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Reinaldo Páez Z.
Guest
La desinstitucionalización del país es alarmante, se manifiesta en un contexto donde campean el desorden, la corrupción, los asaltos, secuestros, crímenes, el tráfico de drogas, que se han convertido en fenómenos habituales agravados por la lucha entre cárteles internacionales y sus ramificaciones nacionales. Estas organizaciones han logrado apoderarse tanto del territorio como de instituciones judiciales, políticas, militares, policiales y hasta de sectores más vulnerables como de los niños y adolescentes pobres. Se ha generalizado la confrontación entre bandas delictivas, todas ellas persiguiendo el dominio y la preminencia en el manejo ilícito y la comercialización ilegal y multimillonaria de sustancias estupefacientes.
El flujo de dinero en este comercio criminal ha llevado a que los líderes e integrantes de estas bandas, que antes disimulaban su riqueza, ahora la exhiban sin recato. Habitan en urbanizaciones y condominios exclusivos, alternan en fiestas y reuniones con destacados políticos y con miembros de la alta sociedad, visten ropa fina, lucen joyas, relojes de costosas marcas y se movilizan en vehículos de alta gama, muchos blindados y siempre con guardaespaldas.
La grave crisis nacional que atraviesa el país no es fruto del azar, sino el resultado de una serie de decisiones adoptadas por políticos irresponsables, faltos de verdadero amor por la patria.
Entre las acciones que contribuyeron a esta lamentable situación, destaca la apertura indiscriminada de las fronteras a toda clase de extranjeros, sin realizar análisis previos de antecedentes penales. Asimismo, la salida de la Base de Manta dejó al país sin un elemento clave en la lucha contra el tráfico de drogas. Los partidos políticos recibieron aportes de las guerrillas colombianas para sus campañas, lo que facilitó la injerencia de intereses ajenos en la política nacional.
A esto se suma la adquisición de radares chinos que resultaron inoperativos, lo que permitió el libre tránsito de cargamentos ilegales por el espacio aéreo nacional. Paralelamente, se permitió el consumo limitado de drogas y se utilizó la valija diplomática para traficar cocaína, evidenciando una alarmante permisividad institucional. Además, se concedieron indultos masivos a transportadores de droga (conocidos como “mulas”), otorgándoles la libertad y suspendiendo sus condenas, lo cual debilitó considerablemente la capacidad disuasoria del sistema judicial.
Otro factor determinante ha sido la promulgación de leyes que favorecen a los delincuentes, junto con la interferencia directa en el sistema de justicia mediante la designación de jueces y fiscales irresponsables. Estos funcionarios, lejos de cumplir con su deber, traicionaron los principios de su profesión y se mostraron vulnerables ante el tráfico de drogas y sus ejecutores.
Todo este entramado de decisiones y acciones permitió que el país se convirtiera en terreno fértil para los cárteles internacionales, desplazados de México y Colombia, los cuales ahora luchan por el control de nuestro territorio.
La situación actual ha derivado en una profunda crisis política, social y ética que afecta a todos los niveles del país. El ambiente de incertidumbre y escepticismo es palpable en la vida cotidiana de la población. En este contexto, los alcaldes y prefectos, en su mayoría, en vez de contribuir activamente a la construcción de soluciones colectivas, se centran en el proselitismo político, defendiendo permanentemente los intereses de sus partidos y oponiéndose a las acciones del gobierno nacional. Esta actitud dificulta la coordinación para combatir la delincuencia y, en algunas ocasiones, da la impresión de que se complacen con el auge de actividades ilícitas.
La justicia, salvo contadas y honrosas excepciones, ha perdido su función esencial y se ha convertido en promotora del delito. Los tribunales y juzgados se han transformado en simples estaciones de paso para los malhechores.
Se percibe una preocupante ausencia de líderes y la desaparición de los partidos políticos. Las organizaciones que antaño opinaban y ejercían influencia sobre la gestión gubernamental y local han perdido vigencia y protagonismo. Surgen preguntas sobre el paradero y el rol actual de entidades como la FEUE, la FEUCE, las universidades, los rectores, los colegios profesionales, las academias, las cámaras, los bancos y sus grandes utilidades, los industriales y los gremios.
La patria es responsabilidad de todos: de nosotros, de nuestros hijos y nietos.
La recuperación y promoción de la participación de la sociedad civil es una urgencia ineludible en el contexto actual del país. Los ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de esforzarnos activamente para restaurar la democracia y sentar bases sólidas que permitan construir un futuro digno para la nación.
Para avanzar hacia soluciones efectivas, es fundamental presentar los estudios y diagnósticos que se han realizado a lo largo del tiempo y que abordan los principales problemas institucionales que afectan al país. Estos incluyen temas esenciales como la salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la educación, la desnutrición, la seguridad y el empleo. La transparencia y la difusión de estos análisis permitirán identificar los retos y orientar los esfuerzos hacia la mejora de los servicios y la garantía de los derechos ciudadanos.
