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Daniela Muñoz Solano
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Las denuncias por hostigamiento sexual contra estudiantes en el Ministerio de Educación Pública crecieron un 80% entre el 2024 (cuando se registraron 186) y el 2025 (cuando se denunciaron 326 casos).
Además, este año, a escasas dos semanas de haber dado inicio el curso lectivo ya se han registrado 35 casos de hostigamiento sexual, casi el 10% del total del año pasado.
Así lo reveló un comunicado emitido por la Defensoría de los Habitantes de la República, que lanzó un llamado a priorizar la prevención ante la escalada de distintas violencias que aqueja al país.
Tras un fin de semana marcado por las protestas de miles de mujeres en las calles de San José, Limón y Guanacaste contra la violencia machista, los crímenes sexuales, los femicidios y el acoso sexual, todos flagelos cuya incidencia en el país ha aumentado bajo la actual administración; la Defensoría se pronunció y dijo que el balance de la situación de los derechos de las mujeres en el país es “contradictorio”.
Puntualmente, detalló la defensora Angie Cruickshank, el país cuenta con marco jurídico importante para la defensa de los derechos de las mujeres pero “la realidad demuestra que la garantía efectiva de esos derechos enfrenta serias limitaciones y a pesar de que esa normativa otorga más protección, las mujeres sufren cada vez más vulneraciones, lo que indica que aún falta mucho por hacer”.
Sobre casos de hostigamiento sexual, la institución defensora detalló que en 2023 del total de casos registrados, el 91,84% de las personas denunciantes fueron mujeres y un 57,85% eran menores de edad.
También destacó que en 2024 se habían interpuesto 184 denuncias por hostigamiento sexual contra estudiantes en el Ministerio de Educación Pública pero que esa cifra pasó a 326 para el 2025 y, en lo que llevamos de 2026, se registran ya 35 casos. “Estos datos nos obligan a reconocer que las escuelas y centro educativos no son un espacio seguro ni igualitario, y particularmente nuestras niñas y jóvenes son las principales afectadas”.
La defensoría, además, citó una serie de datos que evidencien la escalada en la violencia contra las mujeres, como por ejemplo, la comparación basada en datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Mientras en el año 2020 se habían registrado 30 femicidios, en el 2025 la cifra se disparó a 36 (y podría crecer aún más pues hay casos de muertes violentas de mujeres que aún están en proceso de investigación).
Mientras tanto, este 2026 la situación no ha mejorado pues habiendo transcurrido menos de tres meses del año ya se han registrado nueve casos de muertes violentas de mujeres, de modo que si se continúa esta tendencia se podría cerrar con cerca de 45 femicidios.
“Adicionalmente, para el 2020 se registraron 114 tentativas de femicidio, las cuales para 2022 aumentaron a 137. Por su parte, entre 2018 y 2023 se solicitaron en promedio 142 medidas de protección por día y a finales de 2025 había más de 42.000 medidas activas”, detalla el ente defensor.
De acuerdo con la institución todos estos números reflejan un sistema sobrecargado con brechas estructurales importantes pero especialmente reflejan que las acciones que ha tomado el Estado para erradicar la violencia contra las mujeres han sido insuficientes.
Por eso, indicó la defensora, Costa Rica debe superar el enfoque reactivo -es decir que la mayor parte de las medidas se toman en respuesta a la violencia que ya sucedió- y más bien debe enfocarse en la prevención por medio de la sensibilización, intervención temprana y articulación interinstitucional.
“La Defensoría ha insistido en que sin institucionalidad sólida no hay garantía de derechos para nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes,”, asevera la entidad y agrega que por eso es necesario garantizar un presupuesto para la implementación de políticas públicas y acciones que puedan ser sostenidas a lo largo del tiempo.
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