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Vinicio Chacón Soto
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Las diputadas Gloria Navas y Priscilla Vindas, integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, alertaron sobre las implicaciones de dos proyectos de ley que pretenden abrir las empresas de seguridad a participación extranjera.
Además Vindas lanzó la voz de alerta pues uno de esos proyectos fue devuelto a precisamente a esa Comisión, con lo cual se podría revertir cambios que se hicieron en aras de eludir ese problema.
Ambas iniciativas buscan reformar la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada (N° 8395) y ya UNIVERSIDAD publicó reportaje en que se abordó el tema del expediente 23.990, en el cual el diputado frenteamplista Antonio Ortega lo calificó como “golpe a la Constitución”, pues en su criterio lesiona la soberanía, mientras que la legisladora Daniela Rojas (PUSC), proponente de esa iniciativa, adujo que será útil para atraer inversión y que “no implica ningún riesgo”.
Ese expediente se ubicó en la Comisión de Gobierno y Administración y ya ha cumplido con el trámite de votación de las mociones tramitadas desde el Plenario según el artículo 137 del Reglamento legislativo.
El otro expediente de reforma a la misma ley es el 23.989 y más bien se tramitó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Fue presentado por la fracción del PUSC, más Gilberth Jiménez, exliberacionista hoy independiente, quien preside esa Comisión.
Originalmente este expediente buscó reformar los artículos 13 y 45 de la ley, y en su motivación se expresó que busca “poder identificar a una persona física como beneficiaria final, sin limitar las distintas formas de agrupación empresarial y con ello permitir un mayor número de empresas prestadoras del servicio sin comprometer el pilar más importante, cual es la seguridad de los ciudadanos”.
El objetivo según indica el texto es “ garantizar un tratamiento igualitario entre empresas nacionales y empresas extranjeras, así como entre empresas cuyos socios son personas físicas o empresas que están organizadas a nivel empresarial de distintas formas, para con ello poder satisfacer la realidad del mercado y de las diversas formas modernas de organización empresarial”.
Ese proyecto proponía una amplia reforma al artículo 13 de la Ley, sobre los requisitos para solicitar autorización para prestar el servicio. Así por ejemplo se indicaba: “En caso de que la compañía tenga como participante en su estructura a personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, igualmente deberá identificar la totalidad de los participantes de cada una de esas personas jurídicas hasta identificar el beneficiario final, debiendo identificarse al menos una persona física como beneficiario final de la persona jurídica costarricense, sobre quien deberá presentar la constancia de antecedentes penales”.
Revertir cambios
La última versión de este proyecto, sin embargo, ya no plantea reformas al artículo 45, sobre prohibiciones, y eliminó las especificidades sobre empresas extranjeras, de manera que simplemente establece, a la hora de tramitar permisos, que “en todos los casos, se deberá indicar y adjuntar, en la solicitud, la debida constancia de antecedentes penales junto con la misma información solicitada en el párrafo anterior para el representante legal, sobre la totalidad de los participantes y beneficiarios finales de la persona jurídica solicitante”.
La diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio, apuntó al respecto que “habíamos logrado arreglar bastante este proyecto, estábamos preocupados por lo que implica, que es básicamente flexibilizar algunos requerimientos para la seguridad privada en el país”.
Su modo verbal obedece a que al mismo tiempo advirtió que se dio la devolución del proyecto a la Comisión, de acuerdo con el artículo 154 del Reglamento. Ello implica la apertura de un periodo para presentar mociones de fondo.
Aseguró al respecto que “ellos quieren devolverlo a comisión precisamente para revertir los cambios que se le hicieron en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico”. Añadió que en esa Comisión “el balance es delicado, es cinco a cuatro”.
Con ello se refirió a la división de las nueve diputaciones de esa Comisión. Por un lado la chavista Pilar Cisneros, el independiente Jiménez, Horacio Alvarado (PUSC) Gilberto Campos (PLP) y Fabricio Alvarado (NR); por el otro ella, la independiente Gloria Navas, y del PLN Dinorah Barquero y Alejandra Larios.
Así, Vindas observó que es un riesgo real que este proyecto de ley retome la misma línea que el 23.989, en el sentido de permitir la inversión extranjera, pero además aseguró que “son proyectos que son similares, se complementan, pero que buscan una finalidad última, que es flexibilizar los requisitos que tendría que tener una persona extranjera, para tener empresas de seguridad privada en el país”.
Navas por su parte reiteró que la finalidad del expediente 23.990 “es permitir la participación de capital extranjero en empresas de seguridad privada y eliminar la prohibición de vender acciones extranjeros ajustando la norma al modelo de transparencia y registro de beneficiarios”.
Lo comparó en ese sentido con el ya mencionado 23.989 y dijo que en ese caso el análisis constitucional del Departamento de Servicios Técnicos “indica que se estudia la posibilidad de inconstitucionalidad de permitir que personas extranjeras sean propietarias o accionistas de empresas. de seguridad privada”.
Ponderó que “estamos hablando del tema de la seguridad del Estado costarricense y de la ciudadanía. De tal manera que si va a hacerlo de personas extranjeras, hay que tener un poquito más de cuidado y de legislación controlada. Se enfatiza que esta actividad no es meramente comercial, sino de interés público”.
“El Estado tiene que ejercer un control estricto sobre quiénes prestan estos servicios y sobre sus beneficiarios finales”, dijo Navas antes de indicar el “aspecto delicado” de que “permite la participación de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero y en admitir que si no se logra identificar el beneficiario medio final se presuma como tal administrador”.
“En suma, se supone que es un proyecto que puede ayudar a la seguridad interna del país, pero por otro lado, cuando es ese concepto ‘extranjero’ debe ser bien controlado porque estamos hablando de esas armas, introducción de funcionarios, etcétera, que pueden afectar los controles de legalidad del país”, expresó.
Se buscó a Gilberth Jiménez como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y además proponente del expediente 23.989, pero no contestó el mensaje que se le envió.
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