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Mario Bermúdez Vives
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Los diputados le dieron primer debate a once proyectos de ley en la sesión extraordinaria de este lunes, como parte de una agenda de consenso que incluyó temas como la creación de acciones de rendición de cuentas de los magistrados del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y las sanciones por los ingresos ilegales a los Parques Nacionales.
El Plenario había aprobado una moción extraordinaria para 26 expedientes, entre los que se incluyeron temas como el 24.717, la ley para regular la explotación de minería metálica en Cutris que impulsa el Gobierno, y el 24.019, la ley de la ejecución de la pena, temas polémicos en los que se limitaron a avanzar en el trámite.
También se incluyó una hora del expediente 24.211, la creación del fondo para el auxilio del sector arrocero, que se limitó a la aprobación de un par de mociones y un par de revisiones (restan alrededor de 50), un proyecto que la fracción oficialista bloquea mediante la defensa de estas propuestas. Aunque pareciera improbable su avance, este tema caldeó los ánimos, en una discusión entre la oficialista Pilar Cisneros con la independiente Kattia Cambronero y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).
Sin embargo, esto no evitó que se aprobaran en primer debate estos once proyectos, entre ellos, el 22.878, reforma a la ley de Parques Nacionales impulsada por el Gobierno, para poder establecer sanciones por el ingreso ilegal a los Parques Nacionales. Se incluyen sanciones a operadores turísticos que organicen viajes a sitios no autorizados.
También se avaló en primer debate el 23.652, una reforma a la ley de contratación administrativa impulsada por el independiente Luis Diego Vargas, para excluir las actividades académicas de investigación de las universidades estatales de procedimientos ordinarios, y permitirles acogerse a procedimientos especiales de esta normativa. Esta propuesta fue votada en contra por la fracción oficialista, pero no lograron impedir que la mayoría le diera luz verde.
Otro primer debate se otorgó al proyecto 24.943, impulsado por Alejandra Larios y Katherine Moreira, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el que se pretende que los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia deban presentar un informe anual al Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de los principios de transparencia y probidad, en el que incluyan una estadística de los expedientes recibidos, tramitados y resueltos, así como votos salvados y notas, y proyectos revisados y firmados de otros integrantes de la respectiva Sala. Asimismo, los magistrados del TSE deberán presentar un informe a la Corte.
Asimismo, recibieron primer debate el expediente 23.448 para regular e impulsar franquicias, texto de la oficialista Ada Acuña, que tiene el objetivo de brindar seguridad jurídica en la materia de franquicias en el país, en el que se incluye la creación del registro de empresas franquiciadoras, que estará a cargo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. También el expediente 24.037, la ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres, iniciativa de Rosaura Méndez, del PLN, con el que se pretende propiciar trámites menos complicados para estas iniciativas, y el proyecto 24.596, la ley de pagos del programa nacional de comedores, con el que el oficialista Alexander Barrantes propone pasar el manejo de fondos de estos programas del Ministerio de Educación Pública al Consejo Nacional de Producción.
En materia de seguridad, con el proyecto 24.341, la ley para facilitar la identificación de sujetos que participaron en hechos delictivos por medio del ADN, del diputado Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP), se propone que las personas que reciban condenas por hechos delictivos, tengan que someterse a un registro completo de sus datos de identificación biométricos, antes de poder recibir beneficios como ejecución condicional de pena, libertad condicional, arresto domiciliario con monitoreo electrónico, conmutación de pena, o procesos de rehabilitación e indultos.
Finalmente, los diputados dieron primer debate a cuatro proyectos para autorizar donación de activos.
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