Este es el momento propicio para que la sociedad civil se involucre plenamente en los procesos de transformación nacional. Solo a través de la suma de esfuerzos y el compromiso de todos será posible restaurar la confianza y la dignidad del país.
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El flujo de dinero en este comercio criminal ha llevado a que los líderes e integrantes de estas bandas, que antes disimulaban su riqueza, ahora la exhiban sin recato. Habitan en urbanizaciones y condominios exclusivos, alternan en fiestas y reuniones con destacados políticos y con miembros de la alta sociedad, visten ropa fina, lucen joyas, relojes de costosas marcas y se movilizan en vehículos de alta gama, muchos blindados y siempre con guardaespaldas.
La grave crisis nacional que atraviesa el país no es fruto del azar, sino el resultado de una serie de decisiones adoptadas por políticos irresponsables, faltos de verdadero amor por la patria.
Entre las acciones que contribuyeron a esta lamentable situación, destaca la apertura indiscriminada de las fronteras a toda clase de extranjeros, sin realizar análisis previos de antecedentes penales. Asimismo, la salida de la Base de Manta dejó al país sin un elemento clave en la lucha contra el tráfico de drogas. Los partidos políticos recibieron aportes de las guerrillas colombianas para sus campañas, lo que facilitó la injerencia de intereses ajenos en la política nacional.
A esto se suma la adquisición de radares chinos que resultaron inoperativos, lo que permitió el libre tránsito de cargamentos ilegales por el espacio aéreo nacional. Paralelamente, se permitió el consumo limitado de drogas y se utilizó la valija diplomática para traficar cocaína, evidenciando una alarmante permisividad institucional. Además, se concedieron indultos masivos a transportadores de droga (conocidos como “mulas”), otorgándoles la libertad y suspendiendo sus condenas, lo cual debilitó considerablemente la capacidad disuasoria del sistema judicial.
Otro factor determinante ha sido la promulgación de leyes que favorecen a los delincuentes, junto con la interferencia directa en el sistema de justicia mediante la designación de jueces y fiscales irresponsables. Estos funcionarios, lejos de cumplir con su deber, traicionaron los principios de su profesión y se mostraron vulnerables ante el tráfico de drogas y sus ejecutores.
Todo este entramado de decisiones y acciones permitió que el país se convirtiera en terreno fértil para los cárteles internacionales, desplazados de México y Colombia, los cuales ahora luchan por el control de nuestro territorio.
La situación actual ha derivado en una profunda crisis política, social y ética que afecta a todos los niveles del país. El ambiente de incertidumbre y escepticismo es palpable en la vida cotidiana de la población. En este contexto, los alcaldes y prefectos, en su mayoría, en vez de contribuir activamente a la construcción de soluciones colectivas, se centran en el proselitismo político, defendiendo permanentemente los intereses de sus partidos y oponiéndose a las acciones del gobierno nacional. Esta actitud dificulta la coordinación para combatir la delincuencia y, en algunas ocasiones, da la impresión de que se complacen con el auge de actividades ilícitas.
La justicia, salvo contadas y honrosas excepciones, ha perdido su función esencial y se ha convertido en promotora del delito. Los tribunales y juzgados se han transformado en simples estaciones de paso para los malhechores.
Se percibe una preocupante ausencia de líderes y la desaparición de los partidos políticos. Las organizaciones que antaño opinaban y ejercían influencia sobre la gestión gubernamental y local han perdido vigencia y protagonismo. Surgen preguntas sobre el paradero y el rol actual de entidades como la FEUE, la FEUCE, las universidades, los rectores, los colegios profesionales, las academias, las cámaras, los bancos y sus grandes utilidades, los industriales y los gremios.
La patria es responsabilidad de todos: de nosotros, de nuestros hijos y nietos.
La recuperación y promoción de la participación de la sociedad civil es una urgencia ineludible en el contexto actual del país. Los ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de esforzarnos activamente para restaurar la democracia y sentar bases sólidas que permitan construir un futuro digno para la nación.
Para avanzar hacia soluciones efectivas, es fundamental presentar los estudios y diagnósticos que se han realizado a lo largo del tiempo y que abordan los principales problemas institucionales que afectan al país. Estos incluyen temas esenciales como la salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la educación, la desnutrición, la seguridad y el empleo. La transparencia y la difusión de estos análisis permitirán identificar los retos y orientar los esfuerzos hacia la mejora de los servicios y la garantía de los derechos ciudadanos.
Este es el momento propicio para que la sociedad civil se involucre plenamente en los procesos de transformación nacional. Solo a través de la suma de esfuerzos y el compromiso de todos será posible restaurar la confianza y la dignidad del país.
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