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Fabiola Pomareda García
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Los diputados del Frente Amplio (FA) Ariel Robles y Priscilla Vindas, así como el abogado y diputado electo para el periodo 2026-2030 por el FA, Edgardo Araya, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental por “cambio de uso de suelo e invasión a área protegida” en Jocote de Pococol, en la Zona Norte.
De acuerdo con la denuncia presentada el 9 de febrero, “en días recientes y de manera continua hasta el día de hoy”, se observan “grandes movimientos de tierra en sector boscoso” en la comunidad del Jocote, específicamente sobre la ruta 761, después del puente sobre el río Pocosol, carretera a Los Chiles.
En la denuncia los diputados afirman que, “según la ubicación de los hechos denunciados, se estaría invadiendo el Área de Protección del Corredor Fronterizo de la Zona Norte”.
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La ruta terciaria 761 va de San Humberto en dirección norte, atravesando varias comunidades del distrito de Pocosol, cantón de San Carlos, hacia la frontera con Nicaragua.
La diputada Priscilla Vindas dijo: “En las imágenes que nos han hecho llegar se demuestra la tala de bosque y posible invasión que podría tener afectaciones gravísimas”.
En el video difundido en redes sociales por el Observatorio Ciudadano Zona Norte se ven extensos terrenos en colinas donde se ha removido la tierra y donde aparentemente existía bosque, así como pequeños parches de bosque sin talar en zonas aledañas y se indica que se trata del Jocote de Pocosol. El terreno pareciera estar siendo preparado para la siembra de piña.
Los diputados solicitan a la Fiscalía Ambiental que investigue; pero además piden una medida cautelar para que la Fuerza Pública y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) paralicen de inmediato cualquier actividad en el lugar que no tenga los permisos respectivos, que identifiquen los inmuebles donde se desarrollan los hechos y determinen si se han invadido áreas protegidas.
Asimismo, los legisladores piden a las autoridades solicitar medidas de paralización de obras y/o movimientos de tierra y demolición de estructuras que no cuenten con permisos correspondientes “en aras de evitar daños graves e irreversibles en el medio ambiente del lugar señalado”, de conformidad con el Principio 15 (principio precautorio) de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el artículo 50 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y el artículo 140 del Código Procesal Penal.
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