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Daniela Muñoz Solano
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Una nueva denuncia penal señala que varias personas que ocupaban cargos en la sociedad Desarrollo ZF Coyol SRL habrían usado el patrimonio de los inversionistas de esa entidad para beneficiar a otras empresas vinculadas al grupo económico Aldesa.
El expediente 26-000002-0283-PE, presentado ante la Fiscalía de Pavas, pide procesar a cuatro directivos de Desarrollo ZF Coyol SRL y a dos personas más vinculadas con la fiduciaria O&R Trust Services (hoy Servicios Fiduciarios del Oeste SFO) por el presunto delito de Administración Fraudulenta.
Según señalan los denunciantes, las seis personas señaladas participaron en un esquema en el cual los recursos que los inversionistas confiaron a la empresa con fines específicos, que a pesar de haberse puesto en custodio del Fideicomiso de Garantía Proyecto MTI zona franca Coyol que administraba O&R Trust Services, terminaron presuntamente siendo desviados para beneficiar a otras empresas o personas.
Las personas denunciadas de Desarrollo ZF Coyol SRL son Lanzo Lusconi, Fernando Rojas y Leslie Saborío, apoderados generalísimos de la sociedad; y Germán Losilla, único cuotista (dueño de las participaciones sociales) de la empresa durante un periodo de tres años, aunque luego se dio esas cuotas al fideicomiso mencionado. También la causa pretende que se acuse a Alberto Raven y Carla Baltodano, ambos vinculados a la fiduciaria O&R Trust Services (luego llamada Servicios Fiduciarios del Oeste SFO) que custodió el fideicomiso.
Según la narración de los hechos que presentan los denunciantes, Desarrollo ZF Coyol SRL captó recursos de múltiples inversionistas con el propósito explícito de que estos fueran invertidos en el proyecto inmobiliario “Terra Industrial”, en El Coyol de Alajuela.
No obstante, según afirma la denuncia, los administradores de la sociedad permitieron que los recursos se usaran para otros fines, por ejemplo: traspaso de recursos a otras empresas sin justificación conocida; pago de obligaciones de sociedades vinculadas con el proyecto Monte del Barco (del Grupo Aldesa); inversiones directas en sociedades del Grupo Aldesa; y, en síntesis, uso de los recursos “como caja chica para sufragar una serie de compromisos y obligaciones ajenos a su cometido”.
Además, la denuncia detalla cómo el patrimonio fideicometido de la empresa, adquirido con recursos de los inversionistas, se habría utilizado para respaldar operaciones crediticias que beneficiaron exclusivamente a otras sociedades a las que los directivos acusados estaban aparentemente vinculados.
Para los denunciantes, todos los hechos antes descritos apuntan a que se cometió el delito de Administración Fraudulenta que el Código Penal sanciona en su Artículo 222, y por eso piden que se acuse tanto a los administradores de la empresa como de la fiduciaria que tenía a cargo el fideicomiso que se constituyó.
Según la denuncia presentada por dos ciudadanos extranjeros y una sociedad anónima que invirtieron una suma conjunta de más de $350.000 en ZF Coyol, a pesar de que los dineros fueron recaudados con fines específicos que constan en el prospecto del Parque Logístico Terra Industrial, los mismos se usaron sin conocimiento de los inversionistas para beneficiar a otras sociedades y personas.
Desde el principio del proyecto, dicen, cuando apenas se estaba adquiriendo el inmueble y, por ende, no se había iniciado obra alguna, los administradores dispusieron el pago de $1,925,000 a Aldesa Corporación de Inversiones S.A. por la “estructuración, diseño, desarrollo y ejecución del proyecto”, lo cual consideran un uso irregular de los recursos.
Además según la denuncia, los administradores usaron dos cédulas hipotecarias —una especie de títulos valores que garantizan una deuda sobre una propiedad, en este caso una propiedad adquirida con recursos de los inversionistas— para presuntamente cancelar un préstamo que tenía otra sociedad anónima, a saber, Infinito Versol.
Los documentos adjuntos de la denuncia demuestran que Desarrollo ZF Coyol SRL adquirió una finca en Alajuela, donde presuntamente se realizaría el desarrollo inmobiliario. Seguidamente, constituyó el Fideicomiso de Garantía Proyecto MTI Zona Franca Coyol, del cual el custodio era la fiduciaria O&R Trust Services.
Sobre la propiedad se realizaron dos emisiones de cédulas hipotecarias para recaudar más inversiones. La primera emisión transcurrió sin mayor novedad, las cédulas se emitieron, se endosaron al fideicomiso, se recaudaron inversiones para el proyecto sobre ellas y luego las cédulas se devolvieron al registro para su incineración.
No obstante, en 2018, se hizo una segunda emisión por 17 cédulas hipotecarias —cada una por un valor de $1.000.000, lo que ya de por sí incrementaba el endeudamiento del proyecto, y por ende atentaba contra los intereses de los inversionistas— y se instruyó endosarlas al fideicomiso. A pesar de esa instrucción, solo 15 cédulas hipotecarias de endosaron al fideicomiso, mientras que la fiduciaria hizo entrega de las dos cédulas restantes a Javier Chaves, presidente de Aldesa y quién había sido nombrado como secretario de Desarrollo ZF Coyol por su único cuotista, Germán Losilla.
Esas dos cédulas fueron entonces endosadas a favor de la Financiera Comeca como garantía para un crédito por $1.250.000, que luego según alegan los denunciantes “fue utilizada de manera fraudulenta para pagar una operación hipotecaria en la que figuraba como deudor la sociedad Infinito Versol S.A.).
