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Javier Córdoba
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La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, cuestionó este jueves ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el proceso de admisión a las especialidades médicas, alegando que la segunda etapa de este “se presta para el control del mercado profesional” de acuerdo con informes de auditoría.
Este cuestionamiento lo realizó en una sesión del máximo órgano de la CCSS en el cual presentó su proyecto 24.015, denominado “Ley Fortalecimiento de la Salud Pública”, el cual se encuentra siendo discutido en la Asamblea Legislativa, y que, de aprobarse, tendría grandes implicaciones para la institución. Este punto no estaba incluido dentro de la agenda del día; sin embargo, la presidenta ejecutiva Mónica Taylor solicitó su modificación.
“Está determinado por diferentes informes de Auditoría que esta segunda etapa se utiliza o se presta para el manejo gremial y peor aún, para el control del mercado profesional. Y esto es bien lamentable y creo que es un secreto a voces que todos escuchamos. Yo soy funcionaria CCSS y tengo muchísimos años de escuchar que estas cosas pasan y yo creo que llegó la hora de poner un alto a este tema que sin duda alguna nos está arrojando un grave problema en la carencia de médicos especialistas”, mencionó Carballo.
El proyecto de ley impulsado por la legisladora, el cual cuenta con el rechazo del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), plantea la eliminación del examen de segunda etapa para especialidades médicas, el cual es realizado por las universidades formadoras.
En esa misma línea, agregó que le parecía una burla que queden plazas vacías para formación de especialistas, pese a que cerca de 500 médicos generales pasaron la primera etapa del proceso de admisión.
“Nosotros deberíamos estar formando todos los que pasan esta primera etapa, pero no se forman los 500”, dijo Carballo.
Durante su presentación, la diputada criticó también el contrato de retribución social que deben realizar los médicos, pues en su criterio, tal y como está construido, “es muy fácil irse al sector privado”.
En esa línea dijo que el contrato actual obliga a los especialistas formados por la institución a trabajar tres años o pagar un 8% del salario.
“Ese 8% significa muy poco para el gremio. Entonces es muy fácil no retribuir a la institución e irse al sector privado”, afirmó la legisladora quien mencionó que la inversión en la educación de cada especialista ronda los ¢301 millones.
El proyecto de ley 24.015 propone que el contrato de retribución obligatoria se amplíe a siete años.
“Si usted se va antes, tiene que pagar el costo de oportunidad. La institución invirtió en usted para que trabaje para la institución”, sostuvo la legisladora quien dijo que su proyecto de ley tampoco busca “quitarle trabajo a los médicos nacionales trayendo médicos extranjeros”.
Carballo indicó que las nuevas generaciones de médicos tienen prioridades distintas. Según indicó, hoy, a muchos profesionales no les importa el arraigo ni plaza fija, sino que más bien buscan calidad de vida.
Finalmente, la legisladora indicó a los directivos que este proyecto solo es cuestionado por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas.
SINAME: Proyecto no resuelve listas de espera
Consultados sobre este tema, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas indicó que este proyecto dista de resolver cualquier problema de listas de espera que tenga el país.
Agregaron que, en tanto la integralidad de factores que inciden en esta problemática no se atiendan, estas largas listas de espera continuarán. En esa línea señalaron que, Costa Rica es el segundo país con menos camas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE después de México.
«La infraestructura nacional no se puede comparar con países con mayor desarrollo hospitalario como los países más altos de la OCDE, por lo que es impreciso comparar el número de profesionales de salud por mil habitantes en cuanto no se resuelva dicha situación y eso va de la mano con el severo estancamiento en inversión clínica que el país ha sufrido en los últimos años, a lo cual se suma el impago de la inmensa deuda del Estado con la Caja. Imposible hacer chocolate sin cacao», mencionaron.
Finalmente, acotaron que no es correcto afirmar que solo el SINAME ha estado en contra de este proyecto, pues el Colegio de Médicos, el Programa de Especialidades Médicas (PPEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Unión Médica Nacional (UMN) también se han manifestado de manera similar.
«El impacto negativo que podría tener en formación de especialidades este proyecto sería muy severo e irremediable. No se vale, desde la inmunidad que la Asamblea Legislativa concede a la diputada, hacer aseveraciones que no puedan ser desmentidas o judicializadas», añadieron.
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