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Vinicio Chacón Soto
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Detener la demolición del edificio Jorge Manuel Dengo en Sabana Norte es el principal objetivo del recurso de amparo presentado este lunes por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ante la Sala Constitucional.
Desde la propia Sala Constitucional se confirmó que el recurso fue presentado, pero que aún no ha sido acogido.
Mediante un comunicado, desde la ANEP se detalló que al recurso se le asignó el expediente N.° 26-033856-0007-CO y uno de los principales argumentos es que “se pretende avanzar hacia una decisión irreversible sin que se hayan divulgado públicamente los estudios técnicos que la justifican”.
De acuerdo con lo expuesto en el recurso, “tampoco se conocen de manera transparente y técnicamente contrastable los análisis integrales sobre vulnerabilidad, posibilidades de reforzamiento, rehabilitación y costo-beneficio patrimonial”.
El texto del recurso, al que UNIVERSIDAD tuvo acceso, apunta que el inmueble “ha formado parte durante décadas de la imagen institucional del ICE y del desarrollo de la infraestructura pública costarricense”.
Pero además apunta que el pasado 12 de junio 26, la Asociación Costarricense del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Costa Rica) emitió un pronunciamiento oficial respecto de la eventual demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, y manifestó su “profunda preocupación desde una perspectiva patrimonial, arquitectónica y de memoria institucional del país”, según se citó.
Icomos además señaló que la sede histórica del ICE representa “procesos fundamentales de la Costa Rica contemporánea, entre ellos la electrificación nacional, el acceso democrático a servicios estratégicos, el fortalecimiento de la infraestructura pública y la consolidación de capacidades técnicas del Estado costarricense”.
A ello se suma el criterio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), que mediante el oficio FI-438-2026 “señaló que los estudios utilizados para justificar la decisión no han sido divulgados”.
Esa facultad también explicó que el hecho de que una estructura construida hace unos 60 años no cumpla todas las exigencias de un código sísmico moderno, “no significa necesariamente que haya perdido su funcionalidad”.
Además, explicó que este edificio puede considerarse un “referente de la ingeniería estructural nacional” y subrayó que “públicamente no existe una razón técnica o económica que demuestre que su readecuación o reforzamiento sea imposible”.
“A pesar de la existencia de estos criterios especializados, el ICE ha anunciado públicamente la demolición del inmueble sin que se conozca que, previamente a la ejecución de esa decisión irreversible, se haya realizado una valoración integral de su posible valor patrimonial por parte de la autoridad estatal competente en materia de patrimonio histórico-arquitectónico”, se apunta en el recurso.
Desde junio el ICE ha venido de manera más o menos transparente sonando la idea de la demolición del inmueble, que llegó a oficializar el pasado 27 durante la presentación del Reporte de Sostenibilidad 2025. En esa oportunidad el presidente ejecutivo Marco Acuña apuntó que la idea es construir en el sitio un edificio nuevo de hasta 21 pisos.
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