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Ana Lucía Freire
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La impunidad y el uso irregular de bienes públicos vuelven al centro del debate en Ecuador. Este martes, 10 de febrero de 2026, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la desvinculación inmediata del director del Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI) de Conocoto, en el suroriente de Quito. Esta decisión se tomó tras una investigación periodística del medio de comunicación Ecuavisa que reveló que Santiago Díaz, procesado por presunta violación, utilizaba el sanatorio como un espacio de esparcimiento personal.
Díaz, quien guarda prisión en la Cárcel 4 de Quito, habría sido trasladado casi a diario durante los últimos tres meses a esta casa de salud. Según las evidencias presentadas, el procesado aprovechaba las instalaciones para almorzar y mantener reuniones familiares, desvirtuando la finalidad del centro médico.
La cartera de Salud, encabezada por la vicepresidenta María José Pinto, emitió un comunicado oficial condenando el “mal uso de las instalaciones”. En este documento, se aseguró que estos espacios son exclusivamente para brindar atención digna a la población y no para fines particulares. Además de la salida del director, se ha iniciado una auditoría interna para identificar al personal involucrado.
Pese a la gravedad de los hechos, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha emitido comentarios. Los traslados desde los centros de rehabilitación social dependen directamente de esta institución. Por lo tanto, es necesario saber quién firmó los permisos para que un interno de alta relevancia mediática abandonara su celda de forma sistemática para realizar actividades personales en Conocoto.
Santiago Díaz, exasambleísta por la Revolución Ciudadana, se encuentra bajo prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito desde julio de 2025. El exlegislador es procesado por el presunto delito de violación a una menor de 12 años, un caso que conmocionó al país tras revelarse que el hecho habría ocurrido durante una reunión familiar.
Antes de su entrega voluntaria, Díaz permaneció prófugo, lo que llevó al Gobierno a ofrecer una recompensa de 100 000 dólares por información sobre su paradero. Pese a la gravedad del cargo, que no tiene fuero de Corte Nacional, por haber ocurrido antes de que asumiera su curul, el procesado mantenía estos polémicos traslados al sanatorio de Conocoto.
Información externa Delito de violación
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Uso indebido
Díaz, quien guarda prisión en la Cárcel 4 de Quito, habría sido trasladado casi a diario durante los últimos tres meses a esta casa de salud. Según las evidencias presentadas, el procesado aprovechaba las instalaciones para almorzar y mantener reuniones familiares, desvirtuando la finalidad del centro médico.
Reacción oficial
La cartera de Salud, encabezada por la vicepresidenta María José Pinto, emitió un comunicado oficial condenando el “mal uso de las instalaciones”. En este documento, se aseguró que estos espacios son exclusivamente para brindar atención digna a la población y no para fines particulares. Además de la salida del director, se ha iniciado una auditoría interna para identificar al personal involucrado.
COMUNICADO OFICIAL | Cuando se vulneran los principios del servicio público, el Estado responde.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/Xl7tzdivK9
— Ministerio de Salud Pública(@Salud_Ec) February 10, 2026
Silencio institucional
Pese a la gravedad de los hechos, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha emitido comentarios. Los traslados desde los centros de rehabilitación social dependen directamente de esta institución. Por lo tanto, es necesario saber quién firmó los permisos para que un interno de alta relevancia mediática abandonara su celda de forma sistemática para realizar actividades personales en Conocoto.
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¿Quién es Santiago Díaz?
Santiago Díaz, exasambleísta por la Revolución Ciudadana, se encuentra bajo prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito desde julio de 2025. El exlegislador es procesado por el presunto delito de violación a una menor de 12 años, un caso que conmocionó al país tras revelarse que el hecho habría ocurrido durante una reunión familiar.
Antes de su entrega voluntaria, Díaz permaneció prófugo, lo que llevó al Gobierno a ofrecer una recompensa de 100 000 dólares por información sobre su paradero. Pese a la gravedad del cargo, que no tiene fuero de Corte Nacional, por haber ocurrido antes de que asumiera su curul, el procesado mantenía estos polémicos traslados al sanatorio de Conocoto.
Información externa Delito de violación
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