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Mario Bermúdez Vives
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Los diputados dieron primer debate a un proyecto para anular prohibiciones para la publicidad en el patrocinio del deporte, pero con la intención declarada de retrotraerlo posteriormente, para impulsar un texto sustitutivo.
El proyecto 23.216, «ley para impulsar y fortalecer el deporte nacional», presentado en la anterior legislatura por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), recibió el respaldo de 41 diputados, y fue adversado por 10.
En favor del proyecto se inclinaron la mayoría de la bancada oficialista, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Abril Gordienko, del PUSC. En contra se apuntaron los diputados del Frente Amplio (FA), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y dos diputadas del PLN, Janice Sandí y Karen Matamoros.
Empero, el diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) Royner Mora, quien fue ministro de Deporte en la anterior administración, especificó que la ruta será retrotraer posteriormente el proyecto a primer debate para presentar un texto sustitutivo, para incorporarle ajustes a fin de darle mayor claridad y observaciones de diferentes diputados. «Sus aportes serán considerados con seriedad», afirmó.
Mora también insistió en que el proyecto no es para promover el consumo del alcohol, sino «regular una realidad que ya existe» y permitir que más recursos se destinen a la promoción del deporte y la prevención.
Pero el tema genera una intensa polémica, que se evidenció en la participación de los diputados Janice Sandí y Rafael Ángel Vargas, del PLN: la doctora en contra del proyecto, por considerar que los niveles de consumo de alcohol en los menores de edad y jóvenes se han contenido por la prohibición de vincular publicidad con el deporte, mientras Vargas alegó que «no estaba seguro» que privar al deporte de recursos de este tipo podría «resolver los problemas del alcoholismo».
Por su parte, la fracción del FA realizó varias intervenciones, en las que insistieron en que el proyecto no tiene garantías de que se traducirá en beneficios para el deporte, alegaron que la prohibición ha protegido a los jóvenes y aumentará su exposición al alcoholismo, y afirmaron que podría ser inconstitucional. «Se nos dice esto va a promover el deporte, pero en el proyecto no hay ningún mecanismo que garantice eso», afirmó José María Villalta.
Y la diputada Joselyn Sáenz, del FA, insistió en que el proyecto era inconstitucional, y que hubo intentos similares al proyecto actual que fueron considerados inconstitucionales en la Sala Constitucional. Incluso resaltó que una de estas consultas fue firmada por la diputada Marta Esquivel, del PPSO, cuando era magistrada suplente de la Sala IV.
Justamente en la intervención anterior, Esquivel se había ofrecido para apoyar a Mora para «blindar» el texto sustitutivo.
Esto motivó una intervención del diputado José Miguel Villalobos, del PPSO, quien indicó que esperaba que se presentara esta denuncia de la firma de Esquivel en una consulta que indicó la inconstitucionalidad de un proyecto similar. «Pero quiero recordarles que este voto no genera ninguna jurisprudencia, porque las consultas legislativas para proyectos en primer debate, no son vinculantes», y agrego que «era un voto parcializado, porque solo se escuchaba a una parte, a quienes presentaron la consulta; no se realizan audiencias». Villalobos también arremetió contra los argumentos de «falsa causa», en los que se trata de relacionar la publicidad de alcohol con el consumo, o su ausencia. «Noé no consumió vino porque había publicidad», ejemplificó en uno de sus puntos.
Esto a su vez originó una refutación de Antonio Trejos, del FA, quien consideró que los proyectos que se han impulsado en esta dirección, son un intento de la industria del alcohol para tratar de influenciar políticas públicas.
La presidenta legislativa Yara Jiménez anunció para el 11 de junio el segundo debate, pero hay todavía tela por cortar, sea que se concrete la moción para retrotraer el proyecto a primer debate y presentar un texto sustitutivo, o que se concrete una consulta de constitucionalidad, anunciada por Sandí, y para la cual ya hay diez firmas disponibles, según la votación.
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