Cuando se le insistió en que la Sala IV los había anulado, se atrincheró en que en Zapote todavía no sabían por qué se anuló la Junta Directiva que trataron de imponer, alegando que solo han recibido el “por tanto” de la sentencia del tribunal constitucional.
Los diputados le requirieron presentar por escrito las justificaciones de la legalidad de la exposición de candidatos para la Junta Directiva del Banco Nacional en un plazo de 24 horas.
Y fue cuando estaba por finalizar la audiencia, que surgió el tema del posible conflicto de intereses. Luego de que Jiménez mencionara su participación en la unidad asesora de empresas públicas del Estado, la diputada Kattia Cambronero le cuestionó si era un conflicto que asesorara empresas del Estado, al coordinar esta unidad, y a la vez presentara recomendaciones de integrantes para Junta Directiva de una de estas empresas.
Jiménez lo refutó, insistiendo en que no había conflicto, y que no realizaba recomendaciones. “No hay contradicción”, dijo. Pero varios diputados discreparon, por lo que aprobaron, por unanimidad, la moción de consultar a la Procuraduría el posible choque.
La entrada Diputados indagarán conflicto de interés en secretaria de Consejo de Gobierno y candidata a diputada por oficialismo aparece primero en Semanario Universidad.
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