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Laura Martínez Quesada
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Por supuesto que constitucionalmente corresponde a la Asamblea Legislativa, el nombramiento de los magistrados. Eso no lo está cuestionando el Poder Judicial. Lo que sucede, es que dicho nombramiento ha de hacerse legalmente a partir de la nómina que, constitucionalmente corresponde remitir la Corte al Congreso.
Desde que la exdiputada Pilar Cisneros impidió que hubiese quórum para que no se diera la correspondiente votación que estaba en agenda, se evidenció aún más, que la intención era la de acomodarse a los deseos expresos y públicos de Rodrigo Chaves, de apoderarse del Poder Judicial, como lo había hecho con los otros dos poderes del Estado, dijo. Ante ello, su instrucción a los legisladores chavistas fue impedir el funcionamiento de la Sala Constitucional y las otras salas de la Corte, para posiblemente alcanzar sus aspiraciones dictatoriales, creándose así un dilema que había que resolver.
Ante ello, la Sala IV por mayoría, tomó la medida provisional, temporal, de emergencia, en aras del bien público, de ampliar el nombramiento de unos exmagistrados para que llenaran las vacantes que el chavismo está evitando llenar, mientras los legisladores que están impidiendo la delicada elección reflexionaban y, dialogaban con las diputaciones del llamado Bloque Democrático, con la pretensión de elegir de la nómina recibida, los magistrados suplentes que urge nombrar. Y es que es razonable y prudente considerar que existen actos extraordinarios, temporales, que han de darse cuando es necesario defender y fortalecer derechos fundamentales, secuestrados por legisladores que pretenden apoderarse políticamente del Poder Judicial, según ha manifestado su líder.
Por otro lado, la insólita propuesta de la diputada Marta Esquivel, conque busca que la elección de magistrados sea un acto estrictamente político, ¡sin participación de la Corte Suprema de Justicia!, es muestra torpe de cuáles son las intenciones que mueve al oficialismo. Lo mismo hicieron, para reafirmar sus dictaduras, los «muy populares» presidentes Ortega y Bukele, para romper el orden constitucional de sus países, al concentrar en un personaje antidemocrático y ambicioso, los tres poderes de la República. Por eso los costarricenses pensantes y amantes de la democracia, hemos de tener claro, que al contar con el Poder Judicial es casi imposible que una dictadura se pueda entronizar.
¡Eso es lo que está en juego y ante ello no caben medias tintas ni cobardes, incapaces de defender con entereza y energía el presente y futuro democrático de nuestros hijos y nietos!
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