De hecho, en los documentos aportados junto a la denuncia están los estados de cuenta de la empresa y en ellos consta que durante 2016, 2017 y 2018, al menos, se hicieron transferencias desde la cuenta de ZF Coyol con motivos como “pago cuota Infinito Versol“, “deposita Versol”, “deposita Aldesa” o “pago cuota Tierra Verbena”, en referencia a un proyecto de Infinito Versol S.A.
Los denunciantes alegan que ZF Coyol no tenía relación legal alguna ni con Aldesa, ni con Infinito Versol o cualquier otro proyecto del grupo que justificara estos movimientos.
Este Semanario contactó a la financiera para conocer su criterio con respecto a los hechos denunciados, las gestiones que se realizaron y los criterios de cumplimiento normativo que se usaron para aceptar los títulos hipotecarios, pertenecientes a un patrimonio fideicometido, como garantía crediticia; pero al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta alguna.
Fiscalía pide desestimación
La denuncia se presentó en diciembre del 2025 y, además del relato de los hechos conforme a la versión de los denunciantes, esta contiene una gran cantidad de documentos a los que UNIVERSIDAD tuvo acceso.
Entre estos, se encuentra la Constitución legal de la sociedad, el nombramiento de los distintos administradores, los prospectos de inversión que detallan los objetivos de la inversión, la constitución del fideicomiso, el nombramiento de la fiduciaria y su posterior cambio de nombre, la primera y segunda emisión de cédulas hipotecarias, documentación correspondiente a la entrega de dos cédulas hipotecarias de la segunda emisión a Javier Chaves, solicitud y finiquito del crédito con Comeca, además de los estados de cuenta donde se evidencian transacciones realizadas de las cuentas bancarias de ZF Coyol aparentemente en beneficio de otras sociedades anónimas con las que no tenía relación formal alguna.
A pesar de esto, en febrero la Fiscalía de Pavas solicitó su desestimación descartando la existencia de un “engaño doloso”, alegando que los inversionistas de un proyecto, de acuerdo con la ley, no tienen “potestades de gobierno ni poder de decisión sobre el rumbo del proyecto” (así sea el caso que este se haya detallado minuciosamente en prospectos) y finalmente argumentando que como la captación de los recursos de los inversionistas y la constitución del fideicomiso datan de entre el 2014 y el 2015, cualquier posible acción penal ya estaría prescrita, pues el margen de acción son diez años.
Uno de los denunciantes entonces presentó una solicitud de enmienda jerárquica a la fiscalía (es decir, pidió que el superior jerárquico de la fiscal firmante de la solicitud de desestimación revisara el caso).
Olger Calvo, abogado de los denunciantes, dijo a UNIVERSIDAD que sus representados cuestionan que la decisión se haya adoptado para que se realizaran diligencias básicas de investigación, tales como entrevistas a las víctimas, análisis financiero especializado o verificación del destino de los recursos administrados.
“La denuncia expone una serie de actuaciones relacionadas con la modificación de garantías, utilización de recursos para fines distintos a los informados a los inversionistas y operaciones patrimoniales que, a criterio de los denunciantes, ameritan una investigación exhaustiva por parte de las autoridades”, indicó y aclaró que los afectados “no pretenden anticipar responsabilidades ni sustituir la labor de los tribunales, sino garantizar que los hechos denunciados sean debidamente investigados”.
“Las víctimas, utilizando los mecanismos legales, insistirán para que se rechace la solicitud de desestimación por parte del Juzgado Penal y se ordene la continuación de la investigación, en resguardo del derecho de acceso a la justicia, la transparencia y la protección de los inversionistas”, concluyó el abogado.
A finales de mayo, la fiscalía insistió en que no se podían comprobar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, y agregó que al ser la vía penal la última opción dentro del ordenamiento jurídico el caso debe analizarse primero ante la jurisdicción civil, por lo que debía desestimarse la causa.
No obstante, el viernes 5 de junio una jueza penal devolvió al Ministerio Público todo lo anterior alegando que la fiscal no puso en conocimiento su resolución con respecto a la enmienda jerárquica y no resolvió sobre la evidencia.
El abogado de varias de las personas denunciadas, Erick Ramos, del Bufete Zurcher Odio & Raven dijo al Semanario que “en este caso estamos ante un Fideicomiso de Custodia, por lo cual no había absolutamente ninguna labor de administración por parte de mis patrocinados” y que en todo caso, “se cumplió de forma estricta el objeto de dicho fideicomiso”.
“El tema de la naturaleza de la garantía es ajeno al Fiduciario, quien solo custodia lo que se entrega”, indicó y agregó que los hechos denunciados son “un refrito” de una querella previa sobre la cual ya se había solicitado un sobreseimiento en 2023.
Consultada por Universidad, la Fiscalía de Pavas indicó que “los hechos denunciados no configuran en delito, sino en un conflicto derivado de una inversión privada para un proyecto inmobiliario”.
“La prueba analizada por el despacho determinó que los inversionistas aceptaron expresamente los riesgos financieros y la posibilidad de pérdidas, por lo que se concluyó que no hubo engaño doloso, abuso fraudulento ni apropiación indebida de fondos”, afirmaron y agregaron que además los hechos ocurrieron hace más de diez años “por lo que habrían prescrito”.
La entrada Denuncian a directivos de ZF Coyol por presunto uso de patrimonio de inversionistas para beneficiar a empresas vinculadas a Caso Aldesa aparece primero en Semanario Universidad.
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