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Vinicio Chacón Soto
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El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (IEM-UNA) mediante un comunicado expresó su exigencia de que “las personas aspirantes a cargos públicos asuman su responsabilidad ética, jurídica y política, absteniéndose de emitir declaraciones que legitimen la violencia sexual”.
Al mismo tiempo demandó que “se garantice una posición clara y firme de cero tolerancia frente a la violencia sexual, especialmente cuando afecta a niñas y adolescentes” y que “las instituciones estatales eviten cualquier discurso público que relativice la violencia sexual y en particular los delitos sexuales contra personas menores de edad”.
Con ello salió al paso de recientes declaraciones del abogado José Miguel Villalobos, aspirante a diputado en el primer lugar por Alajuela del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO). En un video publicado este miércoles en la cuenta de Instagram sinpelosenlalengua.cr, Villalobos dijo que fue un caso “por abuso sexual de persona menor, no una niña, tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos y salió condenado. Sigo pensando que no era culpable”.
Fue durante el debate organizado por Repretel el pasado martes que el diputado y candidato presidencial frenteamplista Ariel Robles preguntó a la delfín de Rodrigo Chaves, la candidata Laura Fernández “¿qué piensa usted de un hombre que diga que es una relación sexual normal que un hombre se meta, viole a una niña de 14 años que la obligue a que lo bese, que se meta con ella?”. Fernández calificó la pregunta como una “bajeza” y aseguró que será “implacable” con esos casos, sólo para que de seguido Robles le replicara “espero que sea implacable, doña Laura, porque el que dijo que es una relación sexual normal es José Miguel Villalobos, el candidato a diputado que usted lleva por Alajuela”.
El derecho a vivir en paz
Luego de que ayer se divulgara las ya citadas declaraciones de Villalobos, en su comunicado de este jueves el IEM-UNA puntualizó que el caso en cuestión se trató de “la defensa legal de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 a 35 años de prisión por tres delitos de abuso sexual, una violación calificada y una tentativa de violación, todos cometidos en perjuicio de una persona menor de edad”.
Para el IEM-UNA, las afirmaciones del abogado “no solo desconocen una sentencia judicial firme, sino que reproducen discursos que legitiman, minimizan y normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad y en particular, en contra de niñas y adolescentes, en abierta contradicción con la normativa nacional e internacional vigente, así como con los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia”.
Así, recordó que la Ley de Relaciones Impropias (N.° 9406) “establece de forma clara” que “toda relación sexual o de convivencia entre una persona adulta y una persona menor de 18 años está marcada por una asimetría de poder, independientemente del consentimiento aparente”. Además esa legislación establece sanciones penales cuando exista una diferencia de edad “significativa”, es decir cinco años o más si la persona menor tiene entre 13 y 15 años de edad, así como siete años o más si tiene entre 15 y 18 años de edad.
También recordó las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica al ser Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará.
Así, el IEM-UNA consideró que el hecho de que una persona aspirante a un cargo de elección popular “cuestione una condena por delitos sexuales contra una menor de edad y relativice su condición de niña” puede tener la consecuencia de que “envía un mensaje peligroso a las víctimas, reforzando el silencio, la culpa y el miedo a denunciar”; además de que “contribuye a la cultura de la impunidad, especialmente en contextos donde la violencia sexual contra personas menores de edad es alarmantemente alta”.
A propósito, se citó datos del Poder Judicial, en el sentido de que el 51% de las sentencias dictadas en 2023 por delitos sexuales correspondieron a casos de abuso sexual contra personas menores de edad, lo cual “revela la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta estatal clara y coherente”.
Además, se consideró que “resulta especialmente grave que estas declaraciones se den en un contexto donde, bajo el actual gobierno, se han eliminado los programas de Afectividad y Sexualidad Integral, debilitando una de las principales herramientas de prevención del abuso sexual, la violencia y el embarazo adolescente”.
El comunicado concluye que “las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El Estado y quienes aspiran a gobernar deben garantizarlo, no ponerlo en duda”.
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