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Joel Porras Hernández
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La sesión del Plenario Legislativo de esta tarde tuvo como principal incidencia la denuncia de Óscar Izquierdo de «persecución política» de parte del gobierno de Rodrigo Chaves tras su despido del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Después de aprobar la vía rápida del expediente 25.158: Ley para eliminar el beneficio de brazalete electrónico; y de rechazar mociones de reiteración del oficialismo en contra del expediente 24.211: Ley Para La Creación Del Fondo De Competitividad Y Auxilio Arrocero (Fonarroz), Izquierdo denunció que se dio cuenta por los medios de comunicación que lo destituyeron de su plaza en el AyA, sin justificación técnica ni jurídica.
«Tengo en mi poder un acuerdo de la Junta Directiva del AyA de darme un permiso sin goce de salario por cuatro años. El problema es que me destituyeron de forma ilegal, no me están destituyendo porque he hecho algo irregular, es solamente por persecución política», denunció el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.
Su bancada le respaldó y fustigaron al oficialismo tachando esa decisión de «persecución política». Lo mismo realizaron las fracciones del Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y diputaciones independientes.
Dinorah Barquero del PLN y Kattia Cambronero, independiente, reprocharon la actitud de Pilar Cisneros, jefa del oficialismo: las legisladoras criticaron que se estaba riendo ante la denuncia de Izquierdo.
Parte del Plenario comparó el despido de Izquierdo con otras situaciones donde cesan a funcionarios que se han pronunciado en contra del gobierno.
El diputado del PUSC, Carlos Felipe García, recordó que, a la legisladora de su partido, Vanessa Castro le revocaron la visa estadounidense y se dio cuenta de ello por los medios de comunicación y después le notificaron vía correo, igual como le sucedió a Izquierdo.
García también reseñó los casos de Luis Amador (exministro de Obras Públicas y Transportes) y Patricia Navarro (exministra de Comunicación) que han sido abiertamente críticos de la administración de Chaves.
«¿Cuántos más han sido utilizados y los han tirado debajo del tren? ¿Cuántas veces han usado el Patronato Nacional de la Infancia para estar funcionarios dos horas con la hija de un candidato a la presidencia de la República? ¿Cuánto costará la demanda de inventar un caso de evasión fiscal a través de un TikTok? En el momento que usted tiene una diferencia, van a ir por cada uno de ustedes y ese es el tema que no se puede perder en el corto plazo», criticó el socialcristiano.
Johanna Obando, legisladora independiente, también mencionó que hace un año y medio a ella le revocaron la visa, a lo que también manifestó que los motivos de esa decisión fueron por seguir una línea crítica hacia el gobierno.
«Yo ya había señalado que estas actitudes iban a venir cuando a mí se me hicieron varios montajes por el tema de 5G, luego la visa y después el montaje de la droga. Les dije que iban a venir por cada una de las personas y que iban a comenzar de esa forma sistemática, porque en los gobiernos autoritarios el ser oposición no les conviene», denunció Obando.
Gloria Navas, también legisladora independiente, manifestó su rechazo ante estas actitudes que considera lesivas para la democracia.
«Siento un dolor con respecto a la democracia, los discursos de odio nos debían haber advertido con toda claridad, y así lo hicieron, de lo que iba a pasar. Eso no podemos tolerarlo en nuestra democracia, no podemos aceptar la persecución política en este país», mencionó la legisladora.
Jonathan Acuña, del Frente Amplio, señaló que estas decisiones son «intenciones autoritarias».
«Aquí yo tengo claro que lo que hay de fondo es persecución política. La diferencia política no se dirime persiguiendo a la gente. Esta es la puesta en práctica de algo que ya nos habían augurado, es una intención autoritaria de perseguir a sus adversarios políticos por todos los medios», manifestó el diputado.
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